El pago milmillonario al Santander ‘se come’ los nuevos impuestos de Sánchez

El pago de 1.000 millones de euros por parte de Hacienda al Banco Santander, en compensación por un litigio que se remonta a 2017, se ha comido gran parte de los ingresos procedentes de los nuevos tributos creados por el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto el de las grandes fortunas como los específicos para la banca y las energéticas.

En total, según los cálculos del Gobierno, los nuevos impuestos aprobados han supuesto 1.633 millones ‘extra’ para la recaudación del Estado, si se incluyen los correspondientes al tributo para los envases de plástico no reutilizables, que entró en vigor el 1 de enero. Con todo, este dinero extra no compensa el agravio que han supuesto para las arcas del Tesoro algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno, que suponen unos 3.861 millones de euros. Ahí están incluidos los 914 millones de euros de medidas asociadas a los Presupuestos Generales del Estado (como el aumento de la reducción general en los rendimientos del trabajo para las rentas bajas); los 688 millones menos por las medidas relacionadas con la energía; y los 963 millones menos por la rebaja del IVA en la alimentación, en vigor desde enero.

Ni las medidas sociales ni tampoco el pago al Banco Santander. En esos 3.861 millones está incluidos «en torno a 1.000 millones [que] se deben a una sentencia relacionada con los DTAs de 2017 de una entidad bancaria en el Impuesto de Sociedades». Si bien fuentes de Hacienda detallan que no pueden hablar de «contribuyentes concretos», la entidad que preside Ana Botín ha confirmado el abono.

El pago se hizo en mayo por en torno a 1.027 millones de euros en concepto de devolución extraordinaria por el Impuesto de Sociedades que devenga la entidad. Esta devolución quintuplica la aportación que tendrá que hacer la entidad por el impuesto extraordinario a los beneficios de la banca (224 millones), cantidad que imputó de manera completa en las cuentas del primer trimestre de este año. El segundo pago del impuesto tiene que producirse ahora, en los primero veinte días hábiles de este mes.

1.600 millones extra

El Gobierno ha cobrado ya 14 millones procedentes del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ISGF), el gravamen que diseñó el Ejecutivo para paliar las bonificaciones a los Impuestos de Patrimonio en las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, apenas el 0,9% de sus proyecciones cuando diseñó el tributo.

El Ejecutivo publicó en junio la orden ministerial que fijaba el modelo para el pago del impuesto, diseñado para unos 23.000 contribuyentes, y establecía que el devengo del impuesto se realizaría entre el 1 y el 31 de julio de este año. El último informe de recaudación, correspondiente a ese mes, incluye la «novedad» de los primeros 14 millones de euros que el Estado ha ingresado en ese concepto.

El Ministerio de Hacienda define en el informe este ingreso como «de carácter residual», en tanto que el cobro, a pesar de haberse hecho en julio, «de acuerdo con el calendario de ingreso la cantidad principal se recogerá en la caja del mes de agosto».

Un impuesto descafeinado

El Gobierno diseñó este tributo como respuesta a las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio que aplicó el Partido Popular en las Comunidades Autónomas que gobernaba el año pasado, después de que una de las primeras medidas de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía con mayoría absoluta fuera eximirlo al 100%. Para acelerar la tramitación, el Gobierno incorporó este impuesto a las grandes fortunas junto con los dos gravámenes específicos para los beneficios extraordinarios de la banca (por la subida de los tipos de interés) y de las energéticas (por los costes disparados tras la invasión rusa a Ucrania y sus beneficios ‘caídos del cielo’).

En concreto, estas dos figuras de nuevo cuño ya han recaudado 1.340 millones: 753 millones por parte del energético y 587 millones por las entidades financieras y de crédito. Según informa Hacienda, estas cifras han sufrido un ligero ajuste en comparación con los meses anteriores (64 y 50 millones) «debido a los ajustes practicados por los ingresos que corresponden al País Vasco y Navarra, ya que estas haciendas también han implementado estos gravámenes en sus territorios».

El impuesto a las grandes fortunas ha sido descafeinado, en parte, según han criticado los fiscalistas y también la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), por las enmiendas aprobadas durante la tramitación en el Congreso. Así, se estableció que la cuota conjunta del IRPF, del Impuesto sobre el Patrimonio y del ISFG no puede superar el 60% de las bases imponibles del IRPF. En ese caso, la cuota se reduciría a un 80%.

Entre un 20% y un 30% menos de recaudación

Pero el tributo a las grandes fortunas incluye en el cálculo la cuota del Impuesto del Patrimonio sin bonificación, por lo que los contribuyentes con residencia en Madrid o Andalucía podrían verse beneficiados, a pesar de no pagar el gravamen. Según denuncian algunos fiscalistas, esto supondría una recaudación de un 20% menos de lo estimado en un principio. Un 50%, de acuerdo con el cálculo de la Airef en su valoración sobre el Plan Presupuestario para 2023 de abril: «Esta reducción de la cuota del ISGF para el caso de que se supere el límite conjunto con el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio, supone una reducción del impacto que el Gobierno cifra en un 50%, por lo que la valoración estimada por la Airef se establece en 635 millones para 2023».

A pesar de ello, desde el Ejecutivo en funciones, tanto el PSOE como Sumar, han defendido la idea de convertir este gravamen (además de los tributos a la banca y las energéticas) en permanentes.

En relación con el Impuesto de Patrimonio, de acuerdo con los datos de Ejecución presupuestaria de las CCAA publicados este lunes, su recaudación ha caído un 30% en comparación con los seis primeros meses del año pasado: 106 millones de euros frente a los 151 millones que ya habían recabado a estas alturas el año pasado.