El Gobierno cuestiona la «imparcialidad» del CGPJ en su informe sobre la Ley de Vivienda

El ala socialista, y con ello el Gobierno al completo, se suma ya al cuestionamiento de la independencia de los jueces en relación con la Ley de Vivienda. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmó este viernes que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde diciembre del año 2018 «puede plantear alguna duda sobre la imparcialidad de sus informes».

Se suma así Sánchez a la denuncia realizada esta semana por Unidas Podemos después de que el pleno del CGPJ rechazara el pasado viernes por. 15 votos frente a seis la propuesta del informe sobre el anteproyecto de la Ley de Vivienda que había formulado el vocal progresista y exdiputado socialista, Álvaro Cuesta, que avalaba la norma aunque detectaba «inconcreciones».

Raquel Sánchez ha mostrado su «respeto total y absoluto» a los informes del CGPJ y, aunque ha asegurado no querer «entrar en la polémica», ha recordado que el máximo órgano de los jueces «desde el punto de vista de su rno renovación puede plantear alguna duda sobre la imparcialidad de sus informes», según ha señalado en una entrevista en TVE.

Mantiene la intención de no cambiar la ley y pide apoyo al PP

Aunque ha dicho que hay que esperar a conocer el contenido del nuevo informe del CGPJ, ha subrayado que este órgano «debería limitarse a analizar tres cuestiones muy concretas», referidas a la modificación de tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil al afectar a los procedimientos de desahucios. Ha defendido de nuevo que la ley cuenta con «todas las garantías» y respeta las competencias autonómicas y el derecho de propiedad.

Hasta ahora Sánchez había evitado valorar la decisión del alto tribunal y se había limitado a apuntar, tal y como ha vuelto a reiterar, que la intención del Gobierno es llevar el texto actual de la ley a aprobación «tal y como lo presentamos», ya que, además, las conclusiones del informe de los jueces son «necesarias pero no vinculantes».

Cierra así en buena medida la puerta a modificar la Ley de Vivienda tras el nuevo informe del CGPJ que los jueces abordarán el próximo viernes –el rechazo al primer informe ha retrasado la aprobación de la Ley de Vivienda a febrero–, con independencia de que a posteriori pueda sufrir algún cambio durante la tramitación parlamentaria.

Y de cara a esa tramitación, ha reclamado un ejercicio de «responsabilidad» a los grupos parlamentarios para que apoyen la norma, con especial ahínco al PP, ya que la formación de Pablo Casado ya ha avisado de que no aplicará la Ley de Vivienda en las regiones donde gobierno. Al PP también le ha reprochado que cuestione la gestión de los fondos europeos al hacer un «flaco favor» a España dada su relevancia, defendiendo que hay unos sistemas de control «muy exhaustivos».

Podemos denunció que detrás están las «élites del ladrillo»

Con sus palabras, la ministra de Transportes se ha sumado a la denuncia realizada esta semana por la coportavoz nacional y responsable de Vivienda de Podemos, Alejandra Jacinto, quien aseguró que «no es descabellado pensar que algo ha tenido que ver la mano invisible de las élites del ladrillo en este cambio de parecer dentro del CGPJ».

Desde Unidas Podemos censuran la alineación entre «sectores conservadores de la judicatura, especuladores inmobiliarios y el lobby del ladrillo» para, frente a los intereses del bloque de investidura y las plataformas sociales, impedir el desarrollo de la Ley de Vivienda.

Los vocales del CGPJ rechazaron el pasado viernes por mayoría el informe del vocal progresista Álvaro Cuesta y acodaron su cambio por otros dos nuevos ponentes (José Antonio Ballestero y Enrique Lucas) para volver a estudiar un nuevo informe el próximo viernes 27 de enero. En las alegaciones al primer informe se cuestionaba cuestiona la competencia del Estado para legislar sobre el derecho a la vivienda que la Constitución atribuye a las CCAA

El borrador del informe rechazado avalaba en términos generales la nueva norma pero aun así detectaba “inconcreciones” en algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, y ponía en entredicho el límite a los precios del alquiler al echar en falta una «justificación suficiente» de la necesidad de las medidas.

Sugería fijar un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas y avisaba de que el límite a los precios incidiría en la elevada carga de trabajo de los tribunales, aunque dejaba claro que es compatible con el derecho a la propiedad en contra de lo que denunciaron CEOE o el PP.