El Gobierno impulsa una nueva tasa ‘anticoches’ en las ciudades

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado este martes el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible al Consejo de Ministros para su toma en consideración en primera lectura, por la que abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones, es decir, establecer el cobro de peajes por entrar al centro de las urbes. Además, se introduce la obligación de que las empresas de más de 500 trabajadores dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo que faciliten el uso del transporte público o compartido, los vehículos eléctricos o la bici en el transporte diario.

Así se recoge en el anteproyecto de ley, que tras este primer visto bueno después de seis meses de retraso y haber recibido 647 propuestas, el Ministerio iniciará la tramitación del texto articulado con la apertura, en las próximas semanas, del trámite de audiencia e información pública para que los ciudadanos y agentes interesados puedan consultarla y, en su caso, realizar aportaciones, así como los demás procedimientos para la elaboración del texto final, que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión a las Cortes como proyecto de ley.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha destacado que se trata de «ambicioso» marco normativo supone un «cambio radical» en las políticas de transporte al garantizar el transporte como un derecho y ha subrayado que se llevará a cabo una «planificación rigurosa de las inversiones para conseguir un mayor retorno social de las inversiones en infraestructuras», si bien el anteproyecto «no define ningún modelo de pago por uso de las carreteras que será fruto del consenso entre los agentes implicados».

Así las cosas, finalmente la configuración de los peajes en las autovías que el Gobierno planea establecer a partir de 2024 se ha quedado fuera de la ley, aunque faculta al Gobierno a realizar un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación para la Red de Carreteras del Estado. También abre la puerta para que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, por lo que el Ministerio destaca que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.

Por su parte, el objetivo de los planes de movilidad sostenible en las compañías de al menos medio millar de trabajadores es impulsar la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo, de forma que las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo. 

La futura Ley de Movilidad Sostenible forma parte de las reformas e hitos que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los hitos establecidos prevén su aprobación y entrada en vigor en el último trimestre de 2023. Los mayores controles sobre las planificaciones permitirán reducir las ineficiencias en el gasto en inversiones públicas en 8.000 millones en diez años, con un impacto de 180.000 nuevos empleos y una aportación al PIB de 20.000 millones.

Alternativas al vehículo privado, ‘sandbox’ de movilidad y nueva tasa

El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad se basa en cuatro pilares, configurándose como un derecho social al reconocerse por primera vez la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía, de forma que todas las administraciones deberán trabajar de forma coordinada para «garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana de toda la ciudadanía, vivan donde vivan, incluyendo el ámbito rural».

También busca avanzar hacia un transporte limpio y saludable, ya que es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero y las carreteras el 95%, según ha apuntado Sánchez. Con la ley se busca dar una nueva visión a las ciudades que priorice la movilidad activa (caminar, ir en bici) por ser la opción más saludable y exenta de emisiones, y al transporte público colectivo de manera que sea una solución accesible y asequible para toda la ciudadanía.

De esta forma, la ley trata de dar alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio, y facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles, que podrán consistir tanto en los servicios de transporte tradicionales como en nuevos servicios de movilidad, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.

También se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como áreas “libre de humos y congestión”, permitiendo crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor, abriendo la puerta a esa tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. En lo referido al sistema digital e innovador, la Ley también incluirá herramientas para facilitar la innovación en los medios de transporte y la movilidad, destacando la creación de un ‘sandbox’ de movilidad, es decir, un espacio de pruebas en el que la autoridad supervisora permitirá probar proyectos innovadores de manera controlada.

Régimen de libre concurrencia en líneas interurbanas de autobús

La futura Ley introduce los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción progresiva de los vehículos automatizados o sin conductor en el sistema de transporte, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar la realización de pruebas en vías públicas, lo que pretende atraer a España la innovación en este ámbito, y se abre la puerta a que se desarrolle una regulación más detallada.

El Gobierno contempla por primera vez establecer un régimen de libre concurrencia en las líneas interurbanas de autobús, lo que en la práctica permitirá la explotación de varios trayectos por nuevas compañías, tal y como venían reclamando desde el sector.

La ministra ha anunciado que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley y aprovechando la capacidad de licitar en el mercado un gran número de concesiones se va a reordenar el transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal con un nuevo mapa concesional para prestar un mejor servicio previendo determinados tráficos la cofinanciación de las CCAA u otras entidades. Las concesiones se someterán a revisión cada cinco años con la correspondiente rendición de cuentas y se contemplará la posibilidad de que una parte de estos servicios puedan prestarse en régimen de libre concurrencia.

Revisión y planificación: reducir ineficiencias en 8.000 millones en una década

El último pilar, sobre invertir mejor al servicio de la ciudadanía, apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública y transparencia en el proceso. Así, la ley recoge gran parte de las recomendaciones de la AIReF y otros organismos, estableciendo análisis ex ante y ex post que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre las decisiones adoptadas. 

Será obligatoria una evaluación multimodal antes de construir una nueva infraestructura que deberá ser sometida al consejo asesor, y después un estudio de la rentabilidad socioeconómica y a los cinco años otra evaluación pública objeto de informe por parte de la AIReF. La norma regula también la contribución del Estado al a financiación del sistema de transporte público urbano en condiciones homogéneas, crea foro estatal para sostenimiento de movilidad urbana (Fesmu) a aplicar desde 2023.

La ministra ha remarcado que con la ley se conseguirá reducir ineficiencias en el gasto en inversiones públicas en torno 8.000 millones en una década, así como incrementar la productividad de la empresa en un 3,3% en 10 años y efectos muy positivos por unida de mercado, competitividad y competencia. El impacto económico será de 180.000 empleos y una aportación al PIB de 20.000 millones, y en el trámite parlamentario se buscarán los «máximos consensos2.

El anteproyecto, asimismo, faculta al Gobierno a realizar un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar los fondos necesarios para el correcto mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. El texto no define ni concreta ningún modelo, y además establece que el mecanismo que se plantee deberá tener en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental; buscará un amplio consenso social y político y se ajustará a las circunstancias económicas concurrentes.

Sistema Nacional de Movilidad Sostenible: planificación estratégica a 10 años

Para lograr estos objetivos, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación a través de distintos instrumentos, como un foro de cooperación entre todas las administraciones, la Conferencia Territorial de Movilidad y Transporte; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de estas con el sector y los usuarios; un instrumento digital para garantizar la disponibilidad de datos relativos a la movilidad (EDIM); y un documento a modo de marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible que se coordinará con todas las administraciones (DOMOS). 

El instrumento digital, bautizado como Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), aglutinará información actualizada sobre movilidad, como la oferta y demanda de los distintos modos de transporte, con el fin de mejorar la toma de decisiones y contribuir a la creación de soluciones de movilidad adaptadas a la demanda.

Además de la obligación de que las empresas de más de 500 trabajadores dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo, también se establecen mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad. A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), como marco de referencia a 10 años en la orientación de planificaciones, y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados. También se establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos, medida demandada por el sector para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos colindantes.

La contribución a la mejora medioambiental se completa con mayores exigencias de cálculo de la huella de carbono y puesta a disposición de la información sobre emisiones, así como con el impulso de sistemas de gestión ambiental y de la energía. También se apuesta por la gestión eficiente en las terminales de transporte, la implementación de carriles reservados a transporte colectivo o vehículos de alta ocupación o el establecimiento de puntos de energías limpias en puertos y aeropuertos.

Igualmente, la ley fomenta la realización de campañas de concienciación y sensibilización en materia de movilidad sostenible y segura, la introducción de formación en el ámbito y en materia de digitalización profundiza en las obligaciones ya existentes en la normativa europea de que los proveedores de servicios de transporte de viajeros, así como los gestores de infraestructuras, faciliten la información de los servicios al punto de acceso nacional.