El Gobierno retrasa la aprobación del ‘impuesto verde’ a petroleras y gasistas por el precio de la gasolina
La incapacidad del Ejecutivo por contener los precios de los combustibles ha provocado que el Fondo de Sostenibilidad aplace su debate parlamentario
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez finalmente ha decidido dar marcha atrás en la implantación del Fondo de Sostenibilidad, que pretendía rebajar el precio del recibo de la luz, pero que subiría el coste de los carburantes, y finalmente no será convocada la Comisión de Transición Ecológica que el próximo martes 28 de junio iba a dar luz verde al denominado ‘impuesto verde’ a petroleras y gasistas.
En concreto, según ha podido confirmar Economía Digital en fuentes parlamentarias, por el momento se retrasa la aprobación del informe del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE).
Este mismo viernes, Economía Digital publicaba que diversos grupos parlamentarios se habían posicionado en contra y habían introducido enmiendas transaccionales para pedir que, en caso de que se aprobara, al menos entrara en vigor dentro de unos años. De este modo, al menos lo que se ha conseguido es aplazar su debate y, por lo tanto, su entrada en vigor.
La entrada en vigor del Fondo de Sostenibilidad, que se había puesto en el congelador parlamentario desde hace meses, se había reactivado en las últimas semanas con los debates en la Comisión pertinente. Sin embargo, diversas voces del mundo empresarial, y también del ámbito político, alertaban de que era un momento inoportuno.
Se sabe que con la aprobación del Fondo subirá el precio del combustible, y en estos momentos es algo que el Ejecutivo no se puede permitir. Sobre todo, a las puertas de las vacaciones donde los desplazamientos por carretera se incrementan de manera exponencial.
Un problema mayor
Cabe recordar que el Fondo de Sostenibilidad fue promovido por el Gobierno a finales de 2020. El objetivo, explicado de manera simplificada, es reducir el precio de la factura eléctrica gracias a la eliminación del recargo que supone financiar las tecnologías Recore (renovables, cogeneración y residuos). Hasta ahí, todo perfecto -sobre todo para los clientes eléctricos que pagarán menos-.
La explicación oficial por parte del Gobierno sobre quiénes afrontarían el agujero creado era que serían «los comercializadores de todos los sectores energéticos -al contrario que en el sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales-, que aportarán al fondo en función de sus ventas». Pero la explicación, también de manera simplificada, es que a pagarán los usuarios de combustibles, los clientes de gas, y quienes usan está tecnología de manera masiva como empresas e industrias. Esto es así porque empresas como Repsol, Cepsa o Naturgy revertirán el coste del fondo a sus clientes.
Tras una fuerte contestación empresarial, y con la suma de las tensiones geopolíticas que han tensionados los mercados, el Gobierno decidió poner en el congelador parlamentario la medida. Y justo ahora, cuando España sufre unos precios históricos de combustibles, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido recuperar el Fondo. El objetivo: rebajar la factura de la luz.
El impacto de la activación del Fondo de Sostenibilidad estaba perfectamente medido por el Gobierno. Sabe que retirar la subvención a las Recore bajará el precio de la luz, puesto que son recargos regulados sobre la factura; pero al mismo tiempo subirá el precio de la gasolina, así como el gas. Lo que implicará mayores costes para quienes usan esta tecnología como herramienta energética.
Entre los afectados directos están los usuarios intensivos de gas, sobre todo en la denominada España vaciada, donde gran parte de la maquinaria agrícola necesita abundante combustible. O muchos de los sistemas de calefacción también funcionan con gas. Todos esos usuarios serán quienes en mayor proporción se hagan cargo del coste.