El Gobierno incumple el objetivo de sanear la Seguridad Social por la subida de las pensiones

Uno de los retos del ministro José Luis Escrivá cuando asumió la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones era sanear las cuentas del sistema de la Seguridad Social, o lo que es lo mismo, eliminar el déficit, la diferencia entre los ingresos y gastos. Sin embargo, en los últimos presupuestos de la legislatura este objetivo no se ha logrado. La previsión es que el déficit se sitúe en el 0,5% del producto interior bruto (PIB) en 2023.

El motivo no es otro que la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y su impacto en los precios. «Si la inflación en 2022 hubiera sido la misma que en 2021 la Seguridad Social estaría ya en superávit en 2023», defendió el ministro este lunes. La explicación es que de haberse mantenido durante este año el incremento de los precios de 2021, la subida de las pensiones que incluyen las cuentas públicas hubiera sido mucho menor. Este año, las pensiones se incrementaron un 2,5%, mucho menos que en el próximo ejercicio.

El Gobierno se ha comprometido a subir las pensiones alrededor de un 8,5% en 2023. Tras la aprobación por ley de la revalorización de las prestaciones en función del índice de precios al consumo (IPC), el Estado tiene que afrontar una subida en la misma medida que la media del IPC entre noviembre de este año y diciembre del pasado. En total, los presupuestos generales del Estado asumen una subida de esta partida del 11,4%, porque el Gobierno ha calculado que la cifra de pensionistas también se incrementará. Así, en 2023 se destinarán 190.687 millones de euros al pago de las mismas.

Gastos impropios

Esta partida ha supuesto un descalabro para los planes del Ministerio, que reconoce que se «retrasa la senda de estabilidad presupuestaria» y que los presupuestos generales del Estado «se tienen que reconducir». Por ello, los fondos que el Estado transfiere a la Seguridad Social para hacer frente a los conocidos como «gastos impropios» ascenderán a 19.888 millones de euros.

Además de incrementar los ingresos con las subidas máximas de cotización, de la aprobación del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), del aumento del número de cotizantes y de la revalorización de las pensiones en función del IPC, la asunción de estos gastos por parte del Estado era una de las medidas que planteaba Escrivá para cerrar la brecha entre ingresos y gastos en la Seguridad Social. El ministro cifraba en unos 23.000 millones esta cuantía que el sistema abonaba por pensiones no contributivas, es decir, no vinculadas con las cotizaciones sociales.

No obstante, Escrivá explicó que «ya se han reconocido de forma muy intensa» y defendió que para alcanzar los 23.000 millones que su ministerio había calculado hay «otros elementos generales a tener en cuenta», que no concretó.

Ingresos récord

Pese a que Escrivá no logrará cerrar el déficit de la Seguridad Social en 2023, según sus propias previsiones, sí tendrá ingresos récord. El próximo año, las cotizaciones sociales supondrán el 11% del producto interior bruto (PIB), una cota histórica. En total, los ingresos por este concepto alcanzarán los 152.075 millones de euros. El gasto en pensiones impedirá que la brecha entre ingresos y gastos se cierre y se mantenga en el -0,5%, la misma cifra que el Ministerio prevé para 2022.

Se trata de unos 6.000 millones de euros si se toma como referencia el PIB de 2021. En 2020, primer año de la pandemia, la Seguridad Social terminó el año con un déficit del 1,2% del PIB, una décima menos que en 2019. En 2021, se redujo al 0,9%. La evolución favorable del mercado de trabajo ha mejorado la situación económica del sistema, sin embargo, la presión inflacionista que condiciona el gasto en pensiones ha sido un obstáculo para que Escrivá cumpla con su objetivo.