El Gobierno engorda en 30.000 millones el gasto en pensiones y lo fía al aumento de la edad de jubilación
El Gobierno estima que la revalorización de las pensiones con el IPC aumentará en 2,5 puntos de PIB el gasto en pensiones hasta 2050 pero prevé una reducción de 1,3 puntos de PIB con las medidas de aumento de la edad de jubilación
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. EFE/ J. J. Guillén
El primer paquete de la reforma de las pensiones preacordado por el Gobierno con los interlocutores sociales (patronal y sindicatos) busca garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y se enfoca sobre todo en el periodo temporal de finales de la década del 2040, cuando se jubilará la conocida como generación ‘baby boomers’, pero la medida estrella de revalorización de pensiones con el IPC elevará en 2,5 puntos de PIB (unos 30.000 millones) el gasto en pensiones.
Precisamente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmó este lunes que confiaba en cerrar esta semana el acuerdo sobre las pensiones para un periodo de 25 años, ya que para entonces se estima que la presión del gasto de pensiones será mayor.
Pero lo cierto es que el primer paquete de medidas de la esperada reforma de las pensiones conlleva un aumento relevante del gasto en pensiones en las próximas tres décadas, que el Gobierno cree que se mitigará gracias al aumento de la edad efectiva de jubilación que se logrará con las medidas dirigidas a ello y el resto de iniciativas a acordar y desplegar en el segundo paquete de la reforma.
Así lo aseguran fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en donde consideran que con el nivel de ingresos actual y de gasto propios no tendría por qué visualizarse el déficit actual del sistema de la Seguridad Social, de unos 18.000 millones en la actualidad, en un contexto de un aumento de los gastos por la pandemia en principio transitorios.
La revalorización con el IPC elevará en 2,5 puntos de PIB el gasto para 2050
La principal medida de la reforma garantiza que las pensiones en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior.
Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social cuantifican el gasto de revalorizar las pensiones con arreglo al IPC en unos 2,5 puntos de PIB, el equivalente a alrededor de 30.000 millones, que se produciría en su punto máximo entre 2048 y 2050, justo los años en los que la presión de la jubilación de la generación de ‘baby boomers’ será mayor.
A ello se suma que en caso de un año de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas, es decir, no se compensará el gasto de esa desviación y los pensionistas no tendrán que devolver finalmente lo cobrado «de más» respecto a la devolución que les correspondería efectuar ante la caída de la inflación.
1,3 puntos de PIB fiados al aumento de la edad efectiva de jubilación
En todo caso, está previsto que el Gobierno y los interlocutores sociales realizarán, en el marco del diálogo social, una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la revalorización anual.,que se trasladará al Pacto de Toledo, y contendrá una propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Además, tras proceder a la derogación en 2021 del factor de sostenibilidad fijado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que conllevaba un ajuste de las jubilaciones conforme a la esperanza de vida, se negociará de aquí al 15 de noviembre en el diálogo social “un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”, lo que moderará el gasto.
Igualmente, desde Seguridad Social explican que gracias a las medidas de incentivo para retrasar la edad de jubilación se logrará una compensación (ahorro) de 1,3 puntos de PIB (alrededor de 16.000 millones de euros), a lo que se sumará el impacto de las nuevas medidas del segundo paquete de la reforma, lo que hace que el gasto para dentro de tres décadas será «asumible y sostenible».
Y es que en el Gobierno creen dan por seguro que a partir de los años 2050 el gasto en pensiones empezará a disminuir notablemente y se dejará atrás la presión sobre su sostenibilidad y viabilidad, de forma que se irá reduciendo paulatinamente también la deuda de la Seguridad Social con el Estado, aunque este es un punto que «no tiene importancai» al no computar para el déficit público.
Tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, las estimaciones dependerán mucho de lo que varíe el número de cotizantes y el nivel de pensionistas, así como de la gente que opte por recurrir a los incentivos para atrasar su jubilación anticipada o bien demorar la edad legal de jubilación.
La edad efectiva de jubilación será de 66,5 años en 2050
Para compensar el gasto adicional que se alcanzará en 2050, cuando el número de jubilados alcanzará sus niveles máximos, se contemplan una batería de medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación (actualmente 64,5 años) en dos años para el ejercicio 2050, de forma que se situaría en 66,5 años, aún por debajo de la edad legal de retiro que en 2027 alcanzará los 67 años.
Entre los incentivos a la jubilación de morada se contempla un porcentaje adicional del 4% que se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión.
La reforma también recoge una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas o una combinación de ambas opciones. El pago único oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros.
En cuanto a la penalización por la jubilación anticipada, se contemplan unos coeficientes reductores de entre el 2,81% y el 21%. En detalle, ara aquellos trabajadores que tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, el adelanto de su jubilación 24 meses supondrá una reducción de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes); para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).
El coeficiente reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Con más de 44 años y medio cotizados se tendrá una reducción del 13% por jubilarse dos años antes, pero ésta irá modulándose según se acerque a su edad de acceso a la jubilación y se situará en el 2,81% un año antes.
Gastos impropios: culminación del traspaso con 7.600 millones
Otro aspecto muy destacable es el fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema. Siguiendo la recomendación 1ª, se ha incluido en el documento la culminación de los gastos no contributivos de la Seguridad Social en 2022 y 2023, incluyendo otros 7.600 millones de euros, como garantía del equilibrio del sistema por parte del Estado.
De forma adicional al mantenimiento estable de la transferencia anual ya aprobada para 2021 (13.929 millones de euros), se incrementará esta, en los ejercicios de 2022 y 2023, hasta alcanzar una transferencia que sirva para cubrir todos los conceptos, que totalizaría los 8.647 millones. Fuentes del Ministerio señalaron que no es descartable que se sigan realizando préstamos a pesar del traslado del déficit de la Seguridad Social al Estado en caso de producirse picos de aumento del gasto.
Así las cosas, los siguientes conceptos a incorporar dentro de la transferencia para financiar otros conceptos en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020 son el coste de la pensión de jubilación anticipada involuntaria en edades inferiores ala edad ordinaria de jubilación (2.010 millones); los complementos de prestaciones contributivas, sujetos a límite de ingresos (3.444 millones) y una cuantía equivalente a 1 punto de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva (3.193 millones).
Compromiso de equilibrio financiero
Los conceptos ya financiados por transferencia del Estado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 son la transferencia para la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado de menores (2.785 millones); la transferencia para financiar reducciones en la cotización a la Seguridad Social (1.779 millones); las subvenciones implícitas a REM, SEA u contratos formación (996 millones) y el complemento para reducir la brecha de género (788 millones).
También ha transferido ya la integración de lagunas (450 millones); la jubilación anticipada sin coeficiente reductor y sin cotización adicional (371 millones); las pensiones en favor de familiares (373 millones) y una cuantía equivalente a 2 puntos de cotización por otros conceptos de naturaleza no contributiva (6.387 millones).
De la misma forma, en el borrador se reitera el compromiso del Estado como garante público del sistema de Seguridad Social. En este sentido, “el Estado garantiza el equilibrio financiero del sistema en los importes y durante el tiempo estrictamente necesario en los que los ingresos derivados de cotizaciones y transferencias estables y preestablecidas desde los Presupuestos Generales del Estado, junto al resto de recursos previstos en el art. 109 de la LGSS, puedan no ser suficientes”.
Otra medida que contribuirá a aumentar la recaudación es aquella por la que se fija que en el plazo máximo de tres meses se procederá al desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, de modo que se garantice que la realización de prácticas determine la inclusión en el sistema de la Seguridad Social, aunque no tengan carácter remunerado.
