El Gobierno abre la puerta a nuevas vías de liquidez para empresas afectadas por la guerra

El impacto de las perturbaciones económicas por la guerra de Ucrania apremian y ello fuerza al Gobierno a adoptar medidas rápidas, por lo que Moncloa se ha dado dos semanas para cerrar el Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania con el fin de aprobarlo en el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo, para el que se barajan rebajas de impuestos y ayudas directas a los sectores más afectados, como transporte, agrícola, ganadero y agroalimentario, así como nuevas vías de liquidez para las empresas perjudicadas.

Así lo confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales, que a falta de concreción señalan que ahora se negociará con los grupos y los sectores implicados todas las medidas del ambicioso Plan Nacional de respuesta, toda vez que la Comisión Europea ha remitido a los Estados miembros su proyecto de propuesta de marco temporal sobre ayudas estatales para respaldar la economía en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

«Está todo muy abierto y pendiente de concreción con los grupos y sectores», explican desde Moncloa, que confirman que entre las opciones que se encuentran sobre la mesa se incluyen tanto desde rebajas impositivas, como ayudas directas, incentivos fiscales o nuevas vías de liquidez para las empresas de los sectores más afectados, como créditos blandos, garantías o líneas específicas.

Cabe recordar que actualmente siguen operativos los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que en 2021 alcanzaron los 103.032 millones y movilizaron más de 135.383 millones de euros, así como el Fondo de apoyo a la solvencia a empresas estratégicas de la SEPI dotado con 10.000 millones de euros, el fondo de rescate a pymes de Cofides dotado con 1.000 millones, contemplado hasta el 30 de junio.

Marco temporal de ayudas europeo

A priori estas medias y paquetes de apoyo a la liquidez empresarial vencerán el 30 de junio, coincidiendo con la finalización del marco temporal de ayudas fijado por Bruselas. Aunque a priori no está contemplada su ampliación, en el Gobierno se aborda este asunto por si fuese necesario adoptar una nueva prórroga o explorar nuevas vías de liquidez dada la coyuntura, como los créditos blandos, garantías o líneas muy específicas.

El Gobierno baraja la opción de medidas de liquidez, entre otras muchas, teniendo en cuenta la orientación de Bruselas prevista para el nuevo marco temporal de ayudas, ya que conforme a su consulta podría permitirse a los Estados miembros conceder ayudas en este sentido.

En concreto, Bruselas contempla que los Estados puedan conceder una ayuda temporal de liquidez a todas las empresas afectadas por la crisis actual, que podría adoptar la forma de garantías y préstamos bonificados. Un reciente estudio de los gestores administrativos advertía de que hay 400.000 empresas con problemas de liquidez en España y, de no adoptarse medidas de liquidez, se añadirían otras 300.000 pymes.

También se estipularían ayudas para compensar los costes adicionales derivados de unos precios del gas y la electricidad excepcionalmente elevados. Este apoyo podría concederse bajo cualquier forma, por ejemplo, como subvenciones limitadas, para compensar parcialmente a las empresas, sobre todo a las que son grandes consumidoras de energía, por el aumento de los precios de la energía.

Ambos tipos de medidas estarían también disponibles para las empresas calificadas de empresas en crisis, las cuales es posible que se enfrenten a necesidades de liquidez acuciantes en las circunstancias actuales. Las empresas sancionadas y las controladas por Rusia quedarían excluidas del ámbito de aplicación de esas medidas.

Se da este mes para cerrar el Plan Nacional de respuesta: se aprobará el 29 de marzo

La hoja de ruta que se marca el Gobierno pasa por aprobar el Plan nacional de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania el próximo 29 de marzo en Consejo de Ministros, mientras que antes se producirá el relevante Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo en el que la Unión Europea articulará las medidas regulatorias del gas y del ‘pool’ eléctrico, como el posible tope a los precios del mercado mayorista y el desacople del precio del gas del mercado eléctrico propuesto por España.

Para ello, Moncloa iniciará ya los primeros contactos con los socios del Gobierno y el resto de grupos para recibir sus propuestas y lograr el mayor consenso posible bajo la bandera de la «unidad» dada la difícil coyuntura de guerra. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, también empezará los contactos esta misma semana, según confirman en fuentes socialistas.

Tras la Conferencia de Presidentes del domingo, en la que Sánchez reclamó unidad en la respuesta y avanzó rebaja de impuestos a los sectores más afectados, como le exige el PP, convocará en breve una conferencia específica a las comunidades autónomas para poner en común las medidas propuestas y complementarias a las que pueda adoptar el Gobierno para hacer frente a la inflación y el impacto de las sanciones impuestas a Rusia.

Entre tanto, está previsto que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mantenga un nuevo encuentro con las empresas españolas y asociaciones exportadoras potencialmente afectadas por el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Responsables de la Dirección. General de Comercio Internacional e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio han mantenido sendos encuentros con las empresas españolas afectadas.

Así, fuentes gubernamentales apuntan que se seguirá abordando la situación de las empresas que operan en ambos mercados e información sobre las sanciones impuestas, además recibirse y responder a consultas de las empresas mediante un buzón de correo.

Rebaja de impuestos: luz, carburantes y productos afectados por la inflación

Las nuevas medidas del Plan se sumarán a las anunciadas hace dos semanas por Sánchez, cuando avanzó en el Congreso la configuración del Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania.

Este plan incluye la extensión de la reducción de las rebajas fiscales en la luz, por importe mínimo de entre 10.000 y 12.000 millones este año. Se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras.

Ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó la puerta abierta a una revisión de la fiscalidad de los productos más afectados por la inflación, como los carburantes, tal y como reclaman los sectores, todo ello en medio de una huelga de transportistas.

Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que aunque no hay nada decidido del todo, sobre la mesa se contempla una bajada del IVA de los hidrocarburos del 21% al 10% y rebajar también el gasóleo para los transportistas y agricultores, colectivos que se están viendo impactados de lleno por la crisis energética derivada del conflicto bélico.

El margen de actuación que permite por ahora la Comisión Europea pasa por rebajar del 21% al 10% el IVA, a falta de que se dé más cancha en la nueva directiva europea del IVA, al tiempo que en el Impuesto de Hidrocarburos se podría bajar el precio del gasóleo en euros por litro que se fija conforme a la ley, con el aval de Bruselas, y que en principio disminuiría en el caso del gasóleo profesional y del agrícola.

Actualmente la carga impositiva por cada litro de combustible es del 47% en la gasolina y el 43% en el diésel, porcentajes que podrían bajar si finalmente se revisa la fiscalidad, en línea con lo que han hecho ya otros países, como Francia, que ha anunciado una rebaja inmediata de 15 céntimos por litro de carburante; Portugal ha devuelto parte del impuesto a la gasolina; Irlanda ha abaratado en hasta 20 céntimos el litro y Polonia también ah acometido una rebaja histórica.

Programas de eficiencia energética y pacto de rentas controlando beneficios y dividendos

Mientras se terminan de dilucidar estas medidas e incentivos fiscales, el Gobierno va acelerar la ejecución de los fondos europeos, sobre todo de los relativos al despliegue de las energías renovables, la eficiencia energética y la rehabilitación de viviendas, especialmente antes del próximo invierno, para aumentar la autonomía energética. Además, tiene previsto reorientarlos a este ámbito, solicitar el segundo desembolso de 12.000 millones en menos de un mes y avanzan en la adenda al Plan de Recuperación para solicitar los préstamos.

El Gobierno va a proceder también a una reducción y agilización de los plazos y procedimientos para la ejecución de los proyectos de eficiencia energética y desarrollo de energías renovables.

Entre las medidas del Plan nacional se incluye un pacto de rentas para que los agentes sociales consensúen moderación en la subida de salarios y control de beneficios y dividendos, así como la extensión de la reducción del IVA de la luz y de los impuestos especiales de electricidad hasta el 30 de junio