El Gobierno pedirá a Bruselas el segundo pago de 12.000 millones de fondos europeos esta semana

Ya hay fecha para la solicitud del segundo pago de los fondos europeos ‘Next Generation EU’. El Gobierno finalmente va a pedir a Bruselas la segunda remesa de recursos de estos fondos por importe de 12.000 millones de euros, el desembolso más alto de los programados hasta el año 2026.

Tras el primer desembolso de 10.000 millones a finales de diciembre al cumplir 52 hitos, sumado a los 9.000 millones de prefinanciación recibidos en agosto, el Gobierno da por asegurada la validación a la siguiente remesa de hitos para poder recibir el siguiente desembolso de 12.000 millones.

El Gobierno ya ha cumplido los 30 hitos de reformas y 10 inversiones comprometido con Bruselas para este segundo desembolso, según aseguran a Economía Digital desde Moncloa, que prepara una adenda al plan para encarar la solicitud en el primer semestre de hasta 84.000 millones de euros en préstamos.

«Esta misma semana vamos a pedir el segundo pago a la Comisión Europea», ha avanzado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en La Sexta, lo que desde Moncloa anticipan que previsiblemente coincidirá con la presentación del nuevo cuadro macroeconómico y la remisión a Bruselas del Programa de Estabilidad 2022-2025.

Pese al impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, El Gobierno mantiene que el Plan de Recuperación alcanzará «velocidad de crucero» este año. De hecho, el Gobierno se ha propuesto movilizar 266 convocatorias por 24.667 millones de euros en el primer semestre, de ellas 137 convocatorias por 12.340 millones en el primer trimestre y 125 convocatorias por 12.000 millones en el segundo.

Precisamente este jueves Calviño abordará el reparto de los fondos europeos junto a los Ejecutivos autonómicos y a los grupos del Senado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la que asistirán los consejeros regionales del ramo.

Ultima la adenda de 84.000 millones

Nadia Calviño remitió hace unas semanas a las regiones una carta a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas para facilitar la ejecución de los proyectos prioritarios del Plan de Recuperación en sus territorios al concretar los procedimientos y puntos de contacto para los proyectos prioritarios identificados por los líderes regionales. Los ministerios trabajan en la identificación de ampliación de reformas e inversiones e hitos nuevos de cara a la adenada que remitirá a Bruselas antes de julio.

Según la carta remitida a las CCAA, a la que tuvo acceso Economía Digital, el Gobierno estima que España dispondrá finalmente de un total de 69.513 millones de euros en subvenciones hasta 2023, mientras el volumen correspondiente a los préstamos reembolsables se eleva un 20% respecto a la cantidad prevista inicialmente ya que que el importe máximo para cada Estado miembro no excederá del 6,8% de su Renta Nacional Bruta en 2019 a precios corrientes y «en el caso español este importe ascendería a unos 84.000 millones de euros«.

En la misiva Economía recuerda a los ministerios la obligación de cumplir los porcentajes de inversión digital (20%) y verde (37%) y apunta que se priorizará la financiación de inversiones financieras (préstamos, participaciones en capital, garantías y avales), al tiempo podrán incluir inversiones reales a realizar entre 2023 y 2026.

Este año se podrán ejecutar los remanentes del año anterior, para garantizar la inversión del 100% de los fondos, pero los analistas creen que solo se ejecutará la mitad del total de 26.900 millones presupuestados, y ello contando con el ‘efecto bola de nieve’ de los remanentes del año pasado por los fondos no ejecutados.

Apagón informativo

Además de continuar a la espera de la plataforma común de fondos europeos y el registro de los PERTE, el Gobierno sigue sin publicar el dato de ejecución real de los fondos europeos desde el pasado mes de agosto, cuando cifró en apenas 104 millones la implementación. 

El despliegue de los fondos europeos el año pasado estuvo marcado por la polémica ante la infraejecución respecto a lo inicialmente previsto, la ofensiva del PP con denuncias de sospechas de arbitrariedad y las críticas de organismos y empresarios por la lenta canalización a la economía real, pero el Gobierno se marcó el propósito de avanzar en transparencia, control y ejecución este año.

Los últimos datos ofrecidos, a fecha del 23 de marzo, por la vicepresidenta Nadia Calviño muestran que el Gobierno ha resuelto desde el inicio de la ejecución del Plan de Recuperación un total de 520 convocatorias de fondos europeos por un importe de 8.500 millones de euros, con ya más de 11.500 proyectos beneficiarios del plan en más de 6.000 empresas, más de 1.000 entidades locales y más de 2.400 universidades y centros tecnológicos.

En términos de ejecución presupuestaria, relativos a 31 de diciembre de 2021, se autorizaron 22.124 millones, el 91% del total de 24.198 millones presupuestados; se comprometió crédito por 20.973 millones (87%), se reconocieron obligaciones por 19.994 millones (83%) y se realizaron pagos de 11.001 millones, el 45%. Es decir, que se habría ejecutado menos de la mitad de los fondos asignados, aunque lo que llegó de verdad a la economía real habrían sido apenas 3.000 millones, según estimaciones de BBVA Research.

Según Fedea, solo 6.545 millones de fondos europeos habrían llegado a su destinatario final en 2021, un 27,2% del total presupuestado. Según el Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España de CEOE, solo se han ejecutado fondos por valor de 805 millones de euros de casi los 3.000 millones que el estado gestiona de manera directa. Es decir, solo ha llegado el 27% de los previsto a las empresas.

El Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE, Luis Socías, ha denunciado en múltiples ocasiones el problema importante» de coordinación entre las administraciones públicas ante la «excesiva centralización» del plan nacional. Entre los problemas cita la falta de agilidad en la publicación de convocatorias ya que «el sector público apuesta por la estrategia de atomizar convocatorias», a lo que se suma la «ausencia de equilibrio» entre los proyectos grandes y los pequeños, la falta de conocimiento del funcionamiento, sobre todo por parte de pymes y autónomos; el propio diseño de las convocatorias y los plazos y porcentajes de cofinanciación.