El Gobierno propone a los funcionarios subir un 2% sus sueldos

El Gobierno ultima la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y por eso ha citado finalmente a los sindicatos de Función Pública (CSIF, CCOO y UGT) para comunicarles un alza salarial de los funcionarios el próximo año del 2%, el doble que la subida del 0,9% de este año.

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, preside este martes la Mesa General de Negociación de
las Administraciones Públicas en la que informará del alza salarial que se ha terminado de concretar prácticamente a última hora ante la evolución de la inflación, según han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

Aunque desde el Ministerio de Hacienda sostienen que no se puede extrapolar que la provisión del 2% barajada en un principio por la Mesa del Congreso (y finalmente rechazada) para el sueldo de los diputados , si bien fuentes gubernamentales apuntan que girará en torno a esa cifra e incluso podría superar ese umbral ante la evolución de los últimos meses de la inflación.

A la reunión asistirán los directores generales de Función Pública de las comunidades autónomas y representantes de
Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Revalorización que cubra al menos el IPC

Todos los años, y especialmente este, uno de los principales asuntos a negociar y acordar entre el Gobierno y los sindicatos de cara a los Presupuestos es la nueva subida salarial de los alrededor de 2,6 millones de empleados públicos que hay actualmente en España de cara al ejercicio 2022, tras el alza del 0,9% aprobado para este año en el marco de los Presupuestos.

El Gobierno fijó en su último Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado 30 de abril un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de los precios a partir de 2022 y al menos en los dos ejercicios siguientes, 2023 y 2024.

Fuentes gubernamentales dan por seguro que el alza será de más de un 2%, ya que la previsión de inflación del cuadro macroeconómico del Gobierno, actualizado recientemente, contempla una inflación del 1,9%, si bien el impacto de la subida de los precios de la luz y otras materias están elevando la inflación más allá de las previsiones iniciales.

Por ello, desde Moncloa aseguran que se garantizará que no haya pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios. La inflación alcanzó en septiembre el 4%, si bien la media anual ronda el 2,2% y las estimaciones de Funcas apuntan a que podría concluir el año en un promedio del 2,8%.

Desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que los empleados públicos han ganado poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, tras las subidas aprobadas del 2,25% en 2019, el 2% en 2020 y del 0,9% en 2021.

El Gobierno incluyó en los Presupuestos de 2021 una subida del sueldo de los funcionarios del 0,9%, en línea con la aprobada para los pensionistas conforme a la previsión de IPC. El aumento del salario de los empleados públicos ha sido, no obstante, inferior a la del 2% de 2020 que en algunos casos alcanzó hasta un 2,3% si se sumaban fondos adicionales y se habría quedado corta respecto a la evolución del IPC.

Los sindicatos reclaman recuperación gradual de lo perdido

Sin embargo, los sindicatos no se conforman con ese aumento, que podría rondar incluso entre el 2,1% y el 2,5%, al denunciar que no se ha logrado recuperar toda la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años tras la congelación y las subidas escasas del salario.

Función Pública ha mantenido reuniones individuales con las centrales sindicales, que ya le han trasladado su reivindicación de una subida superior al porcentaje que determine la inflación para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, según han confirmado a Economía Digital en fuentes de las distintas centrales sindicales.

CSIF acudirá con una propuesta concreta, un alza del 3,6%, al sumar al 2,1% que prevé más o menos el Gobierno de inflación un punto y medio adiciona para avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos ejercicios. Según CSIF, los funcionarios arrastraban hasta el año pasado una pérdida de la capacidad de compra de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010, lo que suponía una pérdida de entre 24.500 y 53.300 euros.

Conseguido el objetivo de retomar la vinculación al IPC, al haber quedado así fijado por el Gobierno de Pedro Sánchez, frente a la anterior etapa del Ejecutivo del PP en la que se ligó al PIB, CCOO ha propuesto un nuevo acuerdo para tres años, que permita recuperar el total perdido desde 2012. El sindicato cifraba en algo más del 14% la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, de los que se ha recuperado alrededor del 6% en el período 2018-2020, por lo que quedaría por recuperarse todavía un 8% en los próximos años.

A su vez, UGT Servicios Públicos pide el inicio de una negociación para un nuevo acuerdo de legislatura con salarios, empleo y derechos. En materia salarial plantean un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos, mediante una fórmula como en el anterior acuerdo con distintas variables, como podrían ser el PIB o la evolución del empleo.

CCOO se desmarca de la «farsa» y el «desprecio» del Gobierno

Aunque CCOO ha mantenido algún encuentro con Función Pública, el Área Pública del sindicato a comunicado a la Secretaría de Estado de Función Pública su negativa a participar en la Mesa General de Negociación ante el «desprecio» y la «farsa De negociación del Ejecutivo.

El sindicato ha criticado la convocatoria de urgencia «sin ningún tipo de documentación» y rechaza asistir ante el riesgo de que la reunión sea una «mera sesión en la que el Ejecutivo transmita una decisión inamovible a la legítima representación de los trabajadores». «El personal público no merece este desprecio a la negociación colectiva, la negativa a negociar la recuperación salarial y la eliminación de la tasa de reposición que permita recuperar el empleo público», denunció.

La organización ha reclamado al Gobierno modificar inmediatamente su actitud, enviando un calendario de negociación antes de llevar al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de PGE o de lo contrario tomará las «decisiones oportunas» en la mejora de los derechos laborales y la negociación colectiva en las administraciones.

Tercer acuerdo de mejora del empleo

En lo que respecta al empleo, fuentes gubernamentales confirman que la intención es avanzar en la negociación de un tercer acuerdo de mejora de empleo público para el periodo 2022-2023, tras los alcanzados con el PP para el periodo 2018-2021.

CSIF velará por la seguridad jurídica del proyecto de Ley para reducir la temporalidad en el empleo público, exige que se elimine la tasa de reposición de las ofertas de empleo público para que las administraciones públicas puedan reforzar sus plantillas más allá de las jubilaciones, tras la última oferta de empleo público aprobada con 30.445 plazas, ante el problema del envejecimiento de plantillas y la precariedad.

Igualmente, exigirá el mantenimiento de las clases pasivas, incluido por el Gobierno en la primera parte de la reforma de las pensiones, y propondrá recuperar la jubilación voluntaria y la jubilación parcial de determinados colectivos, así como la mejora de las condiciones laborales en cuestiones como la promoción interna, impulsar la movilidad voluntaria o la regulación de la carrera profesional y el impulso definitivo de la Ley de Cuerpos en el ámbito penitenciario.

Estabilización de 300.000 interinos antes de 2025

El Gobierno cerró a primeros de julio con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT un acuerdo para la reforma de la temporalidad en las administraciones con el fin de estabilizar el empleo en las administraciones públicas, por el que se harán fijas las plazas de más de 300.000 interinos antes de que acabe el ejercicio 2024.

Otras medidas contemplan que se limitarán los contratos temporales a tres años y se indemnizará con 20 días por año trabajado si se supera ese límite. Una vez que finalice la relación de servicios del personal interino por el cumplimiento del término máximo de tres años para permanecer como tal, esa plaza solo podrá cubrirse por personal funcionario de carrera, salvo en el caso de que el correspondiente proceso selectivo hubiera quedado desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento por interinidad.

También se contempla una indemnización de 20 días por año trabajado si no se superan los procesos selectivos, y estos procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso de un 40%, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate en el marco de la negociación colectiva.