El Gobierno retrasa la entrada de renovables en el sistema pese a su defensa de la energía verde

La invasión de Ucrania por parte del ejército ruso ha puesto de manifiesto los problemas energéticos que tenía Europa, sobre todo por la dependencia del gas natural para la configuración del mix energético. Una situación que vive España en primera persona, pese a ser uno de los países de la unión con mayor penetración de renovables; algo que reconocía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado fin de semana. El problema es que gran parte de ese potencial ‘verde’ está parado en los despachos, algo que afecta a los consumidores y a las propias empresas del sector, y que se ha puesto de manifiesto tras el paquete de medidas que ha propuesto Bruselas para paliar la actual crisis de precios.

A principios de esta semana se advertía, entre otras medidas, de que los países debían acelerar en materia renovable para perder dependencia del gas. Del ruso sobre todo, pero en general como tecnología ligada al ‘pool’. Todos los países, sin excepción, han cogido el guante. En el caso español, la ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa la ambiciosa apuesta del Ejecutivo socialista en esta materia. El objetivo es alcanzar los 50 GW de capacidad eólica en 2030, según marca el Pniec; y 37 GW de fotovoltaica.

Se trata de crecer en 44 GW con respecto a la situación actual. Una media de unos 5 GW por año, cuando actualmente se está enganchando al sistema unos 3 GW de media. ¿Y por qué sucede esto? Fuentes del sector explican a ECONOMÍA DIGITAL que el principal culpable es la burocracia. Un sutil eufemismo para no señalar al Gobierno sobre los procesos administrativos complejos que requiere la conexión de los proyectos renovables que deberían estar ya en el sistema eléctrico, y que todavía no están.

Las principales empresas del sector, y sobre todo las que han alcanzado relevancia en el ámbito renovable, sufren en primera persona situación. El último en pronunciarse ha sido el director general de Forestalia, Carlos Reyero, que ha asegurado en la ‘Jornada Eólica y Mercado 2022’ que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector tiene que ver con la tramitación de proyectos. Y lo dicen con conocimiento de causa, puesto que su empresa ha sido uno de los grandes adjudicatarios de las últimas subastas de capacidad renovable que ha llevado a cabo el Gobierno.

En esta misma línea se sitúa Solaria. La compañía que cotiza en el Ibex 35 ha empezado a sembrar ciertas dudas en el mercado sobre la velocidad para instalar su capacidad renovable en el plan estratégico que tiene abierto a 2025. Desde la compañía explican de manera oficial a ECONOMÍA DIGITAL que sí cumplirán con los objetivos, pero también advierten de que los procesos administrativos son muy complejos, sobre todo porque se realizan tanto a nivel regional como nacional. Una situación, aseguran, que en alguna ocasión genera retrasos en los proyectos.

Un problema con difícil solución

La gran pregunta que se pueden hacer los consumidores que se enfrentan a importantes subidas en el recibo de la luz es: ¿si España puede ser una potencia en renovables, y hay más proyectos que incluso la necesidad que ha planteado el Gobierno a 2030, qué pasa? Fuentes consultadas por este medio ponen el foco en la falta de personal en esos filtros burocráticos para dar el OK a los proyectos.

Van más allá y argumentan que el Gobierno no ha previsto el cuello de botella que se iba a formar, sobre todo en estos primeros años de la década, y no ha fortalecido a las administraciones que mayores ‘papeleos’ iban a tener.

Esta sensación es generalizada dentro del sector. Recientemente, el director general de la patronal solar Unef, José Donoso, y en referencia a ese cuello de botella, aclaraba que son “las delegaciones y subdelegaciones provinciales que no estaban dotadas con la infraestructura necesaria para gestionar la gran cantidad de proyectos recibidos. A lo que hay que añadir que en algunas CCAA hemos detectado la voluntad de ralentizar algunos proyectos paralizando su tramitación”.

Y cómo retomar el control de todo esto. Desde Unef tienen ideas para mejorar la situación. “Desde hace dos años venimos pidiendo que no se puedan obtener puntos de conexión sin contar previamente con los acuerdos con los propietarios -señala José Donoso-. Esto reduciría el número de proyectos en estudio en un momento determinado y evitaría pausarlos en el tiempo mientras que favorecería resolver problemas sociales como las propias expropiaciones, que no apoyamos desde nuestra asociación”.

Ante esta situación, el Gobierno tiene la opción de acelerar de verdad el proceso ‘verde’ de la energía española y robar protagonismo al gas lo antes posible, pero sin una burocracia mucho más ágil parece imposible. Sobre todo porque en breve habrá más subastas de capacidad que podrían introducir más megas al mercado, pero que tardarán demasiado en llegar.