El Gobierno prevé extender la rebaja fiscal de la luz, la ayuda a gasolina y el límite al alquiler

Prórroga de buena parte de las medidas del Plan de choque contra el impacto de la guerra. El Gobierno prevé prorrogar otros tres meses las medias para mitigar la inflación y el impacto de la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania ante la insuficiente contribución del tope al precio del gas por su retraso para lograr el objetivo de reducir la inflación ante su incidencia en el poder adquisitivo de las familias.

Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que es «muy probable» que se extiendan por ahora durante tres meses algunas de las medidas más potentes del Plan de respuesta a la guerra, como son la bonificación de 20 céntimos al combustible, la rebaja de impuestos a la luz (prorrogada ya desde el año pasado) y la limitación del 2% en las actualizaciones de las rentas del alquiler.

El principal objetivo a batir actualmente del Gobierno en materia económica es la inflación, y por ello desde Moncloa señalan que se está estudiando la posible prórroga y modificación de medidas recogidas en el Plan de choque de respuesta a la guerra, con la previsión de tomar una decisión definitiva a lo largo del mes de junio, ya que el Plan de choque vence el día 30 del mes que viene.

Además de la bonificación al combustible, la rebaja fiscal de la luz y el límite al alquiler, en Moncloa también contemplan la extensión de ayudas a determinados colectivos, casi seguro a la industria electrointensivas pero no se descarta tampoco ampliar temporalmente las ayudas a los agricultores, ganaderos o transportistas.

Desde el área económica del Gobierno explican a este medio que el motivo por el que es «muy probable» la extensión de las medidas al menos tres meses obedece al fracaso por ahora del Pacto de Rentas reclamado por el presidente Pedro Sánchez, tras la ruptura de la negociación de la subida salarial entre patronal y sindicato, y principalmente por la demora del precio al tope del gas, ya que su efecto para rebajar los precios energéticos y mitigar con ello la inflación será menor del previsto como consecuencia del retraso en su entrada en vigor.

España y Portugal alcanzaron el pasado 26 de abril un acuerdo con Bruselas para la denominada ‘excepción ibérica’ para fijar un tope al precio del gas durante 12 meses con el fin de abaratar el precio en los mercados mayoristas de electricidad. Fue ya aprobado en Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo, y que se iniciará en 40 euros el megavatio hora durante seis meses y se incrementará después, mes a mes, hasta alcanzar un promedio de 48 euros.

Gracias a esta limitación, el precio medio de la electricidad caerá de forma importante hasta el entorno de los 130 euros el megavatio hora en promedio a lo largo del año, frente a los 210 euros del primer trimestre de 2022 y con picos mucho más elevados.

Sin embargo, la medida sigue a la espera de la validación definitiva de Bruselas y su demora forzará al Gobierno a tener que prorrogar las medias del plan de choque, admiten las mismas fuentes, que señalan que de no adoptarse más medidas la previsión del IPC (deflactor del consumo) podría desviarse más allá incluso del 6% previsto.

Bonificación al combustible y rebaja fiscal de la luz: coste extra de más de 8.000 millones de euros

El plan de choque del Gobierno de 16.000 millones (6.000 millones en rebaja de impuestos y ayudas directas y 10.000 millones en avales del ICO) entró en vigor el pasado 30 de marzo con fecha de caducidad el próximo 30 de junio, por lo que el Ejecutivo trabaja ya en calibrar la efectividad de las medidas incluidas en el paquete para decidir si extiende tal cual están o acomete cambios en las mismas para su ampliación.

El precio de la gasolina se ha ‘comido’ ya 11 de los 20 céntimos de la bonificación aprobada, motivo por el que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está supervisando para cotejar que dicha ayuda está llegando a los consumidores y no se la están absorbiendo los operadores para aumentar sus márgenes.  El Gobierno está aplicando una rebaja de 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5.

Fuentes gubernamentales apuntan que el organismo regulador había constatado por ahora que la bonificación se está trasladando a los consumidores, por lo que el Ministerio de Asuntos Económicos y el de Hacienda están analizando los detalles porminorizadamente para decidir si se prolonga la medida tal cual está o se acometen cambios, focalizando la media en los colectivos de mayor consumo de combustible.

La aplicación de la media no ha estado exenta de polémica ante las denuncias realizadas por los operadores y las gasolineras debido al coste de los anticipos y las devoluciones mensuales a realizar por parte de Hacienda. Con todo, la ayuda a la gasolina y el diésel se ha ido sucediendo y en el Gobierno calculan que supondrá un coste de 1.423 millones entre el 1 de abril y el 30 de junio, que al extenderse hasta octubre supondrá otros 1.423 millones (en caso de extenderse al resto del año supondría agregar un coste extra de 2.846 millones de euros).

También está previsto extender de nuevo la rebaja de los impuestos de la luz que se ha ido prolongando desde casi mediados del año pasado ante la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania, una rebaja fiscal que comportará un impacto presupuestario de 7.000 millones hasta el 30 de junio, pero que podría alcanzar hasta los 12.000 millones este año si las medidas se extienden durante todo el ejercicio. Es decir, su extensión tres meses supondrá otros 2.500 millones de euros (otros seis meses costaría alrededor de 5.000 millones de euros), estiman de forma preliminar desde Moncloa.

La prórroga incluye la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras.

La prórroga de estas dos medidas a lo que queda del año supondría un coste de alrededor de 8.000 millones de euros. Pero además también se contempla extender la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC en el caso de grandes tenedores o ante la falta de acuerdo entre propietarios particulares e inquilinos.

La propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sostuvo ayer en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) que tendría «lógica» que el Gobierno mantenga estas medidas de carácter social si no hay cambios en las circunstancias. «Se prorrogarán las medidas que sean necesarias para intentar amortiguar el efecto negativo de la crisis», incluyendo la limitación a alquileres.

El plan de choque de la guerra también incluye un alza del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, 362 millones en ayudas para el sector de la agricultura y la ganadería, 68 millones para el sector pesquero, otros 500 millones la industria electrointensiva y 125 millones para la industria de gas intensiva. Desde Moncloa apuntan que por ahora «no hay nada definitivo decidido» pero admiten que se está barajando también extender estas medidas