El Gobierno recibe la presión de empresas y partidos para lanzar la subasta de energía barata
Hace un año que se tendría que haber llevado a cabo esta subasta, y por el momento sigue sin haber una fecha clara
La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en una imagen de archivo.
El 31 de diciembre de 2021. Esa era la fecha en que tenía que haberse producido la subasta de energía iframarginal, también conocida como ‘energía barata’. Un año después, nada se sabe de ella, pese a ser algo fundamental para las comercializadoras independientes de energía y las compañías industriales. El Gobierno sigue dando largas, y por el momento no hay fecha cerrada -ni aproximada-.
La crisis de precios del sector energético ha generado múltiples frentes abiertos en los que meter mano para bajar los costes. El Gobierno determinó en otoño del año pasado -mediante real decreto- que una opción era obligar a las empresas a subastar parte de su energía, en vez de que todo fuera a parar a sus propias comercializadoras mediante contratos bilaterales. Pero todo se ha truncado.
Sobre esta subasta (de tecnología hidráulica y nuclear), el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a realizar este movimiento antes de diciembre de 2021, pero finalmente no se ejecutó. Y por ahora no hay una fecha clara, y parece que nunca la ha habido. El objetivo era que Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.
Durante meses, los máximos implicados y afectados han reclamado por esta situación. Pero el Gobierno ha hecho oídos sordos. Aunque esas voces aumentan. Tal y como El Periódico de Cataluña, ahora también hay partidos políticos involucrados en esta reclamación. PP, ERC y Junts ya han alzado la voz para que el equipo de la ministra Teresa Ribera active la subasta.
El Gobierno lo estudia
Según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes cercanas al Ministerio para la Transición Ecológica, de momento se estudian todas las posibilidades, y se está trabajando en ello. Algo que también han hecho trascender de manera pública a los comercializadores independientes.
Y es que una delegación de ACIE encabezada por su presidente, Asier Gorostiza, se ha reunido hace unos días con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, para hacerle llegar de forma directa la situación límite en la que se encuentran muchas de las comercializadoras independientes, así como para reclamar la necesidad de acometer modificaciones urgentes en la legislación en vigor, que eviten que la competencia en los mercados eléctrico y gasista haya desaparecido cuando finalmente termine la crisis energética actual.
Sobre la subasta de energía barata, las comercializadoras independientes han hecho hincapié también en la necesidad de que se convoquen ya las subastas de energía eléctrica inframarginal previstas en el Real Decreto-Ley 17/2021, que contribuirían a paliar la grave situación y que, sin embargo, no se están celebrando. La respuesta es que trabajan en ello.
El gran problema es que se reitera el injustificado incumplimiento del Real Decreto-Ley 17/2021 que prevé que un 25% de la electricidad producida por tecnologías baratas, como la nuclear o las renovables, deba ofrecerse obligatoriamente a través de mecanismos de mercado (subastas). Esta Ley no se está aplicando, pese a que estaba prevista su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2022.
Ante la amenaza de esta obligación, los grupos dominantes del sector eléctrico han tratado de esquivar la ley mediante contratos bilaterales con sus propias comercializadoras, sustrayendo la energía más económica del mercado; lo que supone que, para el resto de los consumidores, habitualmente los domésticos y más pequeños, solo quedaría disponible la energía más cara, creándose así clientes “de primera” y “de segunda”.
Un problema añadido
¿Y por qué se ha enquistado la situación? El problema es que las eléctricas nunca estuvieron conformes y, desde el primer momento, han sabido cómo poder escapar de la situación.
La estrategia de estas compañías -pese a la advertencia del Gobierno- ha sido ir firmando contratos bilaterales a largo plazo con un añadido fundamental: una cláusula que advertía a sus clientes (comercializadoras y gran industria) que en caso de que el Gobierno convocase algún tipo de subasta de energía barata ellos podrían variar precios o directamente romper el contrato.
Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP se escudan en que estas cláusulas ya se establecían antes del otoño pasado. En cualquier caso, esto ha provocado que el Gobierno esté entre la espada y la pared; y, lo más preocupante, que en estos momentos no se sepa cuándo se llevará a cabo esta subasta inframarginal.
Si el equipo de la vicepresidenta Teresa Ribera decide llevar a cabo esta subasta, las grandes eléctricas no dudarán en ejecutar esas cláusulas. Esto supondría un duro revés de imagen. Por eso, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, el Gobierno no toma la decisión para no verse metido en otro lío.
