El Gobierno fuerza a las eléctricas a bajar precios con la amenaza de los recortes

Poco a poco van llegando las medidas en materia energética para que familias y empresas noten en sus facturas una disminución de los costes que se han disparado desde que Ucrania fue invadida por el ejército ruso. En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha preparado una serie de acciones donde las grandes eléctricas serán las más expuestas, entre otras cuestiones porque se aplicará una minoración de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’.

Esta cuestión, negada por las empresas y sacada a la luz por el Ejecutivo, se basa en la diferencia que ingresan las eléctricas cuando ofertan en el mercado mayorista sus energías inframarginales (nuclear, renovables e hidro) con respecto al precio de casación que marca el gas, que siempre es más alto. Lo que quiere hacer ahora el Ejecutivo es ampliar la medida adoptada en otoño del año pasado, y que afecte a todo tipo de contratos que se firmen de ahora en adelante.

El objetivo será forzar a las eléctricas a que bajen el precio que ofertan o, en caso de no hacerlo, que la diferencia recaudada vaya para aliviar los cargos de la factura de la luz para todos los consumidores, así lo aseguran fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Lo que quieren observar, advierten, es cómo reaccionan las grandes eléctricas ante estas propuestas.

Así, el Gobierno aplicará una reducción en los beneficios obtenidos por las eléctricas por los altos precios que consiguen en el mercado mayorista por el alto precio del gas en las centrales que no lo usan cuando renueven contratos o firmen nuevos que superen el umbral de los 67-70 euros/megavatio hora (MWh).

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado este martes que esta medida extiende la regla de reducción de los beneficios extraordinarios obtenidos por centrales de generación eléctrica que no consumen gas, pero que sí se benefician de los altos precios que marcan en el mercado mayorista los ciclos combinados que utilizan gas.

Ha señalado que el mecanismo para minorar sus ganancias se les aplicará cuando, al renovar un contrato de electricidad o firmen uno nuevo, el precio que oferten esté por encima de los umbrales que se fijaron en octubre, alrededor de entre 67 y 70 euros/MWh, y se les reducirán la rentabilidad obtenida, al considerar que «están por encima de aquello que es razonable» y sólo pueden ser imputados al desorbitado crecimiento del precio del gas.

Ribera ha dicho que esto se adapta a lo que estableció la Comisión Europea (CE) y a las conclusiones del último Consejo Europeo, que señalaron que no podía haber retroactividad en esta medida, con lo que sólo se recortarán beneficios en la actualización y renovación de contratos que superen esos umbrales, pero no en aquellos que se pudieran haber firmado anteriormente por encima de esos precios.

Las eléctricas, expuestas

De igual modo, otra medida contemplada en el plan es la actualización del sistema de retribución para las renovables acogidas a subvenciones (Recore), con una rebaja de cargos del sistema de 1.800 millones de euros para 2022 y «sin alterar la rentabilidad de las instalaciones».

 En cuanto al bono social, se amplían las empresas obligadas a sufragarlo, se pasa a considerar las personas convivientes (en lugar de familias) acogidas a un mismo tipo de contrato y se aumenta la valoración del IPREM de los que pueden acogerse al mismo (0,3 en el caso de adultos y 0,5 en el de niños), además de una extensión automática para las personas que sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El Ejecutivo prevé que los hogares que reciben el bono social eléctrico crecerán en 600.000 familias y que beneficiará a 1,9 millones de hogares. La norma también contempla su renovación automática, con descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos, que se mantendrán hasta el 30 de junio.