El Gobierno renuncia al Pacto de Rentas y fía el control de la inflación al tope del gas

Moncloa asume ya la imposibilidad del Pacto de Rentas para tratar de controlar la inflación tras el fracaso de la negociación salarial en la negociación colectiva entre los agentes sociales y fía la moderación del IPC al tope del gas y la extensión o adopción de nuevas medidas en el Plan de respuesta a la guerra para el segundo semestre.

Así lo confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales, que señalan que el Ejecutivo asume ya la «inviabilidad» del Pacto de Rentas reclamado a principios de marzo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como forma de repartir el coste económico del impacto de la guerra en Ucrania y la crisis energética agravada por el conflicto.

Desde Moncloa señalan que el fracaso en la negociación salarial de los últimos dos meses entre la patronal CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT en el marco del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ha «echado por tierra» las posibilidades de un pacto de estas características.

Los agentes sociales dieron por cerrado el pasado 5 de mayo el proceso de negociación de la subida salarial ante unas posiciones muy alejadas principalmente por el escollo de las cláusulas de revisión salarial reclamadas por los sindicatos y rechazadas por CEOE y organismos como el Banco de España por el riesgo a contribuir a una espiral inflacionista.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, iba a bordar ela asunto en una reunión en el marco de la mesa de diálogo del Plan de Recuperación, finalmente pospuesta, pero ha tratado de reconducir la situación, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, si bien en el Ejecutivo se ha asumido ya la imposibilidad de lograr, al menos a corto plazo, un acuerdo salarial y, por tanto, el fracaso del Pacto de Rentas reclamado.

En cualquier caso, Moncloa arguye, citando a las conclusiones del Banco de España, que el Pacto de Rentas se está produciendo de forma natural per sé, ya que las empresas están asumiendo el alza de los precios de los ‘inputs’ y redujeron márgenes un 4,5% en el cuarto trimestre, al tiempo que los trabajadores pierden poder adquisitivo con subidas salariales del 2,4% hasta abril, por debajo del IPC.

Sí a reducir los márgenes empresariales: repartir el coste

Desde el Ministerio de Trabajo, tal y como señaló la vicepresidenta segunda y titular de la cartera, Yolanda Díaz, sostienen que «en ningún momento» se ha hablado de dicho Pacto desde la primera reunión con los agentes sociales e insisten en que se ha confundido el Pacto de Rentas con la negociación salarial en los convenios, si bien Sánchez solicitó el Pacto de Rentas desde la tribuna del Congreso.

No obstante, las mismas fuentes gubernamentales explican, tal y como se insiste desde el departamento de Trabajo por la vicepresidenta Díaz, se seguirá demandando a los empresarios, especialmente al Ibex-35, una moderación de los márgenes empresariales y dividendos empresariales, dos de los puntos claves, junto a la moderación salarial. del pretendido y ya enterrado Pacto de Rentas promovido por el Gobierno.

El ala de Podemos y la propia vicepresidenta Yolanda Díaz han defendido a ultranza la expropiación de los beneficios e las eléctricas para compensar por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, poniendo énfasis en ello al recalcar que las tres grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han incrementado sus beneficios antes de impuestos en un 47%.

En Moncloa aluden a la petición del Banco de España, que urge a un Pacto de Rentas para controlar los márgenes empresariales, pero también los salarios y las pensiones, evitando su indexación con el IPC, salvo en el caso de las mínimas. Sin embargo, pese a las advertencias del organismo regulador y de la Comisión Europea, el Gobierno mantiene su intención y compromiso recogido por ley en la reforma de pensiones de revalorizarlas con el IPC en 2023.

La pérdida del poder adquisitivo también será notable en el caso de los funcionarios. El Gobierno incorporó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 un incremento del sueldo de los funcionarios del 2% cuando preveía una inflación bastante inferior a la que finalmente se va a producir, de entorno al 6%.

Los empleados públicos sufrirán una pérdida posible aproximada de cuatro puntos porcentuales este año de poder adquisitivo, ya que su retribución subió un 2%. Dado que el sueldo anual medio de los empleados en la Administración Pública, Defensa y Seguridad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de de 35.000 euros anuales en 14 pagas, la pérdida en términos salariales de poder de compra será de 1.400 euros.

El tope del gas y extensión de medidas

En este contexto, el Gobierno confía en la moderación de la inflación en la segunda parte del año, especialmente una vez entre en vigor la denominada como ‘excepción ibérica’, el acuerdo de España y Portugal con Bruselas para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de electricidad.

En el Gobierno fían al tope del gas la contención de la inflación a partir del segundo semestre, de forma que se modere desde el 8,3% a cifras más bajas ante la incidencia de la medida en abaratar el precio de la luz y del gas durante 12 meses.

De hecho, tal y como prevé el Banco de España y otros organismos, el Ejecutivo da por seguro que la inflación podría regresar al nivel del entorno del 2% en 2023, el porcentaje marcado por el BCE.

Debido al fracaso de la subida salarial en convenio, y a pesar del tope el gas, el Gobierno está estudiando la prórroga de la bonificación de 20 céntimos al litro de combustible incluida en el Plan de respuesta a la guerra de Ucrania con posibles cambios al prever «turbulencias» en los mercados internacionales que sigan manteniendo los precios de la gasolina altos.

El principal objetivo a batir actualmente del Gobierno en materia económica es la inflación, y por ello está estudiando la posible prórroga y modificación de medidas recogidas en el Plan de choque de respuesta a la guerra, según confirman a Economía Digital desde Moncloa. Además de la bonificación al combustible, circunscrita a determinados sectores, se baraja la extensión de ayudas a determinados colectivos, como la industria electrointensivas.

El plan de choque del Gobierno de 16.000 millones (6.000 millones en rebaja de impuestos y ayudas directas y 10.000 millones en avales del ICO) entró en vigor el pasado 30 de marzo y entre las principales medidas figuran una bonificación de 20 céntimos por litro al combustible a todos los usuarios, la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC en el caso de grandes tenedores o ante la falta de acuerdo entre propietarios particulares e inquilinos.

También se incluye un alza del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria electrointensiva y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.

La rebaja de los impuestos de la luz, que comportará un impacto presupuestario de 7.000 millones, que podría alcanzar hasta los 12.000 millones este año si las medidas se extienden durante todo el ejercicio, incluye la prórroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras.