La disputa del Gobierno con las CCAA ensombrece las medidas de ahorro energético
España ha sido el primer gran país en tomar medidas para recortar el consumo eléctrico, y todo parece diluirse en el debate político
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera / EFE/ Chema Moya
El Gobierno de Pedro Sánchez parece que tiene tomada la medida a ejecutar planes que, en algún momento, terminan por descarrilar. El último ejemplo tiene que ver con las medidas de ahorro energético. Han pasado del triunfo en Europa al lograr contener los recortes propuestos por Bruselas, a que se hayan tomado medidas vía imposición sin convencer a nadie. Y eso que por algunos países europeos se ve con buenos ojos la rapidez que ha tenido España para responder.
En concreto, Greenpeace y Environmental Action Germany –DUH– (agencia que pertenece a la oficina de medioambiente de la Unión Europea) han instado al Gobierno alemán que siga el ejemplo de España a la hora de aplicar las medidas con mayor velocidad posible.
El director general de DUH, Sascha Müller-Kraenner, ha manifestado en la prensa alemana que su país debería seguir de inmediato el ejemplo español y poner fin a ciertas políticas de derroche energético que todavía existen en el país germano. Así, ensalzó las medidas tomadas en España, tanto en la forma como en el fondo, y su rapidez. Y es que, pese a que en Alemania ya están trabajando en los planes; de hecho, antes de que Bruselas se pronunciara, ellos mismos dijeron que irían un paso más allá, la realidad es que todavía no han entrado nada en vigor.
Desde Berlín todavía no existe un plan vinculante para tomar las medidas oportunas. Y eso que Alemania es uno de los países que presenta una mayor exposición al potencial recorte de gas ruso. Las medidas, en línea con las españolas y el resto de países europeos, se encamina al ahorro de electricidad en edificios públicos y oficinas, así como en las grandes industrias.
Europa, un paso por detrás
La mayoría de grandes países europeos tomarán medidas de ahorro energético, pero todavía no hay ningún estado que haya hecho vinculantes estas medidas. En el caso francés, por ejemplo, se trazó un plan de “sobriedad energética” a mediados de julio. Pese a todo, la mayoría de las propuestas todavía se encuentran fase de borrador.
No obstante, Francia es uno de los países que, junto a España y Portugal, tenía menores exigencias de ahorro energético debido a que su dependencia del gas ruso es menor. Por este motivo, no han tenido tanta velocidad en apagar sus luces.
Italia, sin embargo, sí tiene bastante dependencia del gas ruso y, por ahora, tampoco ha activado sus medidas de ahorro. Al igual que España, prevé situar los umbrales térmicos entre los 19º del invierno, y los 27º en verano. Otros países como Polonia o República Checa todavía mantienen en papel sus planes de ahorro.
El frente legal que se abre
Ante escenario, donde España ha cumplido con los deberes como un alumno aventajado, se ha sumado una gestión polémica por parte del Gobierno. Al menos lo ven así desde la oposición y algunas comunidades autónomas (gobernadas por la oposición). Todo es parte de la crispación política que vive el país ante un año electoral, pero la realidad es que una medida necesaria y obligatoria se ha convertido en un problema.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid recurrirá el real decreto-ley de medidas de ahorro energético al Tribunal Constitucional por invasión de competencias. Así lo se lo han comunicado los máximos responsables autonómicos de Energía, Industria y Comercio a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante la reunión sectorial de este lunes.
Era una decisión condicionada a la retirada del texto por parte del Gobierno. Sin embargo, el real decreto-ley de medidas de ahorro energético saldrá adelante tal y como estaba planteado, sí o sí, tal y como ha aclarado la propia Ribera en la rueda de prensa posterior al encuentro telemático.
El único matiz nuevo que se ha introducido -y con el que espera contentar a los más críticos- es que se escuchará las propuestas que tengan que hacer las CCAA. Para ello les han dado de plazo hasta el 31 de agosto, y, posteriormente, se integrarían en el plan de contingencia que se enviará a Bruselas. Pero el RDL no se toca ni se retira.
El argumento esgrimido por el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso es que el decreto «se ha redactado sin contar con nadie; sin evaluar el impacto económico; no es lo acordado en la UE». «Pedimos que se convoque una conferencia de presidentes para abordar el asunto con sensatez».
