El Gobierno rebajará la factura de las calefacciones centrales aunque sobrepasen los plazos para instalar contadores
Los vecinos con calefacciones centrales se deben comprometer a instalar los contadores antes del 30 de septiembre de 2023, fecha que supera todos los plazos legales
Persona regulando la temperatura de un radiador. Pixabay.
El nuevo decreto de medidas energéticas anunciado por el Gobierno establecerá un mecanismo para rebajar la factura de 1,7 millones de calefacciones centrales el próximo invierno, el cual podría provocar importes inasumibles para estos consumidores que no están acogidos a las tarifas de gas con precios limitados.
La rebaja, conocida como TUR de Ahorro vecinal o TUR 4, consiste en un descuento del 40% al 70% del consumo medio que cada comunidad de vecinos con calefacción central haya tenido en los últimos 5 años, mientras que el 30% de la factura se seguirá pagando a precios de mercado. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, esta tarifa se puede contratar ya contactando con la comercializadora.
Sin embargo, el Gobierno es consciente de que gran parte de las comunidades de vecinos con calderas centrales contribuyen poco al ahorro y la eficiencia energética comprometida con Bruselas. Muchas de ellas no tienen la climatización adecuada ni han instalado aún los repartidores de costes de calefacción, unos contadores que incentivan el ahorro al individualizar los consumos y que son de instalación obligatoria por motivos de eficiencia energética, según el Real Decreto 736/2020.
«Pensamos que es importante que en este momento se facilite y se encauce, no solamente contar con ese descuento, sino incentivar el mejor comportamiento, el eficiente, por parte de las comunidades de vecinos«, declaraba la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la presentación de la medida.
Por ello, el decreto establecerá como condición para beneficiarse del ahorro de la factura que las comunidades de vecinos con calefacciones centrales se comprometan a instalar los repartidores de costes antes del 30 de septiembre de 2023, fecha que supera todos los plazos legales del real decreto.
A pesar de que los contadores deberían estar en todas las calefacciones centrales que tengan la obligación (según su zona climática y viabilidad económica) antes del 1 de mayo de 2023, Ribera reconoce que la instalación «no podrá producirse de manera inmediata», por lo que al Gobierno le basta con que los vecinos se comprometan a hacerlo durante el próximo año y a revisar que la caldera «funciona de la manera más eficiente posible».
No obstante, los plazos de instalación incluso han terminado ya en gran parte de España: las zonas climáticas E y D que abarcan Castilla y León, Madrid, Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha (excepto Toledo), Vitoria y Lleida.
«Disminución del confort»
El presidente del Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas, Pablo Abascal, valora la rebaja de la factura, pero avisa de que las comunidades con estas calefacciones tienen que «asumir una disminución del confort» recortando horas de encendido y temperatura si quieren realmente abaratar la factura.
Las viviendas con calderas centrales de gasoil o gas natural alcanzan «fácilmente» temperaturas de 25 a 28 grados sin control de los consumos individuales y están acostumbradas a que «si tenías calor abrías la ventana, a nadie se le ocurría rebajar la potencia porque la energía era muy barata», explica Abascal.
Ahora, con el precio del gas por las nubes y la vinculación del acceso a la TUR de Ahorro vecinal a la instalación de los repartidores, Abascal confía en que se incentive el ahorro y la rehabilitación energética en las comunidades.
Penalizaciones si aumentan el consumo
Según ha anunciado Ribera, si las comunidades de propietarios adheridas a la nueva tarifa aprovechan la rebaja del Gobierno para incrementar su consumo por encima de la media de los últimos cinco años, tendrán una penalización del 25%. «Queremos apoyar el comportamiento de consumo energético responsable», ha defendido la ministra.
La medida, que está financiada por los PGE de 2023, supondrá un ahorro de entorno al 50% de la factura que tendrían las comunidades con calefacciones centrales en ausencia de ella y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
