El Gobierno estudia vincular el PIB y la inmigración al cálculo de las pensiones

El Gobierno ha empezado a trabajar a nivel interno en el ministerio y con los primeros contactos informales con el resto de agentes sociales en el diseño del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de equidad derogado. Entre los parámetros que podrían tenerse en cuenta figuran el crecimiento económico o los flujos migratorios a la hora de realizar el cálculo de la pensión inicial, entre otros muchos.

Estas son algunas de las opciones muy preliminares que maneja el Gobierno para el mecanismo, que se tendrá que negociar antes del 15 de noviembre, según han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales y del diálogo social, aunque precisan que se encuentra todo en una fase preliminar. Desde el Ministerio de la Seguridad Social señalan que se tienen que decidir aún los parámetros y que ahora mismo «no hay nada definido» a falta del inicio de las negociaciones, previsiblemente a mediados del mes de septiembre.

Se trata de unos de los puntos más relevantes a negociar después de la aprobación el pasado martes del primer bloque de la reforma de las pensiones al dar luz verde al proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Este acuerdo conlleva la derogación del factor de sostenibilidad fijado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy que suponía un ajuste de las jubilaciones conforme a la esperanza de vida. Ahora, el Gobierno dispone hasta el 15 de noviembre para acordar con el diálogo social el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Este punto ya fue acordado en junio cuando el Ejecutivo alcanzó con patronal y sindicatos (CCOO y UGT) el acuerdo para la primera pata de la reforma de pensiones, y así ha quedado plasmado en el proyecto de ley remitido al Congreso, en el que figura que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional operará a partir de 2027, y será incluido vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de la reforma.

Distintos parámetros

La idea es buscar una fórmula que permita adaptar en buena medida el coste que comportan las pensiones de jubilación a las arcas del Estado para asegurar la sostenibilidad de las pensiones públicas, pero se descarta vincular el cálculo de la pensión inicial a la esperanza de vida como hubiese sucedido con el factor de sostenibilidad, algo que los sindicatos creen que habría mermado en un elevado porcentaje las pensiones.

La pensión se calcula en función de los años cotizados, la edad de jubilación y lo que has cotizado principalmente. Entre los múltiples factores que baraja el Gobierno para el nuevo mecanismo se encuentran la posibilidad de ligarlo también, por ejemplo, al PIB en función del comportamiento de la economía, lo que podría conllevar a su vez medidas correctoras en caso de que se produjese una situación de caída o recesión económica. Algo parecido a lo que sucede con la revalorización de las pensiones, que se ligarán ya siempre al IPC pero si la inflación es negativa, la cuantía de las pensiones queda inalterada. 

Otro de los posibles parámetros es el de los flujos migratorios que el Gobierno podría querer potenciar, ya que podría ser “muy positivo” para aumentar la mano de obra, ante el problema de un colectivo de pensionistas muy grande y la posible falta de trabajadores en activo para poder asegurar la suficiencia del gasto en pensiones y el sistema. 

El nuevo mecanismo que sustituirá al polémico factor de sostenibilidad de la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, ya derogado, deberá estar definido en el momento de entrada en vigor de la ley, previsiblemente el 1 de enero de 2022, aunque no operará hasta cinco años más tarde, en 2027.

El factor de sostenibilidad que pretendía impulsar el Gobierno de Mariano Rajoy emanó de la reforma de las pensiones del PP del año 2013 pero en el año 2018 se aplazó su entrada en vigor al 1 de enero de 2023, finalmente descartada con la derogación aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en sintonía con los agentes sociales.

CCOO y UGT pedirán un estudio sobre la situación

Por su parte, CCOO y UGT inician este jueves los trabajos preparatorios para abordar la estrategia sindical de cara a la nueva negociación con el Gobierno en distintos ámbitos, como el referido a la nueva fase de la reforma de las pensiones y especialmente sobre este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional a negociar antes del 15 de noviembre.

Tras varias conversaciones con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones a lo largo del verano para empezar a diseñas las líneas maestras de cara al nuevo mecanismo, se generaron dudas a los sindicatos y por ello van a solicitar en el arranque de la negociación un estudio pormenorizado sobre la situación del sistema de pensiones y el detalle de las aportaciones de la generación del ‘baby boom’ a la ‘hucha de las pensiones durante su trayectoria laboral, para conocer el gasto y el impacto del colectivo sobre la actividad.

La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, ha explicado a Economía Digital que se pedirá en el seno de la mesa del diálogo social un estudio pormenorizado para conocer los esfuerzos y efectos de las aportaciones de dicha generación y a partir de ahí empezar a diseñar el mecanismo. 

En todo caso, Estévez ha remarcado la importancia de “empezar la casa por el tejado” para poder fijar parámetros sobre los que asentar el nuevo sistema con el fin de “no incurrir en lo que ha pasado en otras décadas que se ha aportado mucho dinero y desgraciadamente se ha gastado en otras cosas que no son las pensiones”. 

Actuar sobre los ingresos

En esta línea, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CCOO, Carlos Bravo, ha apuntado que el Ministerio de Seguridad Social es el que debe definir primero cuál es su objetivo en materia de impacto presupuestario y cuál es el método de la propuesta que quiere desarrollar. “Si la propuesta del Gobierno es manejable, será relativamente sencillo el acuerdo”, ha señalado. 

En CCOO apuestan por seguir actuando sobre el margen de ingresos, al considerar que hay “mucho” margen en cuanto a los tipos de cotización y las bases máximas, y ven más “razonable” abordar los distintos asuntos pendientes de manera conjunto y no una a una, al considerar que de esa forma se tornaría más complicado el consenso. 

A los asuntos pendientes de desarrollo de la primera fase de la reforma de pensiones recientemente aprobada (cotización por ingresos reales de autónomos, viudedad de parejas de hecho o cotización de becarios y mecanismo de equidad intergeneracional) se suman los de la segunda fase, en los que figuran las pensiones mínimas o las bases máximas de cotización. 

Las palabras de Escrivá sobre la generación ‘baby boom’ de las que se retractó

A principios de julio el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, desató una polémica al afirmar que mediante el nuevo factor de equidad intergeneracional la conocida como generación de ‘baby boomers’, aquellos nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la década de 1970, tendrán un ajuste “moderado” en su pensión si no alargan su vida laboral.

Esto provocó, y sigue provocando, el rechazo frontal de los sindicatos y finalmente el ministro se retractó de sus propias palabras ante la polémica suscitada. El ministro aseguró a posteriori que se trataba de una condición que todavía no se había terminado de definir con los agentes sociales y ha atribuido sus palabras a un malentendido y admitió no haber tenido su «mejor día» cuando pronunció las palabras.

En su momento Escrivá ya aventuró que se trataría de una negociación que se prolongará durante meses pero que su objetivo es garantizar el “poder adquisitivo de forma permanente” para todos los pensionistas, tanto los de ahora como los del futuro.