El Gobierno presiona a Francia para que baje la luz y no enfrentarse a Bruselas

El Ejecutivo español trabaja a marchas forzadas para contener el recibo de la luz y que el alza de precios no afecte de manera tan dramática a familias y empresas. El Ministerio para la Transición Ecológica es el principal encargado de proponer las medidas que se pueden llevar a cabo, siempre que estén en el marco de las bendiciones que ha dado Bruselas. Aunque en este sentido, la responsable de la cartera, Teresa Ribera, ha dejado claro que llegado el momento se podrían tomar medidas unilaterales. Una situación que, realmente, sería bastante complicado. Por todo ello, los mensajes encriptados en la prensa van dirigidos a Francia y, de esta manera, que no se tomen medidas que puedan acarrear problemas con Europa.

La problemática que afecta al alza de precios está en el gas. Sobre este punto no parece haber discusión, y las palabras de la ministra en diferentes entrevistas que ha ofrecido estos días son claras: “Puede ser que pongamos un precio máximo al mercado eléctrico. Puede ser que pongamos un precio máximo al gas natural cuando vaya a hacer ofertas al mercado eléctrico. Y puede ser que saquemos definitivamente el gas del mercado eléctrico y se construya un sistema mucho más complicado en el que cada tecnología se retribuye con arreglo a sus costes y rentabilidad”; en estos términos se refirió en El Periódico.

Aunque la clave en este asunto se marca en una frase muy concreta: “Si no hay respuesta a tiempo en Europa, tendríamos que plantearnos actuar al margen de Europa”. ¿Pero realmente puede actuar al margen de Europa?

La respuesta genérica es “no”. Pero al parecer, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, lo que puede pretender Teresa Ribera con las declaraciones de los últimos días es meter presión a Francia para que actúe de manera similar. El problema es que España no puede actuar de manera directa sobre los precios del ‘pool’ porque crearía una distorsión el mercado. Eso provocaría que España tendría unos precios más bajo que nuestros vecinos, a costa de empresas o consumidores -a quien se imputen los costes, porque alguien lo tendrá que pagar-, y por lo tanto se exportaría una electricidad barata.

Para que esto no suceda, y España no tenga que enfrentarse a la Comisión Europea, Francia y Portugal deben tomar unas medidas similares. En este sentido, el país galo tiene actualmente unos precios mayoristas que también están por encima de los 200 €/MWh, por eso Teresa Ribera alude en el caso español al argumento de no dejar tirados a empresas y ciudadanos, con el objetivo de que también cale el mensaje en Francia.

Algo similar a lo que ha sucedido en el trato con las empresas. España no puede generar un agravio comparativo con las grandes compañías de otros países que, a su vez, compiten en otros territorios con las empresas españolas. Por eso, si el Ejecutivo español tiene pensado ‘meter mano’ en la caja de las eléctricas, Francia debería considerar hacer lo mismo. Una situación, en este caso, que también se ha puesto encima de la mesa más allá de los Pirineos. Por lo tanto, Teresa Ribera está logrando que nuestros vecinos calquen las potenciales medidas que se quieren adoptar en España.

El problema de la decisión unilateral

Esta presión que está ejerciendo España sobre Francia se entiende en el contexto de que el Gobierno español, por mucho que quiera, o aunque estemos en un estado de guerra, no puede actuar completamente solo.

Es algo que ha dejado muy claro la presidenta de OMIE hace unos días en un congreso sobre energía eólica. Carmen Becerril aseguraba que “no se puede cerrar la frontera energética con Portugal y Francia, en un momento donde en la península estamos en una situación de sequía, y hace escasamente un mes, Portugal restringió la posibilidad de turbinar agua en cuatro cuencas hidroeléctricas”.

Una situación de necesidad mutua que también vale para el país galo. “El intercambio con Francia es una parte esencial no solo de la seguridad del sistema eléctrico español, sino del flujo necesario que debe haber con un arbitraje de precios saludable; por eso, no nos podemos permitir cerrar, que en buena medida es lo que da carta de naturaleza a este mercado continuo donde todo el mundo trabaja para ajustar esas posiciones, y que nos incorpora a cualquier punto de la geografía europea”.

En este sentido, Becerril era muy clara al asegurar que “es bastante difícil que se pueda pensar en adoptar una decisión que pueda romper el modelo de casación de manera unilateral por parte de un país. A pesar de todo, se pueden adoptar muchas medidas poscasación, y se pueden adoptar además medidas que eventualmente ACER (el regulador europeo) debería poner sobre la mesa de manera que todos los países a una tuvieran una respuesta concreta, y por lo tanto asumieran unos criterios concretos”.