El Gobierno tramitará el plan anticrisis como proyecto de ley como pide el PP

Negociación a la desesperada. El Gobierno se ha comprometido a tramitar como proyecto de ley en el Congreso el real decreto ley del plan anticrisis, tal y como exigía el PP para votar a favor, para abordar en una negociación las propuestas del PP, sin embargo no garantiza por escrito aún los otros cuatro requisitos marcados por los ‘populares’ (bajar impuestos, reducir el IVA de luz y gas, recortar el gasto burocrático y acelerar los fondos europeos), por lo que el PP sigue estudiando su voto en torno a la abstención.

Así lo confirman fuentes gubernamentales a Economía Digital y se lo ha trasladado en una carta ha trasladado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en respuesta a su misiva previa en la que a menos de un día de la votación del plan anticrisis en el Congreso le solicitaba la tramitación del plan como proyecto de ley y le fijaba cuatro requisitos para garantizar el apoyo del PP al decreto.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Economía Digital, Montero le confirma a Bravo que el real decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania se tramitará como proyecto de ley en el Congreso para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios, si bien no se incluye el compromiso que demandaba el PP de garantizar por escrito los cuatro compromisos, más allá de acometer un análisis «profundo» del plan económico de Feijóo.

En cualquier caso, muy previsiblemente la decisión de Moncloa facilitará que el decreto consiga los apoyos necesarios para la convalidación del decreto, ya que también era una exigencia de sus socios, como ERC, Bildu o PDeCAT, con los que actualmente mantiene una crisis abierta por el caso de espionaje ‘Pegasus’, que ha llevado a los republicanos catalanes a amenazar con tumbar el decreto.

Así las cosas, Montero subraya que «es necesario estudiar, entre otras cuestiones, el impacto económico y presupuestario, aspecto fundamental que cualquier gobierno responsable debe tener en cuenta, y que no viene reflejado en el mismo».

Confía la ministra en que «esto no afectará a la intención honesta que nos manifestamos ayer» para llegar a acuerdos porque, en su caso, ha «mantenido la prudencia y discreción acordadas, necesarias en cualquier negociación, sobre la conversación que mantuvimos y su contenido». «En cualquier caso, entenderás que tras la presión mediática que habéis generado, dé a conocer el contenido de esta respuesta», traslada Montero a Bravo.

La ministra de Hacienda reitera en la carta que el Gobierno mantiene desde el inicio de la legislatura la mano tendida al PP para alcanzar acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía y se ha mostrado dispuesta a abordar en una negociación las propuestas del PP y también los 11 puntos sobre grandes acuerdos de Estado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregó al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su reunión del pasado 7 de julio y que abarcaban temas relevantes.

Entre otros temas, abarcaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJC) y del Tribunal Constitucional, la reforma del artículo 49 de la Constitución, la eliminación del voto rogado, el regreso del Partido Popular al Pacto Antitransfuguismo, un Acuerdo para garantizar unos precios de la energía asequibles y estables en el contexto de la guerra, el blindaje del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cuestiones de Política exterior y Seguridad Nacional.

El PP exige que se garantice por escrito la rebaja de impuestos y la reducción del gasto

Fuentes del PP subrayan a este medio que se había pedido una serie de compromisos que «siguen sin estar garantizados, así que no hay novedades» por lo que no aseguran su voto a favor y siguen barajando la abstención, sin descartar aún del todo el voto en contra. Y es que Juan Bravo había exigido en su carta a Montero que el Gobierno garantizara por escrito cuatro aspectos básicos para solucionar el problema económico que afronta el país.

Estos pasan por una rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas, una bajada en el IVA para la electricidad de acuerdo con las normas comunitarias, una gestión eficiente de los fondos europeos y una reducción en el gasto burocrático y político del actual Gobierno.

Los ‘populares’ pedían en su carta abrir una «negociación completa y detallada» de cada uno de los puntos para alcanzar una «propuesta compartida que responda a los intereses generales». La carta fue a modo de respuesta a la llamada de Montero a Bravo el martes por la noche solicitando el apoyo del PP, tras cinco días de «desprecio», a ojos de Bravo, al plan alternativo remitido por los ‘populares’ a Moncloa el pasado viernes.

Pide el apoyo a Ciudadanos ante las reticencias de sus socios

En Moncloa temen que el decreto corra peligro y por ello están mirando en las últimas horas a los partidos de derechas (PP y Cs) con el fin de asegurarse la convalidación del decreto. De hecho, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha contactado con el portavoz de CS en el Congreso, Edmundo Bal.

Sine embargo, fuentes de Cs critican que la aprobación del real decreto peligra porque el Gobierno de Sánchez «solo busca adhesiones incondicionales o satisfacer los chantajes del separatismo», ante las amenazas de los socios nacionalistas por el caso ‘Pegasus’.

Bal dejó en una rueda de prensa muy claras las condiciones de Ciudadanos para votar a favor del decreto, que pasan por abortar el intento de que Bildu y ERC entren a la comisión de secretos oficiales; reconsiderar la energía nuclear y ampliar la vida de las centrales españolas y adaptar el IRPF a la inflación, en línea este último punto con el plan de Feijóo (PP):

Entre medias de la negociación ‘in extremis’ con el PP, el Gobierno trata de reconducir la situacion con sus socios parlamentarios nacionalistas ante la ofensiva lanzada incluso por el socio de coalición, Unidas Podemos, junto a ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País, BNG y Compromís tras el caso ‘Pegasus’. ERC, CUP y BNG han llegado incluso a exigir la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Fuentes de ERC confirmaban a Economía Digital a última hora de este miércoles que el pàrtido aún no había decidido el sentido de su voto ya que «básicamente depende del PSOE» que «tiene que asumir responsabilidades y dar explicaciones». «Consideramos que es un tema muy grave como para que quieran pasar página sin aclarar nada», advertían, aunque sí barajan la abstención.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto una reforma del reglamento que permitiría acceder a la comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales del Congreso a los grupos independentistas, si bien Feijóo se ha opuesto ya a ello.

Entre tanto, el Gobierno catalán prevé impulsar «las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar» este caso de espionaje tecnológico masivo», según explicó la portavoz de la Generalitat, Patricia Platja.