El Gobierno priorizará la formación en las ayudas de la nueva prórroga de los ERTE

Las ayudas de los nuevos ERTE se ligarán a la formación, se baraja su prórroga hasta el 31 de enero y no tendrán renovación automática, sino que las empresas tendrán que pedir un nuevo expediente y los trabajadores solicitar sus prestaciones

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

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El diálogo social ha dado inicio a las negociaciones para la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre, hasta que se consensúe el nuevo mecanismo permanente para 2022 comprometido con Bruselas, y el Gobierno ha dejado claro que para estos ‘ERTE de transición’ priorizará la formación de los 253.000 trabajadores que permanecen bajo este mecanismo.

Así se lo ha trasladado el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, a los agentes sociales en la reunión con las patronales y los sindicatos, según han confirmado a Economía Digital en fuentes del diálogo social, que apuntan que a diferencia de ocasiones anteriores el Ejecutivo no pone tanto el foco en los incentivos a la reactivación de trabajadores en ERTE, que ha sido el escollo habitual en las anteriores negociaciones.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado en la rueda de prensa para presentar los datos de avance de afiliación, con 50.000 empleos más en septiembre (80.000 en términos desestacionalizados), que el énfasis en la nueva prórroga de los ERTE hay que ponerlo en la formación, algo que se seguirá debatiendo en la próxima reunión del martes que viene.

Sin prórroga automática: las empresas deberán solicitarlo

La idea es ligar las ayudas de los ERTE a la formación y el reciclaje profesional ante las dificultades de muchos de los trabajadores que permanecen bajo este mecanismo para reincorporarse y la prórroga no será automática, por lo que las empresas deberán volver a realizar los trámites para un nuevo expediente y los trabajadores tendrán que renovar sus prestaciones con el SEPE

Se trata de la sexta y previsiblemente última prórroga de los ERTE, al menos bajo el mecanismo actual proveniente de la reforma laboral de 2012 pero configurado y adaptado desde abril del año pasado por la pandemia, ya que se ha empezado a negociar también con los agentes sociales una reforma para incorporar al Estatuto de los Trabajadores dos nuevos mecanismos de ajuste de empleo previstos en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas (sistema de estabilización económica y por un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición).

También se ha abordado la prórroga de la prestación por cese de actividad de los autónomos, mecanismo bajo el que quedaban acogidos unos 225.000 autónomos. Fuentes de las organizaciones de autónomos confirman a Economía Digital que solicitarán su prórroga hasta final de año.

Formación y reajuste de actividad

Escrivá ha indicado que los ERTE se adaptarán modificando como ha sucedido hasta ahora el esquema para adaptarlo a la situación, ya que el número de trabajadores en ERTE está «acotado» y «muy acotado» sectorialmente, dando prioridad ahora a la formación, teniendo en cuenta que algunos trabajadores tendrán que reajustar sus actividades dentro de la empresa o desde su sector hacia otros.

Ese esfuerzo de formación y calidad orientado al a mejora de las habilidades de los trabajadores será un elemento adicional y central en el nuevo esquema de transición de los ERTE. Hasta ahora el Ejecutivo había siempre antepuesto los incentivos a la reactivación cuando había un alto porcentaje de trabajadores en ERTE pendiente de reincorporarse en sectores donde la demanda se estaba recuperando progresivamente.

Sin embargo, ahora ya no es un elemento central para el Ministerio en la negociación al haberse activado buena parte de los trabajadores, y en cambio da prioridad a la formación par atajar las fricciones que se puedan haber producido en los sectores y contribuir a la formación de los trabajadores durante el periodo que estén en ERTE para que su reincorporación se haga con cualificación y condiciones mejores que antes.

Los sindicatos piden la prórroga hasta el 31 de enero

En la reunión las partes han planteado sus posturas y el Ministerio ha quedado en presentar un tiempo normativo, al tiempo que se ha consensuado ya que no se va a producir una prórroga automática, sino que habrá que solicitar nuevos ERTE y determinar el mecanismo para hacerlo. Los agentes sociales (patronal y sindicatos) han reclamado en líneas generales el mantenimiento del esquema de exoneraciones actual de los ERTE.

Los sindicatos piden mantener el esquema hasta el 31 de enero, con el acceso a la prestación sin periodo de carencia, el denominado ‘contador a cero’ por el que no computa el periodo consumido de paro en caso de enero hasta enero de 2022, así como una prestación equivalente al 70% de la base reguladora como la existente hasta la fecha. CCOO ha solicitado recuperar la prestación extraordinaria para fijos discontinuos, según fuentes del sindicato.

Fuentes del diálogo social señalan a Economía Digital que casi con toda seguridad en la nueva prórroga se mantendrá la actual prohibición de despedir durante seis meses para las empresas en procesos de ERTE, algo que desde CEOE llevan tiempo demandando que se elimine.

Esquema actual

La norma vigente recoge tres modalidades de ERTE, que pasa por los destinados a los sectores ‘ultraprotegidos’ y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los ERTE de impedimento de la actividad, y los ERTE de limitación. Los dos últimos tipos se dirigen a los casos de empresas afectadas por restricciones administrativas temporales contra la Covid, como la reducción de aforos o prohibición de apertura.

Se contempla una cobertura del 70% de la base reguladora y exoneraciones de entre el 70% y el 100%. Las empresas en ERTE que siguen sin poder reanudar su actividad sigue alcanzando el 100% para las compañías de menos de 50 trabajadores y el 90% para las de más de este número.

Respecto a los sectores ultraprotegidos, indicados en la lista de códigos CNAE, y a aquellas empresas vinculadas a ellos, las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social son mayores si los trabajadores se reincorporan a la actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y eran del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

En la categoría de ERTES de limitación, para aquellos casos que todavía tienen restricciones a su actividad completa -por aforos u horarios, entre otros- las exoneraciones se mantienen vigentes en el 85% actual e irán decreciendo para llegar al 75% en agosto y septiembre.

Los ERTE han costado 27.000 millones hasta ahora

Actualmente quedan 253.000 trabajadores amparados por los ERTE, 18.000 menos que en agosto, de los que 177.000 están suspendidos de empleo por completo y 80.000 trabajan a tiempo parcial. Por modalidad, 90.000 están en ERTE sin exoneraciones a la Seguridad Social, 160.000 en ERTE exonerados y de ellos 55.000 en impedimento y limitación de actividad y 107.000 en sectores ‘ultraprotegidos’.

Los ERTE han supuesto un coste para el Estado desde su puesta en marcha el año pasado de unos 21.000 millones de euros y el coste de la última prórroga hasta el 30 de septiembre se cuantificaba en unos 2.000 millones (3.400 millones contando con la ayuda por cese a los autónomos), si bien podría haber sido inferior ante la mayor salida de trabajadores de la prevista.

Escrivá ha detallado que el gasto total dedicado entre el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social para proteger a las rentas y los trabajadores durante la pandemia asciende a unos 40.000 millones de euros, de ellos la mitad en prestaciones por desempleo y los otros 20.000 millones se corresponde a los ERTE y a la prestación por cese de los autónomos.

Según ha detallado, unos 7.000 millones se corresponden a las exoneraciones de los ERTE Que abona la Seguridad Social y unos 20.000 millones a prestaciones a autónomos, por lo que el gasto dedicado a los ERTE sería de alrededor de 27.000 millones de euros.

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