El Gobierno rechaza tocar el IRPF por la inflación e insiste en subir impuestos esta legislatura

Ni adaptación del IRPF a la inflación, ni más bajadas de impuestos. El Gobierno no contempla por ahora adoptar más medidas de calado que alivien el impacto en el bolsillo de los españoles que está produciendo la crisis energética por la guerra de Ucrania, pero en cambio mantiene en la sombra sus planes de acometer esta legislatura una reforma fiscal que elevará en buena medida los impuestos.

Así lo señalan fuentes gubernamentales a Economía Digital y lo dejó entrever la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa para detallar los datos de ejecución presupuestaria de cierre de 2021, cuando el déficit bajó del 10,8% al 6,76% del PIB gracias a la recaudación y precisamente también a la inflación.

El Ministerio de Hacienda descarta definitivamente adaptar el IRPF a la inflación como reclaman desde la oposición el PP o Ciudadanos u organismos como el Consejo General de Economistas, por lo que los trabajadores pagarán de más alrededor de 100 euros por contribuyente de lo que deberían por sus ganancias reales.

En Moncloa consideran que el «ambicioso» Plan nacional de respuesta al impacto económico de la guerra de Ucrania permitirá reconducir la inflación a la mayor brevedad y ello permitirá mitigar el impacto de la actual crisis energética y de precios, lo que permitiría frenar el impacto en trabajadores y tejido productivo y evitar la adopción y prolongación de la mayor parte de las medidas del plan.

Con un rechazo frontal a rebajar más los impuestos bajo el argumento de que supondría «debilitar el Estado de bienestar y que impere la política del sálvese quien pueda», como acusa el Gobierno al PP, que le reclama una bajada de tributos, el Ejecutivo pide ya a las CCAA que «arrimen el hombro» y pongan sus instrumentos competenciales al servicio de la situación.

Montero avisa ya a las CCAA de que dentro de dos años se verán beneficiadas por el incremento de la recaudación de los impuestos, por lo que pide unidad, y es que Hacienda se niega a bajar más los impuestos tras haber reducido la factura de la luz en un 60% al situar el peso de los impuestos en un 10%, frente al 30% anterior. La recaudación de los impuestos de sociedades van para las CCAA, así como un 58% de los ingresos del impuesto de hidrocarburos, un 50% del IVA, además de que no habrá repercusión negativa en su financiación.

Se aplaza la revisión de beneficios fiscales: reforma fiscal esta legislatura

El Gobierno centra por ahora sus actuaciones en la emergencia de paliar los efectos de la guerra, por eso no contempla por ahora abordar la reforma fiscal al considerar que hay que acompasar cualquier iniciativa en materia económica a la situación del momento, aunque Podemos presiona para subir los impuestos a las grandes rentas y sociedades. «Los dogmas no son buenos en ninguna disciplina, y tampoco en la economía», apostilló Montero al respecto.

Por ello, la Dirección General de Tributos y la Agencia Tributaria están concentradas en velar por el cumplimiento de las medidas del plan de respuesta y en monitorizar cómo impacta en el desarrollo de la recaudación y la economía. Sin embargo, organismos como la AIReF siguen analizando los beneficios fiscales aunque el trabajo de Hacienda al respecto haya quedado momentaneamente en un segundo plano.

Con todo, fuentes del Gobierno y la propia ministra confirman que se seguirá trabajando en la «necesaria» reforma fiscal para instaurar un sistema tributario «progresivo, más justo y que garantice la sostenibilidad del Estado de bienestar», teniendo como referencia los países del entorno a la cabeza en materia de protección social.

Así las cosas, el Ministerio de Hacienda continuará trabajando en la revisión de todos los tributos para acometer una reforma fiscal esta legislatura si las circunstancias lo permiten y se logra frenar el shock energético, la repercusión de las sanciones de la UE a Rusia y no se prolonga en exceso la guerra de Ucrania.

El departamento de María Jesús Montero tomará como base el documento de 788 páginas del comité de expertos designado por Hacienda para la revisión del sistema tributario con 118 propuestas, que se plantea una subida generalizada de impuestos al proponer fijar tipos mínimos en los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones, que obligará a elevar impuestos en la Comunidad de Madrid, revisiones de los tipos reducidos y los beneficios fiscales del IVA, la equiparación del diésel con la gasolina o la creación de un impuesto a los billetes de avión.

En materia de fiscalidad verde, los expertos inciden en la necesidad de avanzar en este ámbito tributario, sobre todo en lo referido a algunos gravámenes, como igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina para cumplir con la directiva europea sobre fiscalidad energética o gravar los billetes de avión, para recaudar hasta 15.000 millones de euros más.

Sin apenas margen para el segundo semestre

Por el momento el Gobierno cuenta con colchón presupuestario suficiente para afrontar el plan de choque de impacto contra la guerra al menos en el primer semestre y espera reconducir la inflación para no tener que prolongar mucho más las medidas, ya que aunque Montero afirma que el Gobierno está «en condiciones» de cumplir con el objetivo de reducir el déficit público al 5% del PIB, fuentes de Moncloa avisan ya de que una posible prolongación de las medidas o recrudecimiento de la crisis podría comprometer el margen existente y repercutir en las ya de por sí desajustadas cuentas públicas.

De hecho, en estos tres meses hasta que venza la mayor parte de las medidas el 30 de junio el Gobierno irá analizando la situación, los efectos de las iniciativas ya adoptadas y si fuera necesario se mantendrían las medidas oportunas. De hecho, fuentes de Moncloa confirman a Economía Digital que se contempla ya extender más allá del 30 de junio medidas del plan de choque como el tope en las actualizaciones de los alquileres o algunas ayudas directas a sectores afectados a pesar de ver «poco margen» presupuestario para la segunda mitad de año.

En concreto, Hacienda se vale del margen fiscal de alrededor de 19.500 millones de euros logrados con el menor déficit de 2021, ya que el año pasado cerró en 81.521 millones, el 6,76% del PIB, por debajo del 8,4% que estimaba el Ejecutivo, lo que le permitirá tener un colchón fiscal’ suficiente para hacer frente a los los 6.000 millones en ayudas directas y rebaja de impuestos, que tendrán reflejo a modo de mayor gasto o menores ingresos en los Presupuestos Generales.

Sobre la incidencia de los nuevos 10.000 millones de créditos avalados por el ICO, Calviño admitió que tendrán «reflejo presupuestario que se corresponda en los próximos años», pero matizó que los créditos dudosos, impagos o deterioro de créditos correspondiente a los avales concedidos por la respuesta a la Covid han sido «muy limitado».

Entre las medidas más destacada del plan de choque figuran una bonificación de 20 céntimos por litro al combustible a todos los usuarios, la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC en el caso de grandes tenedores o ante la falta de acuerdo entre propietarios particulares e inquilinos, un alza del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria electrointensiva y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.

Algunas de las grandes partidas son las referidas a la bonificación del combustible, con un impacto presupuestario de 1.423 millones, o el acuerdo de ayudas para los transportistas por 1.000 millones, o las ayudas de 362 millones a agricultura y ganadería y 68 millones a la pesca.

A ello se suma el impacto presupuestario de 7.000 millones hasta el 30 junio de la extensión de la rebaja de impuestos de la luz incluida también en el plan, que podría alcanzar hasta los 12.000 millones este año. Se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras. 

Es decir, a los 16.000 millones de euros se podrían añadir hasta otros 12.000 millones, y un porcentaje mayor con el paquete de medidas energéticas pendiente de adopción a la espera de las decisiones de Bruselas, lo que podría suponer un impacto presupuestario de cerca de 30.000 millones de euros, unos tres puntos de PIB, por lo que apenas quedaría margen para el segundo trimestre, aunque todo dependerá de la recaudación que se ve beneficiada por la inflación.

Además, el alto IPC disparará la partida de las pensiones en unos 10.000 millones de euros en 2023 al revalorizarse con arreglo a la inflación. Sin embargo desde el Gobierno insisten en que las pensiones seguirán indexadas al IPC y que este gasto extra por el plan de choque no precisará de recortes ni a priori cambios en las previsiones económicas.

En cuanto al aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social recogido en el plan de choque para algunos sectores para un periodo de tres meses, desde el Gobierno sostienen que su efecto sobre las finanzas públicas es «moderado» porque se redistribuyen los ingresos al o largo del mismo periodo de ejercicio presupuestario.