El Gobierno teme quedarse sin margen fiscal si las medidas hasta junio no son suficientes

El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con margen presupuestario suficiente para hacer frente al coste del Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania por 6.000 millones en rebajas impositivas y ayudas fiscales y otros 10.000 millones en avales públicos, si bien teme quedarse sin munición fiscal en caso de que la situación se agrave y se tengan que prorrogar buena parte de las medidas.

Así lo admiten a Economía Digital en fuentes gubernamentales, que apuntan que hay un «colchón» presupuestario más que suficiente para hacer frente al coste que supondrá en mayores gastos y menores ingresos el Plan de choque, pero admiten que ese margen será «menor» en el verano y «en algún momento podría terminarse».

Aunque en el Gobierno confían en que el impacto del plan de choque no sea «excesivo» y siga habiendo cierto margen presupuestario, en paralelo a una reducción del déficit y la deuda, con mayores ingresos públicos, en el supuesto de que se agotase el margen presupuestario, añaden las mismas fuentes, estaría garantizada la cobertura de la eventual prolongación de medidas vía Presupuestos (es decir, con mayor déficit y endeudamiento) y con otros recursos comunitarios.

Fuentes del Ministerio de Hacienda insisten en que, tal y como ya indicó la ministra María Jesús Montero, la mayor reducción del déficit el año pasado da margen para abordar estas necesidades, de forma que ese menor déficit de 2021 permite un «mejor punto de partida» para tener capacidad de actuación fiscal «contundente» como la precisada en este momento, aunque en el departamento apuntan que los datos concretos se irán abordando conforme la situación ante una guerra de duración desconocida.

Los 6.000 millones en ayudas directas y rebaja de impuestos tendrán reflejo a modo de mayor gasto o menores ingresos en los Presupuestos Generales, mientras que sobre la incidencia de los 10.000 millones de créditos avalados por el ICO, Calviño admitió que tendrán «reflejo presupuestario que se corresponda en los próximos años», pero matizó que los créditos dudosos, impagos o deterioro de créditos correspondiente a los avales concedidos por la respuesta a la Covid han sido «muy limitado».

Entre las medidas más destacada del plan de choque figuran una bonificación de 20 céntimos por litro al combustible a todos los usuarios, la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC en el caso de grandes tenedores o ante la falta de acuerdo entre propietarios particulares e inquilinos, un alza del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria electrointensiva y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.

Colchón por el menor déficit en 2021

Algunas de las grandes partidas son las referidas a la bonificación del combustible, con un impacto presupuestario de 1.423 millones, o el acuerdo de ayudas para los transportistas por 1.000 millones, o las ayudas de 362 millones a agricultura y ganadería y 68 millones a la pesca.

A ello se suma el impacto presupuestario de entre 10.000 y 12.000 millones este año de la extensión de la rebaja de impuestos de la luz incluida también en el plan. Se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras. 

Es decir, a los 16.000 millones de euros se podrían añadir hasta otros 12.000 millones, y un porcentaje mayor con el paquete de medidas energéticas pendiente de adopción a la espera de las decisiones de Bruselas, lo que podría suponer un impacto presupuestario de cerca de 30.000 millones de euros, unos tres puntos de PIB.

Además, el alto IPC disparará la partida de las pensiones en unos 10.000 millones de euros en 2023 al revalorizarse con arreglo a la inflación. Sin embargo desde el Gobierno insisten en que las pensiones seguirán indexadas al IPC y que este gasto extra por el plan de choque no precisará de recortes ni a priori cambios en las previsiones económicas.

En cuanto al aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social recogido en el plan de choque para algunos sectores para un periodo de tres meses, desde el Gobierno sostienen que su efecto sobre las finanzas públicas es «moderado» porque se redistribuyen los ingresos al o largo del mismo periodo de ejercicio presupuestario.

Tanto la vicepresidenta Nadia Calviño como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se afanan por insistir en que se disponer de margen para gastar algo más a pesar del impacto de los 6.000 millones en ayudas y rebaja de impuestos y los 10.000 millones de créditos avalados, gracias a que el año 2021 cerró con unas menores ratios de déficit y deuda pública de lo previsto.

En concreto, el déficit público que calculaba el Ejecutivo era de un 8,4% del PIB, frente al 10,8% de 2020, sin embargo, a falta de que Montero dé a conocer el dato definitivo este jueves, fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que el déficit público cerró 2021 en torno a un punto por debajo, al tiempo que la deuda pública concluyó el ejercicio pasado en el 118,7% del PIB, por debajo del 119,5% esperado.

La mejora del déficit público en 2021 se debe al récord en ingresos tributarios, ya que España registró una recaudación tributaria de 223.382 millones de euros, un 15% más y la mayor cifra desde que se comenzó a computar en 1995. 

Posible ampliación de medidas: tope a revalorización de alquileres y ayudas a sectores

El Gobierno sostiene que cuando llegue el 30 de junio, fecha en la que vencerá la mayor parte de las medidas del Plan de choque, se analizará la situación, los efectos de las iniciativas ya adoptadas y «si fuera necesario se mantendrían las medidas oportunas».

De hecho, fuentes de Moncloa confirman a Economía Digital que se contempla ya extender más allá del 30 de junio medidas del plan de choque como el tope en las actualizaciones de los alquileres o algunas ayudas directas a sectores afectados a pesar de ver «poco margen» presupuestario para la segunda mitad de año

El plan de choque articulado por el Gobierno busca que la inflación. toque techo cuanto antes y comience a bajar progresivamente, toda vez que la crisis energética ha elevado el IPC de marzo al 9,8%, su mayor nivel desde 1985, con un aumento de precios en todos los componentes, sobre todo energía, carburantes y alimentación, en medio de dificultades de abastecimiento por las disrupciones en las cadenas de suministro y la falta de materias primas.

No obstante, el plan de choque  reducirá apenas un punto porcentual la alta inflación, que en marzo escaló al 9,8% y Funcas prevé que registre una media del 6,8% este año, tras haber reducido ya en 16.700 millones de euros la renta de los hogares españoles.

Banco de España y AIReF exigen diseñar el plan de ajuste

Lo cierto es que prácticamente desde el inicio de la pandemia tanto el Banco de España, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y multitud de organismos y entidades económicas como Funcas han venido reclamando al Gobierno el diseño de un plan de reequilibrio presupuestario para recoger una previsión a medio plazo de sanea miento de las cuentas públicas tras el impacto de la pandemia.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha vuelto a pedir en estos días el diseño temprano y la implementación, cuando haya recuperación plena, de un programa de consolidación a medio plazo para su implementación cuando se logre la recuperación, así como un «exhaustivo y ambicioso» plan de reformas y la aceleración de los proyectos y reformas de los fondos europeos Next Generation UE.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, también ha urgido, y volverá a hacerlo en un acto este jueves del Consejo General de Economistas, al diseño del plan de ajuste en España de forma crítica ante la postergación del mismo por parte del Gobierno: «Fiarlo todo a lo que vaya a hacer Europa y si vamos a volver a un marco de reglas fiscales es un ejercicio simplista. Deberíamos tener claros nuestros objetivos a medio plazo«, sostuvo recientemente.