Hacienda retrasa medio año más la regulación del teletrabajo de los funcionarios

Nuevo retraso para la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado. El Ministerio de Hacienda y Función Pública aplaza de nuevo la aprobación del real decreto que fija los criterios generales del teletrabajo con tres días de esta modalidad hasta el mes de octubre.

Hasta entonces, Hacienda utilizará un ‘parche’ en el plan de ahorro energético en la Administración que aprobará la próxima semana en el Consejo de Ministros, recogiendo la modalidad de trabajo a distancia y flexibilizando algunos puntos respecto a la regulacón inicial, según confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales y sindicales.

El 12 de abril de 2021, hace justo un año y un mes, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, dirigido entonces por Miquel Iceta, suscribió con los sindicatos más representativos de la AGE –CSIF, UGT y CCOO– un acuerdo para la regulación e implantación del teletrabajo en toda la Administración.

Entonces el Gobierno prometió que el real decreto-ley que daría cobertura legal a los criterios generales para implantar esta modalidad de trabajo, impulsada a raíz del confinamiento en la pandemia en el que muchos de los funcionarios teletrabajaron con sus ordenadores, estaría aprobado para finales del año 2021, pero no fue así.

Con María Jesús Montero al frente de la cartera de Función Pública, la ministra prometió que estaría listo en febrero, y más tarde se aseguró que en marzo, sin embargo el real decreto-ley sigue congelado, en medio del estallido de la guerra en Ucrania.

Plan de ahorro energético: «parche» para el teletrabajo

El pasado mes de septiembre Hacienda restringió el teletrabajo en la AGE a un solo día semanal, si bien va a aprovechar el Plan de ahorro energético en la Administración para volver a impulsar el teletrabajo de forma voluntaria y en los puestos que lo permitan con el fin de fomentar el ahorro de energía en la actual coyuntura de crisis energética y presión inflacionista.

Según ha trasladado Hacienda a los sindicatos, se va a flexibilizar lo recogido para el futuro decreto, ya que se permitirá combinar la opción de elegir de forma voluntaria tres días de teletrabajo y dos a distancia como estaba previsto, y también tres a distancia y dos de teletrabajo como pedían los sindicatos para aquellos funcionarios que así lo deseen, tal y como adelantó Economía Digital.

Tras este «parche», a posteriori, en el decreto de octubre se regulará de forma específica y más detallada todas las cuestiones relativas al teletrabajo, explican fuentes sindicales conforme a lo trasladado por Hacienda en su última reunión con los sindicatos.

Desde CSIF, CCOO y UGT expresan su malestar por la dilatación de la aprobación del decreto del teletrabajo. El portavoz de UGT en la AGE, Antonio González, calificó en declaraciones a Economía Digital la situación actual de «reino de taifas» al haber organismos que permiten únicamente un día a la semana de teletrabajo, mientras que otros permiten varios días o imponen la modalidad presencial.

Con el plan de ahorro energético el Gobierno impulsará medidas de racionalización del uso de los edificios administrativos y sus instalaciones, de forma que se planteará el cierre de oficinas durante los días que los funcionarios teletrabajen para ahorrar energía.

También se fomentará el uso del transporte público entre los funcionarios, así como compartir vehículos y se fijará el apagado de luces, ordenadores y dispositivos a la salida del trabajo, entre otras.

Implantación completa en 2023

La regulación del teletrabajo en las administraciones públicas arranca en 2020, cuando el Gobierno, junto a las comunidades autónomas y la FEMP, en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, y también junto a los sindicatos, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, acordó la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público consensuando una normativa básica sobre la que cada administración pudiera desarrollar después su propia regulación.

Se trata del artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público en el que se fija el teletrabajo comm modalidad laboral alternativa a la presencial, pero dicho artículo precisa del desarrollo normativo para su implantación en todas las administraciones y el Gobierno lleva congelando un año el decreto pendiente en cuestión.

Lo cierto es que la implantación completa del todo del teletrabajo en las administraciones públicas se demorará prácticamente un año, ya que la letra pequeña recogida en el acuerdo suscrito con los sindicatos en abril del año pasado establecía que Función Pública podría disponer de hasta tres meses para determinar las localidades de la España vaciada donde se podría implantar hasta un 90% de teletrabajo a nivel mensual y, tras ello, los ministerios dispondrán de un plazo efectivo de cuatro meses en sus respectivos ámbitos.

La demora máxima sería por tanto de siete meses desde la aprobación del decreto en el mes de octubre, en torno a mayo de 2023, si bien las administraciones que vayan más avanzadas podrán implementar el teletrabajo en cuestión de días una vez se apruebe el esperado decreto, precisó González (UGT). Cada departamento ministerial u organismo público deberá realizar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo, con identificación de objetivos, evaluación del cumplimiento, plan de seguimiento y evaluación.

El acuerdo fijaba que se podrá articular una modalidad de teletrabajo con una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, dirigida expresamente a atender circunstancias organizativas especiales, como favorecer la presencia de la Administración del Estado en el territorio, en zonas en declive demográfico, o atender la prestación de servicios en ámbitos geográficos de difícil cobertura.

Desconexión digital y ordenadores

Conforme al acuerdo, el nuevo decreto de teletrabajo que prevé aprobar en octubre fijará la posibilidad de trabajar a distancia tres días, un 60% de la jornada semanal, y dos días de manera presencial, pero se incluuiría la posibilidad de combinar las opciones. El teletrabajo implica el mantenimiento de los mismos derechos y deberes que el personal en modalidad presencial, así como el derecho a la desconexión digital.

Tal y como adelantó Economía Digital, tras escuchar algunas de las propuestas de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) y anteriormente de los sindicatos del área pública (CSIF, CCOO y UGT), el Gobierno baraja la posibilidad de un teletrabajo de menos del 60%, lo que supondría permitir que los empleados públicos puedan escoger realizar uno, dos o tres días de teletrabajo.

Otros cambios pasarían por aplazar al 31 de diciembre de 2024 el periodo transitorio para el aprovisionamiento de equipos informáticos y conexión por la Administración. También se flexibiliza la exigencia de una antigüedad mínima de un año en un puesto para poder optar al teletrabajo como pedían los sindicatos.