El Gobierno rechaza el SMI autonómico reclamado por Garamendi
El Ejecutivo rechaza la petición de fijar un Salario Mínimo por territorios realizada por CEOE porque tendría "efectos devastadores" en la unidad de mercado.
El secretario de estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ofrece una rueda de prensa, tras la reunión del Ministerio con patronal y sindicatos en la que han abordado la evolución para 2021 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). EFE/ Ferna
Novedades en la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España. El Gobierno ha rechazado con rapidez la última petición del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de fijar un SMI diferenciado por comunidades autónomas en vez de a nivel nacional.
Apenas minutos después de que Garamendi realizara su propuesta en una entrevista en Capital Radio, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, han rechazado la petición al no verla «conveniente».
La petición de Garamendi se ha producido menos de 24 horas después de la reunión entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para negociar la subida del SMI, para lo que el Ejecutivo ha propuesto un incremento de 15 euros este año (hasta 965 euros mensuales) y de 31 euros en 2022 y 2023, cuando escalaría a 996 euros y 1.027 euros, respectivamente.
Tendría «efectos devastadores» en la unidad de mercado
Montero ha recordado que hay un tipo de regulación estatal que «debe primar en todo el país”, ya que permite «vertebrar las realidades sociales” más allá de que luego los convenios colectivos sectoriales “puedan mejorar los datos de base”, según ha indicado en declaraciones a RNE, recogidas por Economía Digital.
“Hay que garantizar que el trabajador tenga unas condiciones mínimas que le permitan llegar a fin de mes” independientemente del territorio en el que viva, ha enfatizado Montero, en una línea similar a la que se ha pronunciado el secretario de Estado.
Pérez Rey ha indicado que ese planteamiento «es por completo ajeno a la tradición jurídica y política y tendría efectos devastadores en la unidad de mercado» que, además, es un valor «reclamado» por las organizaciones patronales.
El Ejecutivo espera consenso y fijará la subida el lunes
De cualquier forma, Pérez Rey ha hecho hincapié en que no hay «ninguna duda» de que la recuperación tiene que beneficiar a los que menos tienen, especialmente a los colectivos dentro del SMI al ser los que más han padecido la crisis por las características de sus contratos.
Por ello, ve «imprescindible» subir el SMI, entre la horquilla de 12 y 19 euros propuesta por los expertos para este año, ya que no tendría «mucho sentido» que suban los salarios de los trabajadores en convenio, de la red público y no para los que perciben el SMI. También ha reiterado que el informe del Banco de España sobre el impacto del SMI no afirmaba que el alza destruyese 177.000 empleos, y en cambio si se deducía de él que la relación entre el SMI y el empleo es «baja».
La ministra de Hacienda se ha mostrado confiada en lograr un acuerdo en el marco del diálogo social sobre la subida del SMI para la última parte del año, así como el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien, no obstante, ha advertido en Cadena Ser que, “la decisión final es del Consejo de Ministros”.
Tanto Bolaños ha defendido que los «buenos datos» del paro, con un descenso de 82.583 personas en agosto, reflejan que es el momento «propicio» para acometer la subida del SMI, tal y como hizo ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien marcó la necesidad de la subida para los 1,5 millones de trabajadores que quedan fuera de convenio colectivo. El Gobierno decidirá la subida el próximo lunes en la nueva reunión con los agentes sociales.
La petición de Garamendi
La petición de Garamendi pasa por la aplicación de sueldos mínimos diferenciados por comunidades autónomas en vez de a nivel nacional para adaptar este indicador a una “España diversa”.
“Hay que evaluar un SMI que se acoplara a cada uno de los territorios de este país”, ha asegurado Garamendi, recordando que la negociación entre patronal y sindicatos es distinta en cada región, como sucede con los convenios y subidas salariales. Tras calificar de «populista» la subida del SMI, Garamendi ha destacado que este incremento contraerá el empleo y ha afeado que no supone ningún coste para las arcas públicas y que los más perjudicados serán los pequeños empresarios.
“El Gobierno está muy tranquilo diciendo que hay que subirlo, pero al Estado le cuesta cero subir el salario mínimo”, ha dicho, para pedir a la «gente» que se ponga «en la piel de gente muy humilde que son empresarios”, puesto que el alza del SMI no afectará a las empresas del Ibex-35 y el sector más afectado será el agrario.
CEOE rechaza subir el SMI este año tras el incremento acumulado del 30% en los tres últimos ejercicios, y pide aplazarlo a 2022 y 2023. Además, ha pedido una serie de ayudas y bonificaciones para incentivar la contratación de jóvenes, para familias con empleadas del hogar, para impulsar la contratación indefinida en el sector agrario y para poder repercutir el alza del SMI en los precios de los contratos públicos.
