El Gobierno limita la prohibición de despedir a empresas con ayudas y en ERTE

Prohibición del despido muy limitada. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha vuelto a salir con la suya al poner límites al intento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de recuperar la prohibición del despido objetivo en el Plan de choque contra la guerra de Ucrania que aprobará el Consejo de Ministros este martes.

Finalmente el Ejecutivo circunscribirá las medidas para evitar los despidos entre el 1 de abril y el 30 de junio a la prohibición de despedir en el caso de las empresa que reciban algunas de las ayudas públicas programadas para mitigar el impacto de la guerra o los créditos avalados por el ICO, así como en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y del nuevo mecanismo RED cuya activación se va a acelerar, según confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó en el acto de este lunes por la mañana en el que desveló buena parte de las medidas del Plan de choque que «se tomarán medidas para proteger el empleo evitando el despido y además las empresas podrán acudir a medidas de flexibilidad interna como los ERTE», sin llegar a concretar si se prohibirán todos los despidos como pretendía la vicepresidenta Yolanda Díaz.

«El mandato del presidente ha sido claro: no tenemos que despedir a nadie, que hay que ir al mecanismo ERTE y en caso de que se haga un mal uso de ese mecanismo tendrán que devolver las ayudas», apostilló más tarde Díaz al respecto en declaraciones al salir del acto de Sánchez.

Díaz pretendía recuperar esta prohibición aprobada al inicio de la pandemia con gran polémica y rechazo empresarial en los casos de empresa que argumentasen los despidos con el pretexto de la afectación de la guerra. Su intención era prohibir los despidos objetivos (indemnizados con 20 días por año trabajado), quedando solo la posibilidad de despido improcedente con una mayor indemnización (33 días por año) o la readmisión si se considerase por un juez nulo el despido.

Sin embargo, tal y como había adelantado este medio, la prohibición del despido se acotará únicamente a las compañías que perciban ayudas y los casos de empresas en ERTE. Con la reforma laboral aprobada a finales de 2021 ya se incluyó la prohibición de los despidos durante seis meses en los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el los nuevos ERTE cíclicos y sectoriales del Mecanismo Red, frente al rechazo de ambas medidas por parte de las patronales empresariales.

Calviño vuelve a imponerse

Lo cierto es que una vez más el parecer de la vicepresidenta Nadia Calviño ha vuelto a imponerse frente a las pretensiones del ala de Unidas Podemos encabezado por Yolanda Díaz. La propia Calviño ha dejado claro en su intervención en el acto de clausura de la Asamblea General de ATA que las empresas que reciban las ayudas directas no podrán destinar esas ayudas para simultáneamente con las mismas causas abordar procesos de despidos .

En ese mismo acto, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha reprochado a la vicepresidenta Calviño presente en el mismo que algunas de las medidas laborales se hayan establecido «sin consenso y sin diálogo de patronales y representantes empresariales». 

Y es que, tal y como adelantó Economía Digital, las pretensiones de prohibición del despido objetivo por parte del Ministerio de Trabajo han provocado el malestar de los empresarios al considerar una «jugarreta» que se apruebe sin consultarles y tras haberse dado luz verde a la reforma laboral pactada.

CEOE y Cepyme emitieron el pasado miércoles, tras una acalorada Junta Directiva, un comunicado en el que exigían al Gobierno que «clarifique y detalle con la máxima urgencia las medidas que prevé adoptar para poner freno a la elevación de costes energéticos y a la espiral inflacionista»; así como al bloqueo de las carreteras por la huelga de transportistas, que está ocasionando ya desabastecimientos a la población y paralizando la actividad económica, y que, como resultado, «amenaza con una gran crisis económica y social».

El límite a la bajada de sueldo y la ayuda de 300 euros también se quedan fuera

Lo que finalmente se ha quedado aparcado es la medida de impedir las bajadas de salarios que también impulsaba el Ministerio de Trabajo. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz confirman a Economía Digital que no se incluye esta medida para respetar la negociación de los salarios que mantienen actualmente patronal y sindicatos.

Díaz había sido insistente también con este punto ante el dato de beneficios récord de 64.000 millones de euros de las empresas cotizadas en Bolsa española. «Nadie entendería que en una situación de crisis las empresas con beneficios récord le bajaran los salarios a los trabajadores; el esfuerzo tiene que ser colectivo», defendió la vicepresidenta hasta que finalmente se ha quedado al margen la medida.

Entre tanto, el pacto de rentas para controlar las subidas de salarios y los beneficios y dividendos empresariales tampoco irá por ahora en el Plan de choque. Fuentes del diálogo social confirman a Economía Digital que el nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva (AENC), que sindicatos y patronales negocian paralelamente, se pospondrá más allá del día 29 de marzo al haberse quedado paralizado dada la emergencia de las medidas para hacer frente al impacto de la crisis energética y la inflación en numerosos sectores, en medio del paro de los transportistas.

Otra de las medidas que se han quedado fuera y que ha lamentado la ministra de Agenda 2030 y Derechos Sociales, Ione Belarra, de un cheque ayuda de 300 euros para todas las familias que ingresen menos de 70.000 euros al año que proponía Podemos, pero con todo ha valorado el aumento del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por ser una «ayuda muy importante», aunque quede «lejos» de su planteamiento.

Límite del 2% en la actualización de todos los alquileres

Asimismo, en materia de vivienda, de forma excepcional y con el fin de evitar una subida de alquileres que perjudique a los arrendatarios, se fijará un límite del 2% en las revisiones de los precios de los alquileres durante los próximos tres meses.

Esta subida se aplicará en todos los casos, y no solo en el de grandes tenedores, según confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales, después de que la tasa interanual del IPC en febrero cerrase con un alza del 7,6%, y el que se publique en marzo por el INE referido al mes de marzo reflejará un alza muy superior al 8%, lo que supone que la medida contendrá en más de cinco puntos el precio de los alquileres en las actualizaciones de los contratos que toquen en estos tres meses.

Según cálculos de Idealista, la aplicación del límite del 2% a los alquileres medios en marzo supondrá que la subida nacional se topará a en torno 14 euros (168 euros anuales), muy por debajo del aumento medio de alrededor de 85 euros mensuales (más de 1.000 euros al año) que conllevaría la vinculación al IPC en ciudades como Madrid o Barcelona, según cálculos de Fotocasa.