El Gobierno fía el pago de las pensiones a que más españoles trabajen después de los 65 años

El Gobierno aprobó el pasado martes la primera parte de la reforma de las pensiones con una batería de medidas entre las que destaca la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, lo que comportará un aumento del gasto que el Ejecutivo confía sufragar plenamente con el aumento de la tasa de empleo de los mayores de 54 años y el incremento de voluntario de la edad de jubilación, incluso de entre las personas de entre 65 y 74 años.

Siguiendo una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la reforma garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior, es decir respecto de una cifra cierta.

Además, se garantiza que en el supuesto de que la inflación del ejercicio anterior haya sido negativa, las pensiones no sufrirían merma alguna, quedando ese año inalteradas y, como regla adicional, y con el objetivo reforzado de preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y garantizar la suficiencia económica de los pensionistas se realizara una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la revalorización aplicada.

De ello se dará traslado al Pacto de Toledo y dicha evaluación contendrá una propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

El coste de la revalorización de pensiones con el IPC

Según la memoria del análisis del impacto normativo que acompaña al  anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, a la que ha tenido acceso Economía Digital, la revalorización de las pensiones con el IPC comportará un gasto extra creciente a lo largo de las próximas tres décadas.

En concreto, el Gobierno calcula que el sobrecoste de la revalorización de las pensiones con el IPC respecto a l anterior mecanismo de revalorización de pensiones (PRF) de la reforma de 2013 que se deroga definitivamente alcanzará el 1,4% del PIB en 2030, para subir al 2,3% del PIB en 2040 y llegar a 2,7 puntos de PIB en 2050, cuando se producirá la mayor presión del gasto por la jubilación de la generación ‘baby boom’.

A partir de ese año, calcula el Ejecutivo, disminuye lentamente el coste adicional como consecuencia del descenso en el número de pensiones en vigor, de manera que en 2070 el aumento será de 2,4 puntos porcentuales, un aumento «importante», pero que el Gobierno ve «razonable y manejable» con los instrumentos adecuados.

Y es que de la comparación internacional el Ejecutivo explica que se deduce que el máximo de la tendencia al alza se producirá más tarde que en el resto de países del entorno, el desfase temporal es de casi 10 años. Posteriormente, como sucede en el resto de la UE, se tiene una menor presión de gasto.

Las pensiones subirán un 1,4% en 2023 y un 1,7% en 2024

Esta estimación de gasto realizada por el Gobierno se base en las previsiones sobre el IPC previsto facilitado por la Ageing working group (AWG), que augura un aumento de la inflación del 1,38% en 2022, del 1,69% en 2023 y del 2% en 2024 y los ejercicios siguientes.

Dado que las pensiones se empezarán a actualizar con arreglo al IPC del ejercicio anterior ya de forma oficial desde el próximo 1 de enero, esto supone que las pensiones subirán en torno al 1,4% en 2023, el 1,7% en 2024 y del orden del 2% los ejercicios sucesivos.

Aunque en la memoria del anteproyecto de ley el Ejecutivo no muestra una previsión sobre el IPC anual de este año, el panel de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) augura que los precios podrían subir de media finalmente un 1,6%, lo que comportaría un coste de unos 2.500 millones adicionales al gasto en pensiones.

En cualquier caso, el Gobierno admite que la revalorización según la regla anterior de revalorización de pensiones (IRP) fijada por el Ejecutivo del PP y derogada con la nueva norma aunque no se venía aplicando desde 2018, se lograban «ahorros importantes» al sistema de la Seguridad Social a costa de reducir año a año y de manera «persistente» las pensiones, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo.

Según sus cálculos, el valor de una pensión media habría registrado una reducción del 30% en el caso de pensiones de 1.000 euros al mes y se habría elevado al 50% la pérdida en el supuesto de pensiones de 2.5000euros al mes.

Objetivo: mayor tasa de empleo entre 65 y 74 años

Para poder sufragar el mayor gasto que comportará la actualización de las pensiones con el IPC, el Gobierno subraya que las medidas se deben centrar en aumentar las tasas de empleo de los trabajadores de 55-64 de manera que se reduzca la demanda de la jubilación anticipada, y también fomentar la permanencia en el mercado laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación.

El Ejecutivo remarca que las tasas de población activa y ocupad son menores en el rango de 55 a 64 años y considera que con medidas adecuadas de fomento del empleo y crecimiento económico serían «susceptibles de aumentar» y en consecuencia reducir la demanda de jubilaciones anticipadas.

Pero aún ve más importancia elevar las tasas de activiad y de empleo en el rango de edades de 65 a 74 años, donde son «realmente reducidas», ya que en este colectivo el fomento de su permanencia en el mercado laboral puede tener «más incidencia» y producir el desplazamiento paulatino de la edad real de jubilación.

Así las cosas, en la memoria económica apunta que el informe de AWG 2021 calcula que un aumento de la tasa de empleo de los mayores de 54 años en 10 puntos porcentuales reduciría el gasto en pensiones de manera importante, en torno a 1,4 puntos de pIB en 2030, 2,6 puntos en 2040, 2,7 puntos en 2050 y 2 puntos en 2060.

Esto es así gracias a que hay un retraso en la edad de jubilación que disminuye el gasto, pero sobre todo hay un incremento muy elevado de la fuerza laboral entre 55 y 74 años que genera un aumento del PIB. «Si se alcanza este objetivo se compensaría el aumento de coste que supone revalorizar las pensiones conforme al IPC», sostiene el Gobierno en el informe de la memoria.

Pico de jubilaciones en 2039 y edad media de jubilación de 65,5 años

El informe de la memoria también muestra que la evolución prevista del número de altas de jubilación en un escenario inercial alcanzará su máximo en 2039 con una demanda de jubilación entorno a las 523.000 altas.

La reforma de 2011 estableció el aumento de la edad ordinaria de jubilación en función de los años cotizados hasta los 67 años, respetando los 65 años para carreras largas de cotización. En consecuencia, la edad media de jubilación solo por ese efecto aumentará hasta situarse en un año y medio inferior a los 67 años, una de las edades ordinarias de jubilación.

Es decir, la edad efectiva de jubilación rondará desde finales de la década de 2030 los 65,5 años y ya se estabilizará en ese nivel al menos durante dos décadas más.

No se modificará la edad de jubilación pero se incentivará su demora

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya ha aclarado esta semana que la edad legal de jubilación está establecida y no está en discusión porque «no hace falta tocarla«, tras la polémica por sus declaraciones en las que sostenía que el nuevo factor de equidad intergeneracional que pactará con los agentes sociales antes del 15 de noviembre supondría un recorte de pensiones o trabajar más tiempo para la generación del ‘baby boom’.

En cualquier caso, la reforma de las pensiones aprobada y pendiente de tramitación parlamentaria desde septiembre recoge una batería de medidas para penalizar la jubilación anticipada con nuevos coeficientes reductores y para incentivar la jubilación demorada.

Para aquellos trabajadores que tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, el adelanto de su jubilación 24 meses supondrá una reducción de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes); para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).

El coeficiente reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Con más de 44 años y medio cotizados se tendrá una reducción del 13% por jubilarse dos años antes, pero ésta irá modulándose según se acerque a su edad de acceso a la jubilación y se situará en el 2,81% un año antes.

Eso sí, el Ministerio de Seguridad Social dará de margen hasta el 30 de septiembre para que empresas y trabajadores negocien y alcancen un acuerdo ajustes de plantilla que incluyan jubilaciones anticipadas previstas para más allá del 1 de enero de 2022 para evitar las nuevas penalizaciones.

El acuerdo también contempla para la jubilación demorada aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda.

Los incentivos para prolongar la edad de jubilación pasan por un porcentaje adicional del 4% que se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión.

También se contempla una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas o una combinación de ambas opciones. El pago único oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros.