El Gobierno promete a Bruselas ampliar el cómputo de las pensiones este año

El periodo de cómputo de la pensión de jubilación se ampliará finalmente este mismo año.El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a ampliar en 2022 el número de años de cotización necesario para calcular las pensiones de jubilación, así como como una previsión de revalorización de las mismas del 6% en 2023.

Este es el compromiso adquirido por el Ejecutivo de forma oficial en el Programa de Estabilidad 2022-2025 remitido a Bruselas, en el que se recoge el compromiso de ampliar el período de cómputo de las pensiones, una de las medidas más polémicas que causó serias discrepancias internas en la coalición al término de 2020 cuando se filtró un borrador el Ministerio de Seguridad Social con dicha iniciativa.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, negó posteriormente la existencia de ese borrador, tras las críticas del por entonces exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el revuelo provocado en torno a esta polémica medida, una de las vías para garantizar la sostenibilidad del sistema a futuro por cuanto en la práctica comporta un recorte de las pensiones.

En el documento del Ministerio, al que tuvo acceso Economía Digital, se recogía de forma explícita que «se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo de 35 años de manera progresiva», lo que supondría un recorte medio del 6,3% en las pensiones.

No obstante, este ha sido uno de los cambios paramétricos que se ha ido incluyendo en las últimas grandes reformas del sistema de pensiones desde el año 1985, cuando se amplió de 2 a 8 años; en 1997 pasó a 15 años y la reforma de 2011 lo elevó progresivamente hasta los últimos 25 años de cotización en 2022. Ahora, el Gobierno volverá a aumentarlo, según el compromiso adquirido con Bruselas.

En la rueda de prensa de presentación del cuadro macro y la senda fiscal, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno cumplirá con la recomendación del Pacto de Toledo de realizar la «transferencia equilibradora» a la Seguridad Social para que el Estado asuma la totalidad de los denominados ‘gastos impropios’ del sistema, que ascienden a 22.000 millones de euros.

Conforme a lo plasmado en el Programa de Estabilidad la Seguridad Social no logrará el equilibrio presupuestario ni aún contando con dicha inyección del Estado, ante la presión en el gasto por el envejecimiento y la revalorización de pensiones con el IPC, que costará más de 10.000 millones extra solo en 2023, por lo que el Estado tendrá que aumentar los impuestos para financiar ese gasto, que rondará cerca de 190.000 millones de euros.

Segunda parte de la reforma de pensiones

Con todo, en el Programa de Estabilidad el Gobierno asegura que en el periodo de proyección el gasto en pensiones experimentará una «contracción entre el principio y el final del periodo», aunque el peso del gasto asociado al envejecimiento se mantiene «relativamente estable a lo largo del periodo». En concreto, calcula que la variación del gasto total en pensiones rondará el 12,5% del PIB hasta la década de 2050, para posteriormente desde en torno al 11% en la década de 20060 y disminuir a alrededor del 10% en la de 2070.

Así las cosas, subraya que «resulta prioritario otorgar certidumbre a los pensionistas actuales y futuros respecto a la suficiencia, adecuación y sostenibilidad del sistema de pensiones» y por ello está en curso una «reforma en profundidad del mismo», con una primera parte ya aprobada a finales de año.

Promete para este año avanzar en la reforma de las pensiones, recogida en el Plan de Recuperación. Adicionalmente, asegura, en 2022 se aprobará el Proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, actualmente en tramitación parlamentaria, al objeto de incentivar los sistemas complementarios de pensiones, y «se modificará el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la base de cotización máxima y el período de cómputo de la pensión de jubilación«.

En 2021 se promulgó la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Para garantizar el poder adquisitivo volviendo a ligar las pensiones al IPC medio de los últimos 12 meses en noviembre, incentiva rel alargamiento de la edad de jubilación y desincentiva las fórmulas anticipadas.

Además, incluye el mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituye al factor de sostenibilidad del PP, y prevé la constitución de un fondo de reserva con el que hacer frente a las consecuencias de la evolución sociodemográfica de las próximas décadas.

Las pensiones subirán en torno al 6% en 2023

En el vademécum remitido a Bruselas, el Gobierno no realiza previsiones oficiales sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC), pero si recoge en su cuadro macroeconómico una estimación del deflactor del consumo privado, el indicador más aproximado al IPC, y proyecta un repunte del 6,1% para este año. Para los próximos años el Gobierno estima que el deflactor del consumo se moderaría al 2,2% en 2023, al 1,6% en 2024 y al 1,6% en 2025.

De esta forma, ese 6,1% sería el nivel aproximado en el que se revalorizarán de forma segura las pensiones en 2023, ya que la reforma de las pensiones establece una actualización de las mismas con arreglo al IPC medio de los últimos 12 meses en el mes de noviembre. También deberían subir los sueldos del os funcionarios en un nivel similar, a tenor de lo trasladado por el Gobierno a Bruselas.

Ante la elevada inflación de los últimos meses, los principales organismos han avisado en los últimos días del aumento que supondrá la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC en el gasto de las pensiones. Según AIReF, cada punto de inflación adicional supone algo más de 2.000 millones de recaudación adicional, estima la AIReF, por lo que la recaudación podría dispararse este año en 12.400 millones si se cumple su previsión de IPC del 6,2%.

De hecho, en su momento la AIReF ya estimó que la decisión de indexar las pensiones al IPC implica un incremento importante del gasto público en pensiones que estima en torno a 2,7 puntos de PIB en 2050, bajo una hipótesis de estabilidad de precios y crecimiento sostenido del PIB.

Fedea cree que subir pensiones con el IPC disparará el gasto en pensiones hasta el 14% del PIB en 2023, alcanzando los 188.500 millones de euros, y el déficit del sistema de la Seguridad Social quedará comprometido justo antes de la jubilación de la generación del ‘baby-boom’.

El Banco de España es más cauto al calcular que por cada punto adicional de IPC conllevará un gasto de 1.800 millones de euros, si bien al calcular una inflación media del 7,5% el coste total adicional sería de 12.800 millones, y por ello insiste en que habrá que adoptar medidas por el lado de los gastos o de los ingresos. De hecho, pide incluir las pensiones en el pacto de rentas para desligar su revalorización del IPC, a excepción de las mínimas.