Las dudas del Gobierno sobre el tope del gas frenan la firma de contratos energéticos a largo plazo
Muchas empresas tendrán dudas sobre lo que hacer los próximos meses, precisamente por esos mensajes contradictorios en cuanto a la duración de las medidas
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. EFE/Javier Lizón
La actual crisis energética que vive Europa, y que está azotando a España con bastante virulencia, ha puesto de manifiesto la dificultad para regular un mercado muy complejo con una deriva muy peligrosa: la incertidumbre que generan a medio plazo las decisiones políticas. Una de las que tendrá mayor impacto para ciudadanos y empresas, el tope del gas, al no tener una fecha fija -en principio- provoca que la firma de contratos a largo plazo sea un puzle difícil de cuadrar.
Es decir, aproximación de fecha fija sí existe. Cuando la Comisión Europea decidió validar la ‘excepción Ibérica’ que presentaron España y Portugal, advirtió de que se trataría de algo concreto y temporal. Y ese espacio temporal, como otras medidas relacionadas con la guerra, tiene como tope el 30 de junio.
El problema es que el Gobierno ya ha expuesto de forma pública que pretenden llevar ese tope del gas más allá del verano. Aunque tampoco precisan hasta cuándo -ni si Europa permitirá eso-. Esta situación, que lógicamente beneficia a consumidores domésticos y empresas, genera un problema paralelo: supone una distorsión en la firma de contratos a largo plazo sin saber cuáles serán las reglas del juego dentro de 3 o 6 meses.
La situación en estos momentos es que España y Portugal ya han entregado su propuesta a Bruselas para reducir el precio de la electricidad. En concreto, plantean topar el precio del gas en 30 €/MWh. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo ha confirmado dejando claro que es una propuesta conjunta de los dos gobiernos y que ahora le falta la aprobación de la Comisión Europea.
También ha manifestado Ribera que «es un documento previo que responde a las líneas maestras que habíamos trabajado con antelación, como introducir un sistema de doble casación, una en frontera para que las exportaciones de electricidad sean retribuidas al precio que correspondería en ausencia de un mecanismo de ajuste, y una segunda casación, donde se introduce el ajuste y el pago por encima del coste del gas es asignado automáticamente en ese margen que queda de tecnologías mucho más baratas hasta el precio que ha sido retribuido el gas a primera instancia».
La dificultad del negocio a largo plazo
Bajo estas circunstancias, a falta de aprobación por la Comisión Europea, probablemente estas medidas entren en mayo (el mercado ya parece descontarlo) y su duración debería ser limitada, según explican a ECONOMÍA DIGITAL expertos del sector.
Asimismo, analistas del mercado señalan a este medio que muchas empresas tendrán dudas sobre lo que hacer los próximos meses, precisamente por esos mensajes contradictorios en cuanto a la duración de las medidas. Bruselas ha puesto un mandado, pero el Gobierno quiero estirar esa opción. Eso provoca, explican, que las empresas no sepan muy bien qué decisión tomar. Y la peor de todas es que muchas compañías que tenían previsión de firmar contratos a largo plazo por el momento no lo harán.
Y aquí la clave es: ¿se inicia una negociación a largo plazo con inicio en 2022 o es mejor esperar? Para el el socio director de Advanced Energy Consulting, Jordi Martínez, su recomendación es centrarse en 2023, donde probablemente no haya cambios regulatorios y el escenario de precios debería ir por fundamentales. Y sobre todo, añade, habría que centrarse en definir un objetivo de precios y un matriz de decisión que se acomode con las necesidades del negocio que se gestiona; por lo tanto, meter en los presupuestos y escandallo de costes los precios que se pueden tener a día de hoy con un PPA e intentar ver si tienen sentido para la compañía.
De igual manera, argumenta que en estos momentos habría que guiarse por el principio de la diversificación. Una buena estrategia podría ser, un volumen abierto a mercado con capacidad de gestión por coberturas (permitiría capturar bajadas), un volumen cerrado a 5 años para laminar el impacto a corto y un PPA a 10 años para poder dar estabilidad y visibilidad al presupuesto.
