El Gobierno prevé subir el sueldo de funcionarios y las pensiones con el IPC

El salario de los 2,7 millones de empleados públicos en España y las pensiones de los más de 9 millones de pensionistas se revalorizarán en 2023 con arreglo al IPC, que podría rondar en torno al 6,1%. Esta es al menor la previsión trasladada por el Gobierno a Bruselas en su Programa de Estabilidad para el periodo 2022-2025.

«A partir de 2023 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos, así como el de las pensiones en línea con la evolución de precios para todo el periodo contemplado«, según informa el Ejecutivo a Bruselas en su documento, remitido este viernes, con el que se da inicio al semestre europeo y el pistoletazo de salida para la nueva fase presupuestaria.

El Ejecutivo contempla por tanto en su cuadro macroeoconómico y fiscal que el próximo año tanto empleados públicos como pensionistas verán revalorizados sus sueldos y pensiones conforme a la inflación, y así se lo hace saber a Bruselas, si bien fuentes del Ministerio de Hacienda señalan a Economía Digital que esta previsión «debe negociarse» con los sindicatos, mientras que en el caso de las pensiones no hay duda de que será así, tal y como ha sucedido este año y se ha establecido por ley en la reforma de las pensiones en vigor desde el 1 de enero.

Es decir, el nuevo escenario macroeconómico está elaborado a políticas constantes, si bien la revalorización de los funcionarios se fija en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como ha ocurrido en 2022, por lo que la cifra variará en función de la negociación con los sindicatos y lo que se decida conforme al margen presupuestario existente de cara a las nuevas cuentas públicas.

De hecho, recientemente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tal y como adelantó Economía Digital hace unos días, que de cara a la revalorización de los sueldos de los funcionarios se apostará por la «moderación salarial», en línea con lo pedido a los agentes sociales para el pacto de rentas ante la coyuntura de alta inflación.

Fuentes gubernamentales aseguran a este medio que se trabajará de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 para lograr un acuerdo salarial para los alrededor de 3 millones de empleados públicos con las organizaciones sindicales representantes, dentro de esa moderación de retribución pedida al sector privado con el fin de evitar efectos de segunda ronda.

Mientras el Gobierno quiere incluir a los funcionarios dentro del pacto de rentas, saca del mismo a los pensionistas, que podrían ver un incremento de sus pensiones del orden del 6,1% el año que viene, mientras que para los funcionarios podría limitarse a alrededor del 2%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugirió recientemente ligar el alza de la retribución de los funcionarios a la del sector privado al señala que en función del resultado de la negociación entre los sindicatos y empresarios para el acuerdo de rentas se vería la evolución y la negociación que se articulará respecto a los trabajadores públicos.

El sueldo de los funcionarios subirá en torno al 2% en 2023

De cualquier forma, el Ejecutivo ha trasladado de forma clara a Bruselas que a partir del año que viene la revalorización será en linea con la evolución de los precios, tal y como le comunicó ya en este mismo. documento en su edición del año pasado, en la que ya trasladó entonces que «a partir de 2022 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de precios».

Tras el incremento del sueldo de los funcionarios un 2% en 2020, el alza se moderó al 0,9% en 2021, mientras que este año ha vuelto a ser del 2%, nivel en el que previsiblemente se mantendrá para el ejercicio 2023, pese a que el Gobierno haya informado a Bruselas de que se subirá con los precios y no sea esa su estimación de inflación.

El Gobierno incorporó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 un incremento del sueldo de los funcionarios del 2% cuando preveía una inflación bastante inferior a la que finalmente se va a producir, que según algunos organismos rondará entre el 6,8% (Funcas) y el 7,5% (Banco de España) de media.

Esta pérdida de entre 4,8 y 5,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo de los funcionarios se sumará a la registrada los años anteriores. Un estudio de (CSIF) concluye que en el periodo 2010-2020 acumularon una pérdida de poder adquisitivo media de entre el 12,9% y el 17,9% desde entonces. CCOO y UGT estima que con las subidas de los últimos años la pérdida ronda el 8%.

Las pensiones subirán en torno al 6,1% en 2023: más de 10.000 millones de gasto extra

Aunque el Gobierno no realiza previsiones oficiales sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC), si recoge en su cuadro macroeconómico una estimación del deflactor del consumo privado, el indicador más aproximado al IPC, y proyecta un repunte del 6,1% para este año. Para los próximos años el Gobierno estima que el deflactor del consumo se moderaría al 2,2% en 2023, al 1,6% en 2024 y al 1,6% en 2025.

De esta forma, ese 6,1% sería el nivel aproximado en el que se revalorizarán de forma segura las pensiones en 2023, ya que la reforma de las pensiones establece una actualización de las mismas con arreglo al IPC medio de los últimos 12 meses en el mes de noviembre. También deberían subir los sueldos del os funcionarios en un nivel similar, a tenor de lo trasladado por el Gobierno a Bruselas.

Ante la elevada inflación de los últimos meses, los principales organismos han avisado en los últimos días del aumento que supondrá la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC en el gasto de las pensiones. Según AIReF, cada punto de inflación adicional supone algo más de 2.000 millones de recaudación adicional, estima la AIReF, por lo que la recaudación podría dispararse este año en 12.400 millones si se cumple su previsión de IPC del 6,2%.

De hecho, en su momento la AIReF ya estimó que la decisión de indexar las pensiones al IPC implica un incremento importante del gasto público en pensiones que estima en torno a 2,7 puntos de PIB en 2050, bajo una hipótesis de estabilidad de precios y crecimiento sostenido del PIB.

Fedea cree que subir pensiones con el IPC disparará el gasto en pensiones hasta el 14% del PIB en 2023, alcanzando los 188.500 millones de euros, y el déficit del sistema de la Seguridad Social quedará comprometido justo antes de la jubilación de la generación del ‘baby-boom’.

El Banco de España es más cauto al calcular que por cada punto adicional de IPC conllevará un gasto de 1.800 millones de euros, si bien al calcular una inflación media del 7,5% el coste total adicional sería de 12.800 millones, y por ello insiste en que habrá que adoptar medidas por el lado de los gastos o de los ingresos. De hecho, pide incluir las pensiones en el pacto de rentas para desligar su revalorización del IPC, a excepción de las mínimas.