El Gobierno limita a un día a la semana el teletrabajo de los funcionarios del Estado
Los funcionarios del Estado podrán teletrabajar solo un día a la semana desde octubre, frente a los cuatro fijados durante la pandemia
Una mujer trabaja desde su casa. EFE/Archivo
El Ministerio de Función Pública retomará desde octubre la presencialidad en la Administración General del Estado (AGE) y restringirá, salvo algunas excepciones, el trabajo telemático a los empleados públicos a un máximo de un día semanal, un 20% de la jornada, frente a los cuatro días de teletrabajo que tenían hasta ahora con motivo del Covid.
La nueva resolución entrará en vigor el próximo 1 de octubre y establece también para el 31 de diciembre la finalización del sistema de cita previa, por lo que se recupera la atención presencial, según ha informado CSIF en un comunicado. De esta forma, la resolución sustituye a la anterior consensuada en junio del año pasado con motivo de la pandemia que permitía hasta cuatro días de trabajo en modalidad no presencial de forma «voluntaria y reversible».
Solo se introduce como excepción, en el que la modalidad telemática puede llegar al cien por cien de la jornada, los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia; por motivos de cuarentena; en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas del covid y en el personal en el Exterior en determinadas circunstancias. En este caso, propuesto por CSIF, se permite tener en consideración las características e incidencia de la pandemia en cada país.
Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan a Economía Digital que se trabaja en una resolución que permita avanzar en la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios públicos a través de una mayor presencialidad de los empleados públicos, siempre respetando las normas de seguridad sanitaria.
Asimismo, Hacienda subraya que hay que tener en cuenta el buen avance de la vacunación, con más del 70% de la población con pauta completa, si bien remarca que se mantendrá la protección de los trabajadores públicos más vulnerables con cáncer o con inmunodeficiencia, así como otros que se prevea y cada departamento tendrá margen para organizarse de acuerdo con sus particularidades, el tipo de servicios prestados y la propia evolución de la epidemia.
Ninguno de los sindicatos mayoritarias (CSIF, CCOO y UGT) ha suscrito la resolución al considerar que no reúne los requisitos necesarios para garantizar que se den las mejores condiciones para la vuelta al trabajo presencial de los empleados públicos de la AGE.
Fin de la cita previa desde el 31 de diciembre
Además, para los empleados que seguían optando por la modalidad presencial se estableció que los usuarios deberán concertar una cita previa y que las oficinas de la Administración contarán con límites de aforo del 50% para garantizar las medidas de distancia física y de higiene que estipula el Ministerio de Sanidad.
Sin embargo, con motivo de la evolución de la pandemia Función Pública ha optado por retomar la actividad normal y establecer el fin de la cita previa desde finales de año, de forma que desde el inicio del nuevo año 2022 no será necesario solicitar una cita previa para poder acudir a las oficinas de la Administración General del Estado para ser atendido.
En el último año la Administración ha incrementado el uso de medios telemáticos y ha priorizado la atención telefónica en el caso de los funcionarios que han prestado servicios de atención al público y han optado por el teletrabajo.
Reuniones presenciales y vuelven los viajes
La resolución también introduce otros aspectos relevantes, ya que las reuniones serán presenciales con carácter general o en modo mixto, mientras que hasta ahora se fijaba la conveniencia de que fuesen de forma telemática; al tiempo que se levanta la prohibición a los viajes, aunque se seguirá dando prioridad a la videoconferencia.
Además, los cursos priorizarán los medios telemáticos, y las pruebas selectivas continuarán su tramitación también incentivando los medios telemáticos. Por último, CSIF llama la atención de que mientras que la resolución obliga la presencialidad de las plantillas no garantiza este modelo en el diálogo social.
Los sindicatos no firman: «No se garantizan las mejores condiciones para la vuelta»
En cuanto al rechazo sindical a la resolución, CSIF considera que no se dan las condiciones idóneas para la vuelta a la presencialidad, propone un modelo de 40% en presencia física y 60% en trabajo telemático (3 días a la semana) con un criterio similar al que se ha acordado para la etapa de normalidad, una vez finalizada la pandemia, pendiente de trasladar a la norma correspondiente.
La propuesta de CSIF es conforme con la Ley 2/21 que, en su artículo 7.1e, indica que deben adoptarse medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del teletrabajo. A su juicio, de esta manera se podría retornar a la presencia física con máximas garantías de seguridad de todos los empleados públicos y permite desarrollar el trabajo telemático que ha sido «muy positivo» en la Administración General del Estado.
El sindicato defiende que la Administración debería poner en valor la experiencia positiva que ha supuesto el desempeño del trabajo en modo telemático que durante los meses de pandemia ha garantizado el funcionamiento de la Administración y el mantenimiento de prestaciones a los ciudadanos en ámbitos como el Empleo, la Hacienda Pública o la Seguridad Social.
Por ello, pide al Estado elaborar sin dilación la norma que plasme el acuerdo de teletrabajo en la AGE que será de aplicación en condiciones normales cuando termine la actual crisis sanitaria. También denuncia que la vuelta a la presencialidad se va a realizar con unas plantillas «bajo mínimos», ya que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por ejemplo, rescindirá el contrato de otros 500 interinos a finales de este mes y a finales de año habrán salido las 1.500 personas que se contrataron de refuerzo por el covid.
La falta de personal también tensiona otros servicios de la Administración General del Estado, avisa CSIF, que señala que se trata de un ámbito que se encuentra bajo mínimos y que requiere un plan estratégico para garantizar su viabilidad, teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas y las miles de personas que se jubilarán en los próximos cinco años.
UGT Servicios Públicos tampoco ha firmado la resolución propuesta por el Gobierno para regular el teletrabajo en la Administración General del Estado y ha pedido a Función Pública que aplique el acuerdo firmado el pasado mes de abril entre el anterior ministro de Función Pública y los sindicatos, que permitía un teletrabajar tres días a la semana.
En este sentido, denuncia la demora que se está produciendo en la regulación, a través de un real decreto, de esta modalidad laboral en la AGE, cuando se tienen todas las premisas necesarias para llevarlo a cabo, como la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. UGT manifiesta su desconcierto ante la actitud de la Administración, que «cambia constantemente de criterio, llegando incluso a plantear su intención de hacer desaparecer la modalidad no presencial de prestación de servicio».
CCOO tampoco ha suscrito la resolución porque no le convence el texto presentado en «prácticamente ninguno de sus aspectos», a pesar de que llevaba tiempo demandando una nueva resolución ante la evolución de la pandemia, según ha indicado a Economía Digital la secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en el sector de la Administración General del Estado, Carolina Frías.
