El Gobierno estudia incentivos para que los funcionarios se jubilen más tarde de los 60 años
El Ministerio de Seguridad Social se compromete con CSIF a estudiar la medida para retrasar la jubilación más allá de los 60, a la que pueden optar los funcionarios con 30 años de servicios
El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá. – EFE
El Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones se ha comprometido a estudiar incentivar un 5% anual acumulable al personal de clases pasivas que de forma voluntaria decida prorrogar su vida laboral más allá de los 60 años con el 100% de su haber regulador, en línea con las medidas de fomento del retraso voluntario de la jubilación de la reforma de las pensiones aprobada.
Este es el compromiso realizado por el departamento de José Luis Escrivá a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), tras la reunión mantenida este miércoles entre ambos para trasladarse sus propuestas en materia de pensiones, según asegura el sindicato tras haber realizado un análisis comparativo con las jubilaciones del Régimen General.
Actualmente los funcionarios pueden retirarse voluntariamente una vez cumplen los 60 años de edad siempre y cuando tengan reconocidos al menos 30 años de servicios al Estado o, igualmente, si par alcanzar ese número de años se computan las cotizaciones a otros regímenes de la Seguridad Social. La intención es que se contemple un incentivo del 5% anual para que de forma voluntaria los funcionarios se jubilen más tarde de los 60 años, según apuntan a Economía Digital en fuentes de CSIF.
El otro principal punto de la reunión al que también se ha comprometido estudiar el Ministerio se refiere a favorecer la jubilación anticipada para el personal de la Sanidad, teniendo en cuenta la penosidad de sus condiciones de trabajo.
El retraso en la jubilación aumentaría un 25% la cuantía de la pensión
Según los últimos datos de la Seguridad Social, las jubilaciones voluntarias en el año 2020 se incrementaron en un 21,9% con respecto a la media de 2018 y 2019, ante la incertidumbre creada en el colectivo de funcionarios por el traspaso de las Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda al de la Seguridad Social, ya que, según CSIF, este cambio de competencias y la situación económica han generado el temor de que se puedan producir recortes en la pensión.
Las proyecciones realizadas por CSIF sobre las 10.502 jubilaciones voluntarias producidas en 2020 apuntan a que si el 50% de las mismas hubieran prorrogado su vida laboral, podría haber generado un ahorro para el estado de 49,5 millones de euros.En este sentido, desde el sindicato defienden que la propuesta, además de ser «viable» puesto que no genera gasto, permitiría incrementar hasta un 25% la cuantía de la pensión de los funcionarios pertenecientes a clases pasivas y con ello corregir la «desigualdad económica» con respecto al Régimen General.
CSIF sigue exigiendo el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas con el fin de equiparar su cuantía a las pensiones del régimen de la Seguridad Social. Según explica, en el régimen funcionarial al computarse toda la vida laboral se minora en mayor medida la cuantía de la pensión, fundamentalmente en aquellos casos en que el empleado público ha promocionado a cuerpos superiores. Esta situación provoca una minoración de la pensión de entre un 15% y un 35% en relación al Régimen General.
Jubilación anticipada para el personal de la Sanidad
Por otra parte, CSIF ha reclamado al Ministerio de la Seguridad Social el establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de la jubilación al personal de la Sanidad teniendo en cuenta las características profesionales de determinados colectivos que realizan trabajos de especial penosidad, con efectos sobre la salud, la exposición a riesgos biológicos o químicos, asociados al lugar de trabajo, guardias o trabajo nocturno.
De llevarse a cabo la medida, el personal de la Sanidad tendría una consideración similar a la de otros colectivos que ya tienen reconocido este derecho, con un procedimiento de coeficientes reductores, como ocurrió recientemente con el personal de la Policía Local.
Además, a nivel general, CSIF ha planteado para el conjunto de trabajadores la jubilación voluntaria a los 60 años con un periodo mínimo de cotización de 30 años, así como el 100% de la pensión con un periodo de cotización igual o superior a 38 años para las jubilaciones voluntarias. En caso de tener menos años cotizados, se descontaría un 3% por cada año que reste hasta los 38. Igualmente, plantea que se pueda acceder a la jubilación voluntaria a cualquier edad con un periodo de cotización igual o superior a 40 años.
Con todo, CSIF se ha manifestado en contra de la reforma de las pensiones porque supone un «nuevo recorte a los derechos de los trabajadores» a acceder a la jubilación voluntaria, a partir de los 35 años de cotización, que podrían perder hasta 8.000 euros al año por los nuevos criterios que endurecen las condiciones de la pensión y los tramos reductores.
