El Gobierno incluirá una nueva línea de créditos ICO en su plan anticrisis y aplazará vencimientos

Poco a poco se van conociendo más detalles de las medidas del Plan Nacional de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania que ultima el Gobierno para su aprobación el próximo 29 de marzo. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confirmado que el plan de choque incluirá una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permitirá aplazar el vencimiento de los préstamos suscritos en la actualidad por empresas y autónomos afectados por la crisis.

Así lo ha confirmado durante su intervención en una interpelación urgente en el Pleno del Congreso formulada por el Grupo Popular sobre el plan anticrisis, después de que el pasado lunes tras su reunión con los agentes sociales para abordar dicho Plan Nacional de respuesta desvelase que se estaba trabajando en «medias refuerzo y apoyo financiero gestionadas por el ICO«, tal y como han abogado los representantes empresariales y como adelantó hace unos días Economía Digital.

En concreto, ha detallado que el quinto objetivo del Plan de choque será la protección de la estabilidad financiera, por lo que además de medidas para la reducción de los precios y las ayudas a sectores en el real decreto-ley de la próxima semana se incluirá la posibilidad de que las empresas y autónomos más afectados por la situación actual puedan ampliar vencimientos de los préstamos con aval del ICO.

Asimismo, se lanzará una nueva línea de avales del ICO para garantizar la liquidez para el conjunto de la economía y se está trabajando ya con el Banco de España para ampliar también los préstamos de carencia, según ha avanzado Calviño respecto a las medidas que se incluirán en el Plan Nacional de respuesta que verá la luz el día 29 de marzo.

Ayudas y bonificaciones al gasóleo del transporte

Calviño ha explicado que en el Gobierno están pendientes del margen de actuación que permita la Unión Europea para apoyar a las empresas y sectores más afectados, si bien este miércoles Bruselas ha comunicado que permitirá dar hasta 400.000 euros por empresa afectada por la guerra, y ha repasado la batería de medidas aprobadas en materia energética para reducir los precios.

El plan incluye la extensión de la reducción de las rebajas fiscales en la luz, por importe mínimo de entre 10.000 y 12.000 millones este año. Se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras. El coste mínimo es de entre 10.000 y 12.000 millones de euros.

Se ha referido también al trabajo «intenso» con el transporte por carretera para dar «soluciones eficaces» al alza del precio de los combustibles, algo que a su juicio «no pasa por una bajada del IVA ni de los impuestos de los carburantes», ya que «no hay margen» tras haberse rebajado ya la fiscalidad a niveles mínimos, por lo que en su lugar aboga por medidas como la devolución del gasóleo profesional mensualmente. En el sector agroalimentario y la agricultura ha destacado que se ha conseguido el refuerzo de las ayudas de la PAC y del fondo de pesca.

A su vez, ha indicado que se prorrogan medidas de apoyo a colectivos y, en lo referido al refuerzo de la estabilidad de precios, ha señalado que los agentes sociales trabajan con «responsabilidad» para alcanzar un acuerdo de negociación colectiva que podría ser la pieza clave para un pacto de rentas que aporte «estabilidad y confianza» a trabajadores y empresas y evite una espiral inflacionista como la de los años 70 con medidas «inspiradas en las ideas del PP en este momento».

Otros objetivos del Plan nacional de respuesta a la guerra son garantizar suministros, para lo que el Ministerio de Agricultura ha reforzar el suministro en el ámbito agroalimentario; acelerar el despliegue del Plan de Recuperación (este miércoles se ha anunciado la instalación de una gigafactoría en España), el impulso de la eficiencia energética y el refuerzo de la ciberseguridad.

«La guerra no pone en riesgo la rápida recuperación económica y del empleo»

La vicepresidenta primera ha vuelto a afirmar que España está menos expuesta que otros Estados miembros a la guerra en Ucrania, aunque ha reconocido que «está claro que tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento y la inflación», pero ha valorado que los organismos prevén una «ralentización del crecimiento pero sin poner en riesgo la rápida recuperación de actividad y del empleo».

Y es que, según Calviño, la evolución del mercado laboral «continúa siendo muy positiva en el primer trimestre» y se constatan los efectos positivos de la reforma laboral al aumentar el porcentaje de contratos indefinidos al 22% y reducirse los de corta duración. En estos días ha recordado que agencias de calificación como Fitch han situado el crecimiento de España en el 5% (tras rebajarlo), lo que supone un «mensaje de confianza» pese a la «zozobra y el dolor de las imágenes de la guerra».

Con todo, ha apuntado que será en el mes de abril cuando se hará público el cuadro macroeconómico revisado como base para el Programa de Estabilidad que se remitirá a la Comisión Europea, sobre lo que ha asegurado que se seguirá el «principio de la prudencia», de forma que en las previsiones se incorporarán «con toda la incertidumbre» actual toda la información diponible sobre la economía global, la actividad económica y los precios, pero reflejarán también la fortaleza de los fundamentos económicos de una recuperación «muy diferente» a la de crisis anteriores.

En materia fiscal, ha subrayado que la evolución de los ingresos «superó todas las expectativas» y ello pese a «no haberse subido los impuestos», ya que el aumento de la recaudación obedeció a la recuperación económica. Así las cosas, ha adelantado que todo apunta a que el déficit público cerró 2021 «claramente por debajo del objetivo del Gobierno», situado en un 8,4% del PIB, en línea con la ratio de deuda pública, que concluyó el ejercicio en el 118,7% del PIB, frente al 119,5% previsto.

«Hemos cumplido los objetivos fiscales de reducción de déficit y deuda retomando la senda de consolidación que se vio truncada por la pandemia con una política económica y fiscal responsable«, ha apostillado Calviño, quien augura un «crecimiento continuado en la UE con mayor inflación» e insiste en la menor exposición de España por su posición segura en el suministro de gas, una exposición financiera más reducida y comercial limitada.

Al igual que con la pandemia, ha dicho que lo que suceda a partir de ahora dependerá de las decisiones que se adopten y se ha postulado en contra de una bajada de impuestos porque su impacto sería «contrario al que hay que perseguir», ya que ante un shock de oferta se precisan «medidas rápidas y eficaces» que contengan el impacto a la vez que se abre camino a medio plazo a la autonomía estratégica del país en el ámbito energético. La prioridad, ha suscrito, es desacoplar la evolución del mercado eléctrico del alza del gas en el mercado internacional, algo que espera que se consensúe en el Consejo Europeo de este jueves y viernes.