El Gobierno penalizará con hasta 28 euros de cotización a empresas que den de baja temporales

El Gobierno no ceja en su empeño de atajar la temporalidad y planea un nuevo endurecimiento de las cotizaciones que pagan los empresarios del que venía avisando hacía meses. El Gobierno ha propuesto a los agentes sociales endurecer las cuotas empresariales de entre 24 y 28 euros en los casos en los que se den de baja un contrato temporal a lo largo del mes en el que se rescinda dicho contrato.

Esta es una de las novedades del último borrador trasladado por el Gobierno a los agentes sociales en la mesa de diálogo social para la modernización del mercado laboral en la que se acordará la pretendida reforma laboral para su aprobación antes de final de año, tal y como está comprometido con Bruselas.

Se trata de una propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que realizó desde finales del año pasado y que se empezó a concretar en recientes borradores en el marco de la negociación colectiva que busca evitar que las empresas den de baja a trabajadores los fines de semana o en vacaciones, algo que sucede de forma habitual con los empleados extra contratados por ejemplo para bodas, bautizos, comuniones u otros eventos.

Según señalan fuentes de CEOE a Economía Digital, el último planteamiento del Ministerio de la Seguridad Social pasa por endurecer el recargo por dar de baja a contratos temporales incrementando las cotizaciones que pagan las empresas por sus trabajadores con hasta 28 euros, según cálculos del Departamento de Relaciones Laborales de la patronal.

Evitar la no cotización en fines de semana y vacaciones

Fuentes del diálogo social explican que la medida busca penalizar y acabar con el abuso realizado por algunas empresas que dan de baja a sus trabajadores los fines de semana o durante las vacaciones para ahorrarse el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

El pasado mes de diciembre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya avanzó el estudio de una penalización vía tasa para las empresas que diesen de baja contratos temporales de sus trabajadoresdurante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes para evitar pagar las cotizaciones.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social se limitan a apuntar que el documento concreta lo que se aprobó en el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia, en el que se enmarcan los planteamientos iniciales que se han llevado a los documentos de la negociación de la reforma laboral.

Actualmente la Ley General de la Seguridad Social fija un incremento del 40% de la cuota empresarial por contingencias comunes en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, por lo que el Gobierno plantea un recargo empresarial para evitar esos abusos.

No afectará al sector agrario

En el anterior documento, al que tuvo acceso Economía Digital, plantea la modificación del artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social para fijar que “en los contratos de carácter temporal, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará, en el mes en que se produzca la baja del trabajador y por cada una de dichas bajas, en el triple del importe diario determinado por la aplicación del tipo de cotización a cargo de la empresa al tope mínimo de cotización para las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional“.

La fórmula planteada por el Ejecutivo contempla un recargo en la cotización empresarial resultante de dividir la base de cotización mínima de contingencias profesionales (actualmente 1.050 euros, aunque subirá en 2022) entre 30, multiplicar ese cociente por el tipo de cotización por contingencias comunes a cargo de la empresa (23,6%) y ello por tres, lo que arroja un resultado de entre 24 y 28 euros más de penalización.

El pretendido aumento de las cotizaciones, tal y como se señalaba ya en el anterior documento, no sería de aplicación en los casos de trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, que se librarían de la penalización de Escrivá por dar de baja a trabajadores temporales.

Rechazo sindical y empresarial

Tanto los sindicatos como los empresarios muestran cautela al respecto de este planteamiento, ya que la propuesta inicial es catalogada por ambos como “liosa”.

Fuentes sindicales apuntan que la propuesta inicial es “enrevesada” y esperan que se pueda aclarar en estos días, aunque ven con buenos ojos que se intente combatir que las empresas esquiven la cotización de trabajadores temporales en fines de semana y durante el periodo estival a ser una práctica “muy habitual”. A lo que se oponen firmemente en las organizaciones sindicales es al nuevo mecanismo RED de los ERTE al considerar

En CEOE, el vicepresidente y presidente de ATA, Lorenzo ATA, ha criticado que se ponga la «zancadilla» a los empresarios con la subida de cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que fija un alza del 0,6% en las cuotas entre 2023 y 2032 para asegurar las pensiones de la generación del baby boom, ni la penalización de hasta 28 euros cuando es necesario en algunas actividades hacer contratos de solo fines de semana, como para bodas, bautizos y comuniones.

También ha criticado que se impida hacer contratos y adaptarse a la flexibilidad para que empresas y autónomos se puedan adaptar. «El documento no gusta, estoy convencido que a ningún presidente autonómico, alcalde ni responsable de empresa pública le puede gustar que le limiten la temporalidad ocasional al 4%», ha enfatizado. El último borrador de reforma laboral del Gobierno proponer un límite del 4% en temporalidad en pymes y del 8% en la gran empresa, y fija un máximo de tres meses, así como la obligatoriedad de hacer fijo tras el quinto mes.

En esta línea, ha criticado el intento de una «regulación rígida que no permita a los empresarios adaptarse a momentos difíciles», y en su lugar ha defendido que si la normativa laboral actual está «funcionando» con buenos datos de empleo, tal y como presentó ayer Escrivá, «no se entiende que se quieran poner zancadillas» en la regulación.

«Es el momento de facilitar la vida a los empresarios para bajar la tasa de paro y de desempleo juvenil», remarca Amor, quien denuncia que el tejido empresarial español paga un nivel de cotizaciones un 30% por encima de la media europea, lo que hace perder competitividad.