El Gobierno aplazará el pago por uso de las carreteras para contentar a los transportistas
Se trata de un debate que el Gobierno quiere esconder debajo de la alfombra todo lo posible, aunque en algún momento se tendrá que tratar
Movilización de transportistas. EFE/Román G. Aguilera
El paro del transporte parece que llega a su fin. Después de que el Gobierno haya presentado una larga lista de contraprestaciones para que los transportistas vuelvan a la actividad, y que éstos vayan asumiendo a regañadientes las propuestas planteadas, sobre todo en materia energética, hay un asunto que ha estado oculto en todo este conflicto. Se trata de un tema ya fue debatido en el anterior amago de huelga el pasado diciembre: el ‘pago por uso’ en la carretera a modo de peaje. Una bomba de la que el Gobierno no quiero ni oír hablar en estos momentos.
Cada incendio a su tiempo, parecen asumir en el Ministerio de Transporte. Después de más de una semana de paros que ha puesto en jaque a la economía española, que además es sacudida a la vez por los altos costes energéticos, las aguas bajarán más tranquilas en el sector del transporte la próxima semana -o al menos en ese sentido se negocia-. Pero el asunto del ‘pago por uso’, mantra europeo de «el que contamina, paga», es otro frente que deben abordar los transportistas.
No obstante, fuentes del sector aseguran a ECONOMÍA DIGITAL que se trata de un debate que el Gobierno quiere esconder debajo de la alfombra todo lo posible. Tanto, que se abordaría en una hipotética siguiente legislatura del PSOE, o el partido que llegue después.
De hecho, para el Ministerio de Transporte se trata de un asunto zanjado. En diciembre de 2021 dejaron claro que no serán los camioneros quienes paguen este nuevo ‘peaje’ público que se debe instaurar en toda Europa en busca de cumplir los objetivos de sostenibilidad -y su financiación, sobre todo-. Por ello, fuentes cercanas a la ministra Raquel Sánchez reiteran en que el pago se repercutirás sobre los cargadores, que son quienes ponen la mercancía en los camiones.
No obstante, situar la pelota en otro tejado no será tan sencillo, puesto que el ‘pago por uso’ lo tendrá que abonar alguien, y si no son los transportista, cosa que también está por ver, deberán ser los cargadores que, de igual modo, pueden pasar parte de la factura a los camioneros; y si no elevan la factura a las empresas, y estos a sus clientes. Se trata de un dinero que irá hacia algún lado. Y puede ser cualquiera.
Un conflicto que deberá salir a la luz
El ‘pago por uso’ en carreteras es un debate que deberá salir tarde o temprano. Se trata de una exigencia de Bruselas para todos los Estados miembro y, por lo tanto, se deberá aplicar. Por el momento, el Gobierno ha decidido que eso sea un debate paralelo a la Ley de Movilidad que prepara y que, curiosamente, lleva semanas de retraso.
Pero que sea un debate paralelo, no significa que no se deba abordar. Y más aún, aunque el Gobierno mantenga su postura de asegurar que eso no recaerá sobre los camioneros es algo que no está escrito. Sobre todo que no caiga de manera indirecta.
Sobre este punto, hace unas semanas era muy claro en una revista sectorial el presidente de la organización Fetransa, Víctor González, al asegurar que «desde el punto de vista económico es una cuestión fundamental para nosotros. Tan importante es el nuevo sistema como el hecho de que no tengamos que asumir todo el gasto nosotros», explicaba González. «Necesitamos que el Gobierno nos asegure que podemos trasladar ese sobre coste a nuestra facturas, porque si no nuestra actividad se verá aún más perjudicada de lo que ya lo está».
Para el presidente de Fetransa, el problema está en que en los últimos 20 años, los profesionales han ido asumiendo todos y cada uno de los sobrecostes, lo que les ha llevado a una situación insostenible. «Alguien que no esté muy familiarizado con nuestra situación podría pensar que la solución sería incluir ese gasto en nuestras facturas, pero si nuestros clientes se niegan a pagar eso, seríamos nosotros los que tendríamos que correr con el sobrecoste».
Es por ello que la Federación pide que se implemente «un régimen sancionador para aquellos cargadores que se nieguen a pagar ese impuesto o un mecanismo que haga imposible que no nos devuelvan esa parte de la factura».
