El Gobierno aprueba el fondo público de pensiones que operará desde 2022

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley para la creación del primer fondo público de pensiones, que estará en vigor antes de junio de 2022, como primer paso para el despliegue normativo que quiere acometer el Gobierno con el fin de extender en España los planes de pensiones promovidos por las empresas, frente a los individuales. No obstante, la medida no cuenta con el consenso cerrado con patronal y sindicatos, que harán sus aportaciones a la norma en esta primera lectura.

El anteproyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo aprobado recoge comisiones más bajas e incentivos fiscales con el fin de extender los planes de pensiones de empresas en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial, tras los pasos dados ya por el Ejecutivo en los Presupuestos en detrimento de los planes individuales.

Tras la aprobación en primera lectura, el Gobierno se ha marcado el objetivo de que pase a segunda lectura en el Consejo de Ministros en enero para su presentación en el Congreso como proyecto de ley y lograr su aprobación antes de que finalice junio de 2022, para cumplir la recomendación 16 del Pacto de Toledo, la reforma 5 del componente 30 del Plan de Recuperación y la disposición adicional 40 de los Presupuestos de 2021.

Como novedad fiscal establece una deducción anual de 5.750 euros en 2022 para el colectivo de autónomos entre la suma de deducciones de planes de empleo e individuales, frente a los 2.000 euros actuales.

Fomento de los planes de pensiones de empresas

El Gobierno, tal y como ha subrayado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, considera que no incentivan el ahorro y acaban beneficiando solo a las rentas más altas con los incentivos fiscales, mientras que los planes colectivos orientados a la gran mayoría han quedado estancados, algo que se pretende corregir con la ley para eliminar los «obstáculos» que han dificultado su extensión.

Y es que en España los planes privados colectivos complementan pensiones en apenas algo más del 10% de la población activa ocupada, frente al rango del 25% al 90% que se registra en el resto de Europa, por lo que la norma busca fomentar la creación de nueva previsión social complementaria incardinada en las empresas y facilitar el acceso a los planes de empleo a colectivos que encontraban dificultades en su acceso.

Escrivá ha detallado que los objetivos de la ley son aumentar la población cubierta por los planes de empleo; dar seguridad, confianza y transparencia a los partícipes y empresas; ofrecer productos con menor coste aumentando la eficiencia y trasladar el beneficio fiscal hacia los partícipes.

El borrador trasladado hace un mes a la patronal y los sindicatos fue recibido de forma tibia por los agentes sociales. Las patronales reclamaron una adopción progresiva del fondo público de pensiones y la entrada de las pequeñas gestoras en los mismos. De su lado, los sindicatos advirtieron de que el futuro fondo público de pensiones no será objeto de negociación en el marco de renovación del Pacto de Toledo.

Adhesión de trabajadores, autónomos y funcionarios

El ministro ha explicado que al fondo de pensiones de impulso público podrán adscribirse «muchísimos trabajadores» partícipes en empresas pequeñas y medianas, autónomos y trabajadores públicos en administraciones que no tenían la posibilidad de acceder a estos planes.

Al nuevo fondo público de pensiones, según el borrador al que tuvo acceso este medio hace unas semanas, podrán encuadrarse planes de empresa fruto de negociación colectiva, junto a planes de administraciones públicas, sociedades mercantiles públicas, asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales o mutualidades.

Gestoras mediante concurso: comisiones «muy bajas»

Se propiciará la competencia mediante el desarrollo de gestoras depositarias de estos planes a través de concursos públicos con el fin de que las comisiones sean «muy bajas», como lo son ahora para los planes de grandes empresas, con unas políticas de inversión que deberían alinearse con los principios de inversión responsable y mejoras en prácticas de finanzas sostenibles.

Al respecto, Escrivá ha apuntado que habrá un límite máximo de comisiones en línea con los costes actuales en los planes de empleo, que son «extraordinariamente más bajos», frente al en torno del 1% del coste en los planes individuales, si bien ese límite se fijará cuando las gestoras hagan sus propuestas para que haya competencia a la baja.

Aunque ve «muy difícil» saber el ritmo de expansión, cree que hay un «potencial muy extraordinario» porque los planes de pensiones de empresas no han llegado a «casi nadie» a pesar de sus posibilidades de ahorro. En España uno de cada diez trabajadores tiene acceso a un plan de empleo colectivo, mientras que en el País Vasco, con una «gran tradición» y desarrollo, es uno de cada dos y en países del entorno uno de cada tres o cada cuatro.

Refuerzo de la negociación colectiva: planes simplificados con un paso

De igual forma, se facilita la creación de los planes simplificados, en los que los convenios colectivos de carácter sectorial se convertirán en el instrumento clave de impulso. Se habilita así normativamente a la  negociación colectiva sectorial para que establezca que el plan de empleo acordado se extienda a todas las empresas del sector.  

La creación de estos planes se realizará con un procedimiento más sencillo que el actual, que requiere de hasta siete pasos, ha apuntado Escrivá, detallando que habrá un solo paso y una plataforma digital común, con unas comisiones y un coste «asequible y barato» frente a los planes individuales, que son «muy caros». En lugar de que cada empresa seleccione su propio plan de pensiones, se podrán adscribir directamente al plan simplificado del sector que corresponda.

Control «muy estricto»: habrá representantes de trabajadores y empresarios

También ha asegurado que habrá un control «muy estricto». Así, el Ejecutivo actuará como entidad promotora a través de la Comisión Promotora y de Seguimiento como órgano designado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los ahorros serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única Comisión de Control Especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública.

El titular de la Seguridad Social ha asegurado que habrá representantes de los trabajadores y de los empresarios, con los que se ha discutido la gobernanza, si bien hay «Margen para seguir negociándola».

También se creará una única Comisión de Control Especial compuesta por 17 miembros designados por la Comisión Promotora y de Seguimiento para los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. De los 17 miembros, cuatro serán a propuesta de los sindicatos más representativos, otros cuatro de las patronales y nueve por el Ministerio.

La Comisión Promotora y de Seguimiento será el órgano encargado de fijar y aprobar la estrategia de inversión común de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, formado por nueve miembros funcionarios de carrera (5 del Ministerio de Seguridad Social, uno de Economía, otro de Trabajo, otro de Transición Ecológica y otro de Hacienda). Finalmente no tendrá derecho de veto respecto de las decisiones de la Comisión de Control Especial que atañen a la política de inversión y sustitución de entidad gestora y depositaria.

Fuentes gubernamentales explican que los derechos de veto en gobernanza se han suprimido por sugerencias el diálogo social.

Fiscalidad: deducción de hasta 5.750 euros para los autónomos

El Gobierno ya dio unos primeros pasos en el proyecto de Presupuestos. Las nuevas cuentas mantienen en 10.000 euros la aportación total a los planes de pensiones, pero ‘castiga’ el ahorro privado, ya que reduce en 500 euros, hasta los 1.500 euros el límite de aportación deducible en los planes de pensiones privados, por lo que los trabajadores que contraten de forma directa los planes de pensiones tendrán derecho a una menor deducción.

En cambio, incrementa la aportación máxima de los planes privados de empresa de 8.000 a 8.500 euros. Es decir, aumenta las desgravaciones si se decide ahorrar para la jubilación mediante productos colectivos o planes de empleo. Las gestoras de fondos de pensiones se oponen al considerar que desincentiva el ahorro individual para la jubilación.

Como novedad incorpora ahora para el colectivo de autónomos que la deducción aplicable debe alinearse con la suma de las deducciones de planes de empleo e individuales, de forma que el total anual pasa a ser de 5.750 euros en 2022 frente a los 2.000 actuales.

El Ejecutivo busca así desincentivar el ahorro a través de estos productos de planes de pensiones individuales, que registran un patrimonio de unos 87.000 millones, y fomentar el ahorro a través de planes de empleo, dentro de una empresa (promovidos por la compañía o administración pública de turno), que presentan un patrimonio inferior de 37.000 millones.

Ya en 2021 el Gobierno redujo de 8.000 a 2.000 euros las desgravaciones fiscales en el IRPF de los planes de pensiones privados individuales y elevó de 8.000 a 10.000 euros las que se podrían obtener mediante los planes de pensiones colectivos en las empresas

Precisamente, el cambio de la fiscalidad la introdujo el Gobierno en los Presupuestos vigentes para el actual ejercicio reduciendo a sólo 2.000 euros las desgravaciones fiscales en el IRPF de los planes de pensiones privados individuales y elevando de 8.000 a 10.000 las que podrán obtenerse en planes de pensiones colectivos contratados en el seno de las empresas.