El Gobierno prorroga a junio las ayudas a empresas viables y extiende a 2023 el escudo ‘antiopas’

Respiro para el tejido empresarial. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes extender hasta el 31 de diciembre de 2022 el blindaje a empresas estratégicas, popularmente conocido como escudo ‘antiopas’, así como prorrogar al 30 de junio los avales del ICO, el Fondo de rescate de la SEPI y Cofides y las medidas en materia concursal.

De esta forma, buena parte del escudo desarrollado por el Gobierno desde marzo de 2020 para hacer frente a la crisis se extenderá para ayudar a un tejido productivo que no termina de recuperarse ante la crisis de suministros y tejido empresarial.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ante la ampliación del Marco Temporal de Ayudas por parte de la UE, el Consejo de Ministros ha ampliado la vigencia de las principales ayudas a empresas estratégicas para seguir protegiendo el tejido empresarial y que esas compañías viables puedan reforzar su solvencia en la fase de recuperación económica.

Escudo ‘antiopas’ a 2023 y fondo de rescate de SEPI hasta junio de 2022

En concreto, el Gobierno ha dado luz verde a la extensión de la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras El Real Decreto-ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la extensión de la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros. 

La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo «proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos», según el Gobierno. La medida coincide se produce después de la oferta pública de adquisición lanzada por KKR sobre Telecom Italia (Telefónica) por 10.800 millones de euros.

Por otra parte, debido a la ampliación del Marco Temporal, se mantienen vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Cofides.

Ampliacón de líneas de avales: quedan 39.000 millones

Asimismo, los autónomos y empresas podrán acceder a financiación garantizada a través de las Líneas de Avales hasta el 30 de junio de 2022 para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus proyectos de inversión.

El Ministerio de Asuntos Económicos destaca que las Líneas de Avales puestas en marcha por el ICO han sido un instrumento clave para garantizar el mantenimiento del tejido productivo, especialmente durante los momentos más duros de la pandemia.

Desde la puesta en marcha de la Línea de Avales de Liquidez en marzo de 2020 por importe de 100.000 millones de euros y con la posterior aprobación de la segunda Línea de Avales para Inversión y Liquidez por importe de 40.000 millones, se han garantizado hasta el 18 de noviembre de 2021, 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros, que han permitido movilizar 133.975 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo.

A estas cifras hay que añadir los 1.385 avales formalizados que se ha destinado a garantizar 81 operaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que han movilizado 1.978 millones de euros.

Ayudas a pymes de CCAA y en materia concursal

Adicionalmente, se amplía hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las CCCA dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.

El Real Decreto-Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, ampliándose al ejercicio 2021 la medida excepcional establecida en la Ley 3/2020 de exclusión de los resultados a los efectos de la causa legal de disolución por pérdidas.

Extiende, a su vez hasta el 30 de junio de 2022, la exención del deber del deudor que se encuentre en estado de insolvencia de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que les permitan mantener su actividad y el empleo y dispongan de un margen adicional para restablecer su equilibrio patrimonial en tanto llega la reforma.

El Ejecutivo señala que el objetivo de la reforma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es reorientar el marco concursal dotándolo de nuevos instrumentos para la reestructuración temprana de empresas viables, avanzando en la segunda oportunidad para empresarios que sean personas físicas y agilizando los procesos concursales, con el fin de evitar la destrucción de empleo y de tejido productivo.