El Gobierno planea limitar y gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas

Las empresas petroleras y las compañías eléctricas «deben contribuir a la solución final» para reducir los precios de la energía. Este es el mensaje que el Gobierno le ha trasladado a ambos sectores en sendas reuniones esta semana al decidir el Ejecutivo que las petroleras sufraguen la mitad de la ayuda directa de 500 millones de euros a los transportistas y planear limitar e incluso gravar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas.

El Ejecutivo confía en poder cerrar un acuerdo este jueves y viernes en el Consejo Europeo para topar el precio del gas y desacoplar su evolución en los mercados internacionales de los precios de la energía en los mercados nacionales con el fin de bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes, a pesar de las reticencias de países como Alemania y Austria y tras una gira del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para recabar apoyos a la propuesta española.

La importancia de la reunión del Consejo Europeo es notoria ya que del resultado final de la misma dependerá en «gran parte» la «capacidad efectiva» de bajar el precio de la energía a nivel nacional, toda vez que el Gobierno de España ha disminuido ya la fiscalidad en torno a la energía del 33% al 10% y a pesar de ello «el sentir global es que no se nota la bajada del precio real del kilovatio», según ha admitido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en declaraciones a Antena 3.

Y es que, tal y como insisten desde el Gobierno, no es suficiente con medidas nacionales, sino que es necesario una «percha legal» para poder intervenir y sacar el gas del ‘pool’ eléctrico, o al menos topar su precio para que no «contamine» al resto de energías y se estén retribuyendo energías renovables y de otro tipo mucho más baratas al precio del gas actualmente elevado, generando los llamados «beneficios caídos del cielo».

Limitar y gravar beneficios extraordinarios de eléctricas

Preguntada sobre la petición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de fijar un impuesto extraordinario a los beneficios de las compañías eléctricas, Montero ha dicho ser «evidentemente partidaria ante situaciones complejas» com ola guerra en Ucrania.

«Evidentemente en esta coyuntura tanto eléctricas como petroleras tienen que contribuir a la solución final y tienen que aportar, hay muchas formas de hacerlo», ha apostillado Montero, quien ha detallado que en las reuniones con las eléctricas y las petroleras el Gobierno les ha pedido un «esfuerzo».

Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que el PSOE y Unidas Podemos llevan días negociando una reducción parcial de estos beneficios y la formación morada pide también un impuesto extraordinario, como medidas complementarias al desacople del gas o precios fijos por megavatio/hora. Podemos propone también un cheque energético de 300 euros para las familias que no superen los 70.000 euros de renta.

Así las cosas, ha defendido que las petroleras ayuden a bonificar el precio del gasóleo, sobre todo en el uso profesional, para lograr bajar el precio del combustible, al tiempo que sobre los beneficios de las eléctricas ha dejado entrever la intención de limitar los denominados beneficios caídos del cielo e incluso de gravarlos como pide Unidas Podemos.

«No se trata solo de gravar esos beneficios caídos del cielo para que no se aprovechen el resto de energías del precio del gas, sino ser capaces de minimizar esos beneficios y que el mercado se comporte con reglas de juego a precios reales y no artefactados en el precio del ‘pool'». «Entre todos estoy segura de que lo conseguiremos», ha añadido.

Ayuda directa de 500 millones a los transportistas: no se rebajarán impuestos

Ante el undécimo día de paro de los transportistas, que está generando problemas de desabastecimiento que se están sufriendo ya en el sector alimenticio, gasolineras y otros áreas, el Gobierno comunicará en la reunión de este jueves (adelantada un día) con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) la concreción de las ayudas acordadas ya el pasado lunes.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, acompañada de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concretará la ayuda directa por 500 millones de euros para el precio del combustible, a sufragar en la mitad por las petroleras y el resto por las arcas del Estado.

«La única fórmula es la ayuda directa para que el precio del combustible baje», ha afirmado Montero, quien ha descartado que se vaya a rebajar la fiscalidad del combustible, ya que «no es un problema y el sector del transporte no lo demanda» puesto que no serviría teniendo en cuenta que, al ser profesionales, los transportistas pueden deducírselo (el IVA, por ejemplo).

En este sentido, Montero ha recordado que la fiscalidad del diésel y la gasolina cuando es de uso profesional es diferente y, en el caso de los transportistas, ya está en el mínimo que permite la directiva. Actualmente el margen para bajar el impuesto sobre hidrocarburos es muy limitado en España, ya que en el diésel el mínimo exigido por la UE son 330 euros/1.000 litros (33 céntimos por litro), pero en España ya se encuentra en 37,9 céntimos, de forma que el margen de bajada es de apenas 5 céntimos por litro. En el caso de la gasolina el margen disponible es algo mayor, ya que el mínimo exigido por la UE es de 359 euros por 1.000 litros (35,9 céntimos por litro), y en España se sitúa en 47,3 euros, por lo que el margen es de 11,4 céntimos por litro.

La solución de la ayuda directa es similar a la adoptada por Francia, que entrará en vigor el 1 de enero, al igual que en España, ya que las medidas para abaratar el precio del combustible se incluirán en el Plan nacional de respuesta el impacto de la guerra que el Gobierno prevé aprobar el próximo 29 de marzo. El Ejecutivo también ha prometido ya la devolución del gasóleo profesional a nivel mensual, en vez de trimestralmente, y la publicación semanal del índice de variación del gasóleo profesional.

La ministra de Hacienda ha asegurado que «la obligación del Gobierno es llegar a un acuerdo dialogado y consensuado con aquellos que representan democráticamente los intereses del sector», que representa a más del 90% del sector, por lo que el Ejecutivo insiste en sentarse solo con los «legítimamente elegidos», ya que hacerlo con la plataforma convocante (Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías) «rompería las reglas de juego democráticas».

De igual forma, ha defendido la adopción «rápida» de medidas aunque sea el día 29 al precisarse de unos días para sentarse a dialogar y consensuar medidas con todos los sectores, al tiempo que ha dicho ser consciente de que buena parte de los transportistas se sienten «coaccionados» a la hora de sacar el camión y trabajar libremente, pero ha asegurado que el Ministerio del Interior ha desplegado desde el primer día más de 24.000 agentes que se ocupan de la seguridad.