El Gobierno recuperará los peajes en 2024, pero pide cambiarles el nombre
El Gobierno presentará en los próximos meses su propuesta para los peajes en las autovías y autopistas que fijará desde 2024, si bien pide cambiarles de nombre y llamarles "tarificación por uso"
El Gobierno implantará un sistema de peajes por el uso de las carreteras en España a más tardar en el año 2024, pero pide que no se utilice ese término peajes y se renombre bajo el concepto de «sistema de tarificación por uso», en línea con otros países.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha vuelto a confirmar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno trabaja para tener listo en «pocos meses» su propuesta para establecer un «sistema de tarificación por uso» con un «plazo máximo de inicio de 2024».
Tal y como ha recordado, este fue el compromiso suscrito por el Gobierno con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, en el que prometió tener listo el nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país antes del 30 de junio de 2022, con el fin de comenzar a aplicarlo en el ejercicio 2024.
Horas antes el secretario general e Infraestructuras del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez, pidió no utilizar el término «peaje» sino el de «tarificación por uso», y defendió la implantación de un sistema que permita sufragar el mantenimiento y conservación de la infraestructura de carreteras, en vez de con «los impuestos de todos los españoles».
El Gobierno argumenta la necesidad de la tarificación por uso ante la existencia de na red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, la más extensa de Europa, con unos costes de conservación crecientes y la imposibilidad de que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios.
Análisis «en pocos meses» y sin «agravios territoriales»
Por ello, el Ministerio de Transportes se encuentra avanzando en los trabajos y estudios para tener «en poco tiempo» una propuesta sobre el pretendido sistema de tarificación por uso con el fin de asegurar el «correcto» mantenimiento de la red de carreteras de alta capacidad, ya anunciado cuando decidió no prorrogar por más tiempo las concesiones de autopistas con peajes.
Sánchez ha explicado que se está acometiendo un profundo «análisis» y «reflexión» con los agentes sociales económicos, principalmente del sector del transporte por su afectación y «preocupación», y que se buscará el «consenso político» para fijar la «mejor opción» y una alternativa que esté «a la altura» para el futuro sistema.
El nuevo sistema, según ha aseverado, no generará «agravios territoriales» y se tratará que sea «justo y sujeto al consenso con los agentes sociales, económicos, territoriales y con las comunidades autónomas». «La previsión es poderlo presentar en unos meses y el compromiso con la CE es un plazo máximo de inicio de 2024», ha precisado.
Entre las opciones que estaría barajando el Gobierno figura una tarifa fija para un periodo determinado de tiempo mediante un peaje basado en una viñeta, un pegatina similar a la de la ITV o el distintivo medioambiental que se colocaría en la luna de los coches para demostrar que se ha pagado por el uso de cierta carretera.
Este sistema se usa ya en países como Austria, Suiza o República Checa, aunque también se analiza el modelo portugués de pago por kilometraje. En cualquier caso, la titular de Transportes ha defendido la necesidad del sistema recordando que de los 27 Estados miembros que conforman la Unión Europea en la actualidad, 24 de ellos ya cuentan con un sistema de tarificación.
1.000 millones para movilidad sostenible
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha aprobado transferir este mismo año 947,5 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para impulsar la implantación de zonas de bajas emisiones en entornos urbanos, descarbonizar la movilidad y digitalizar el transporte.
En total, se transferirán 1.010 millones de euros para inversiones directas en movilidad sostenible y transporte digital, de los que 62,5 millones se trasladarán el año que viene, según ha dado cuenta la ministra. Serán para mejorar la calidad del aire, reducir emisiones y ruidos e impulsar el transporte público y las zonas de bajas emisiones.
Con estas partidas se financiarán hasta el 100% de las actuaciones que se ejecutarán prioritariamente en municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia.