El Gobierno rechaza subir los sueldos más del 2%: los funcionarios perderán poder adquisitivo en 2022

El Gobierno da ‘carpetazo’ a la aspiración de los más de 2,71 millones de empleados públicos de poder ver mejorada la subida salarial del 2% recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 al descartar un alza mayor que ese para compensar la inflación, por lo que casi con toda seguridad el colectivo volverá a perder poder adquisitivo el próximo año tras haberlo hecho ya este año.

Así lo confirman fuentes gubernamentales y sindicales a Economía Digital tras la primera reunión informal entre la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, y los sindicatos de Función Pública (CSIF, UGT y CCOO), en la que trasladó el aplazamiento a enero del inicio de las negociaciones para la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos.

El el Ejecutivo descartan la posibilidad de que se pueda introducir en el Senado una enmienda para mejorar el alza retributivo del 2% para los funcionarios recogido ya en el proyecto de Presupuestos, pero tanto esa eventual mejora como cualquier otro ante su pretensión de blindar las nuevas cuentas en su paso por la Cámara Alta para finalizar su tramitación la penúltima semana de diciembre y evitar que vuelva al Congreso.

Se trunca así el propósito sindical de elevar el salario de los funcionarios más allá del 2% recogido por el Gobierno en los Presupuestos, tras haberse movilizado con convocatorias de protestas por parte de CCOO y la presentación de enmiendas también por CSIF y UGT a las nuevas cuentas públicas para exigir un alza retributivo del 3,5% el próximo año.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumió el pasado 10 de julio también la cartera de Función Pública y el Gobierno avanzó a primeros de octubre en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas la decisión de incluir en los Presupuestos una subida del 2% del sueldo .

Los sindicatos ven claramente “insuficiente” la subida retributiva y denuncian la decisión del Gobierno de no mejorar la subida salarial para compensar la pérdida de poder adquisitivo tras unos pocos ejercicios en los que venía corrigiendo, por lo que muestran su preocupación por la acumulación de pérdida a la ya de por sí no recuperada del todo en la última década, apuntan fuentes de las organizaciones.

Pérdida de poder adquisitivo del 2% en 2021 y seis décimas en 2022

Los datos no dejan dudas de que, con esa subida del 2%, los empleados públicos volverán a perder poder adquisitivo en 2022 tras haber sufrido ya previamente una merma este año, y es que en 2021 los funcionarios van a perder poder adquisitivo por primera vez desde 2013 por la subida generalizada de los precios. En los últimos año años los trabajadores del Estado han ganado un 5,14%, pero el repunte de la inflación, que en octubre escaló al 5,4%, ha revertido la situación.

En concreto, la pérdida rondará el 2% tras haber visto incrementado su salario en un 0,9% a principio del año, muy por debajo de la media anual del 3% que calcula Funcas, y aún más del 5,5% previsto para diciembre, y. también muy inferior incluso de las desactualizadas previsiones para IPC del Gobierno, que las sitúa en el 1,9% para el conjunto del año.

Para 2022 la situación de pérdida de poder adquisitivo se repetirá, ya que la subida del 2% del sueldo de los funcionarios será insuficiente para compensar la tasa de inflación media anual del 2,6% que calcula Funcas, aunque acabará el año en el 1,1%, con la cautela de la incertidumbre sobre la crisis energética y de materias primas, pero que acabará restando unas seis décimas al poder de compra de los empleados públicos.

CCOO estima que se perdieron entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra durante la crisis anterior, y solo se han recuperado 4 hasta ahora. El portavoz del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, precisó que el sindicato demanda para la actual legislatura un marco plurianual de una subida del 2% anual más un 3% en dos años, es decir, un alza de al menos un 3% en 2022 y en 2023.

CSIF también demanda un incremento retributivo del 3,5% para 2022, fijando además una cláusula de revisión salarial automática vinculada a la tasa interanual del PIB con efectos a 1 de enero
de 2022. También exige la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En UGT plantean un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos, mediante una fórmula como en el anterior acuerdo con distintas variables, como podrían ser el PIB o la evolución del empleo. Desde el Ministerio de Hacienda defienden sin embargo que los empleados públicos han ganado poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, tras las subidas aprobadas del 2,25% en 2019, el 2% en 2020 y del 0,9% en 2021.

Hacienda aplaza las negociaciones a enero

Aunque los sindicatos esperaban que el Ministerio de Hacienda y Función Pública arrancase ya en noviembre las negociaciones con los sindicatos de los empleados públicos tras meses de exigencias por parte de las organizaciones, finalmente el Gobierno ha decidido aplazar a enero la apertura del diálogo social para la mejora de condiciones de los funcionarios, según confirman a Economía Digital en fuentes sindicales.

La postergación de la apertura de una nueva negociación de envergadura para el Gobierno se debe al contexto actual de complicadas negociaciones sobre la reforma laboral y las pensiones. Fuentes gubernamentales explican que Hacienda trabaja también para presentar el primer documento sobre la reforma de financiación autonómica y se ha optado por aplazar un poco el ‘melón’ de los funcionarios.

Además de la subida salarial (frustrada ya) de al menos el 3,5% que exigen los sindicatos, las centrales sindicales reclamarán la supresión de la tasa de reposición y CSIF exige la supresión del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público. En la misma línea, CCOO pide recuperar el empleo público perdido y acometer el rejuvenecimiento de las plantillas, en la actualidad con un alto porcentaje en edad próxima a la jubilación.

Los sindicatos piden eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos. En materia de derechos laborales, reclaman la implantación de la jornada de 35 horas y CSIF pide la flexibilización de la promoción interna con un curso selectivo, la movilidad voluntaria como sistema de cobertura de puestos de trabajo y el desarrollo de la carrera profesional.

También se tendrá que abordar el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV para que los interinos con una antigüedad desde 2016 en la misma plaza (cinco años) pasen a ser fijos sin opositar mediante solo un concurso de méritos, lo que ha despertado las dudas al otorgarse a las comunidades autónomas la competencia para su establecimiento, con los consecuentes posibles agravios territoriales.

Igualmente, ven urgente los sindicatos acometer el resto de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), pendiente desde su publicación en 2007, tanto en lo relativo a la garantía de cumplimiento de los acuerdos, como a la mejora para el acceso al empleo público, la obligatoriedad de resolver las ofertas de empleo público (OEP) o la agilización de los procesos selectivos.

Acuerdo en temporalidad

El Gobierno cerró a primeros de julio con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT un acuerdo para la reforma de la temporalidad en las administraciones con el fin de estabilizar el empleo en las administraciones públicas, por el que se harán fijas las plazas de más de 300.000 interinos antes de que acabe el ejercicio 2024.

Otras medidas contemplan que se limitarán los contratos temporales a tres años y se indemnizará con 20 días por año trabajado si se supera ese límite. Una vez que finalice la relación de servicios del personal interino por el cumplimiento del término máximo de tres años para permanecer como tal, esa plaza solo podrá cubrirse por personal funcionario de carrera, salvo en el caso de que el correspondiente proceso selectivo hubiera quedado desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento por interinidad.

Los Presupuestos de 2022 elevan también la tasa de reposición por encima del 100% para todas las categorías y plazas de funcionarios, por lo que se cubrirán todas las sustituciones por cada jubilación o baja y además se creará de nuevo empleo público neto.

En detalle, contempla una tasa ordinaria de reposición del 105%, que se elevaría al 115% en sectores prioritarios, y al 120% en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración local. Fuentes gubernamentales confirman también la intención de avanzar en la negociación de un tercer acuerdo de mejora de empleo público para el periodo 2022-2023, tras los alcanzados con el PP para el periodo 2018-2021.