El Gobierno revisará los precios de las licitaciones por el alza del coste de materias primas

El Gobierno ultima unos mecanismos para revisar los precios de las licitaciones adjudicadas en materia de infraestructuras para revertir el impacto del incremento del coste de las materias primas ante la tensión en el suministro de estas materias en las cadenas de valor a escala internacional. 

La preocupación de las grandes compañías trasladada al Gobierno le ha llevado a lanzar el compromiso y comenzar el análisis para tratar de compensar el alza de los costes de las materias primas mediante revisión de los precios en las licitaciones públicas adjudicadas en infraestructuras, según han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales. 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado este viernes que su departamento junto al Ministerio de Hacienda para que se puedan revisar los contratos, sobre todo en Adif, afectados por el incremento desde hace meses de las materias primas para la construcción. 

Se tendrá en cuenta si el alza es coyuntural o temporal

“Nos hemos comprometido a hacer la revisión necesaria para encontrar los mecanismos para poder revertir la distribución de esos riesgos y que sea de una manera justa y proporcionada”, ha explicado Sánchez durante su participación en el XII Encuentro del Sector de Infraestructuras, el Transporte y la movilidad organizado por Deloitte y ABC. 

Eso sí, la revision para el ajuste de precios en las licitaciones que ultima Transportes y Hacienda tendrá que tener en cuenta el margen temporal coyuntural y el estructural, puesto que muchos de los contratos son a la rgo plazo y en el caso del Ministerio del Transportes van más allá de los dos años. 

Desde hace varios meses el repunte constante del precio de las materias primas y de los costes logísticos amenaza las cuentas de las empresas españolas, en un contexto en el que la inflación alcanza ya el 4% y se registran máximos en el precio de la electricidad, con el consecuente impacto en la competitividad. 

No repercutirá la subida del SMI en los contratos públicos

Más allá de esta revisión para los precios de las licitaciones en infraestructuras, fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que el Ejecutivo no repercutirá en los contratos públicos la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada esta semana hasta 965 euros en 14 pagas para los últimos cuatro meses de laño.

Desatiende así la petición de CEOE, que reclama que las empresas adjudicatarias de contratos de las administraciones públicas puedan repercutir el alza del SMI en los precios de dichos contratos mediante una revisión de los mismos, ya que no pudieron hacer lo propio con las subidas históricas de los años 2019 y 2020. 

En la patronal ven una “injusticia absoluta” el hecho de que no se regule para que haya una indexación, ya que este perjuicio ha reducido en gran medida los márgenes de las empresas adjudicatarias y en muchos casos se ha incurrido en pérdidas. 

Actualmente, conforme a la Ley de Desindexación, el aumento de costes salariales, incluidos los casos de un nuevo convenio colectivo, no supone una revisión de las contrataciones públicas, por lo que el alza del SMI acaba siendo absorbido por las empresas prestatarias de servicios a las administraciones públicas, que no sufren ese aumento de costes, ni siquiera en el caso de que se prorrogase la licitación.

Fiscalidad para frenar la contaminación en transporte

Durante su intervención en el acto Sánchez ha indicado en que hay que trabajar por un sistema de transporte “sostenible” y acometer un cambio para lograr el objetivo de la UE de conseguir emisiones cero de efecto invernadero en 2050, para lo que se han integrado las prioridades en la estrategia de movilidad rodada sin carbono, conectada y automatizada del Ministerio. 

Las prioridades pasan por promover la intermodalidad y el trasvase hacia modos y medios de transporte bajos en carbono; reestructurar la fiscalidad para reflejar los costes de las infraestructuras y las externalidades como la contaminación o combatir las emisiones de aviación y navegación con tecnologías y combustibles avanzados. 

Para ello, se acometerán inversiones, frente al “abandono” de las dos décadas pasadas, ya que el Ministerio de Transportes gestiona casi 17.000 millones del Plan de Recuperación, el 25% del total, de los que 7.600 millones serán inversión directa del departamento o sus empresas públicas, sobre todo Adif. 

La inversión en infraestructuras se destinará a proyectos “plenamente justificados” mediante una planificación que incluirá un análisis del coste beneficio de cada proyecto en el que se considere la rentabilidad financiera, económica. Los objetivos detallados por la ministra pasan por terminar la cohesión en los principales núcleos de población y que se haga eficiente y sostenible toda la cadena logística, para lo que se consolidará la transición de la red radial a una red mallada con actuaciones en el corredor Mediterráneo y Atlántico. 

Se busca completar la red ferroviaria para garantizar tiempos competitivos en el ferrocarrril y aumentar su cuota modal de pasajeros del 6,4% al 12% en 2030, así como impulsar el transporte de mercancías ferrocarrril, la “gran asignatura pendiente”, para elevar la cuota del 4% al 10%. 

En este punto, ante el proceso de liberalización ferroviaria ha apuntado que el próximo año habrá tres actores: Renfe Viajeros, por toda la red; Ouigo, que opera el eje Madrid-Barcelona y empezará a prestar servicio en el corredor del Levante, e Ilsa, que arrancará su actividad en la línea de Alta Velocidad Madarid-Barcelona. 

Pago por el uso de autovías: antes de 2024

Asimismo, Sánchez ha vuelto a señalar que el pago por el uso de las autovías “está encima de la mesa”, ya que tras el compromiso del Gobierno en 2018 de que el proceso de liberalizacón de autopistas supusiese el fin de las prórrogas de los concesiones (y en consecuencia de los peajes) abre el debate de cómo mantener la red de infraestructuras. 

En este sentido, ha recordado que de los 27 países europeos en 24 ya está establecido un sistema de pago por uso. “Hay diferentes fórmulas, es lo que estamos intentando definir”, ha apuntado ante la medida que verá la luz antes del 2024, el plazo comprometido con Bruselas. 

La titular de Transportes ha puntualizado que se llevará a cabo el debate con todos los agentes implicados y las comunidades autónomas porque hay que evitar “agravios” entre los territorios y conseguir un sistema “justo y progresivo”.