El Gobierno endurece el coste salarial de un millón de empleados para pagar la subida récord de pensiones

La subida de las bases máximas de cotización afectará a cerca de un millón de trabajadores, según calculan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de aquellos que tienen salarios superiores a los 50.000 euros anuales, que a partir del próximo año, destinarán 4.000 euros más al año a cotizaciones sociales. Estos costes se reparten entre empresas y trabajadores y recaerán en mayor proporción sobre los empresarios, tal como avanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero desveló, en la presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado, que las bases máximas de cotización se elevarán un 8,6% el próximo año. Esto supone un nuevo recargo sobre empresas y empleados, que se suma al ya incremento aprobado como parte del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) del 0,6% a todas las cotizaciones.

La subida de las bases significará que las máximas pasarán de los 4.139 euros mensuales, a los 4.495,3 euros. En términos anuales, la base máxima alcanzará los 53.944,6 euros. Los sueldos inferiores a esta cuantía no se verán afectados, de momento. Y es que las bases de cotización mínimas se elevarán cuando lo haga el salario mínimo interprofesional (SMI) en enero del próximo año, tal como se ha comprometido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Con este cambio, las aportaciones de trabajadores y empresas ascenderán a 143.261 millones de euros, 16.000 millones más que el pasado año. El incremento será del 12,6%, el mayor incremento en el total de las cotizaciones que también aportan los desempleados y los ceses de actividad de los ocupados. En total, los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social sumarán 152.075 millones de euros, un 11,5% que el pasado año.

Subida de las pensiones

Teniendo en cuenta ambas subidas, los empleados con salarios más elevados tendrán un recargo del 9,2% (8,6% y 0,6% del MEI) que el Ejecutivo justifica como necesario para hacer frente al pago de las pensiones. El Gobierno se ha comprometido a subir las pensiones alrededor de un 8,5%. Tras la aprobación por ley de la revalorización de las prestaciones en función del índice de precios al consumo (IPC), el Estado tiene que afrontar una subida en la misma medida que la media del IPC entre noviembre de este año y diciembre del pasado.

El dato definitivo sobre la subida no se conocerá hasta el próximo mes. De hecho, el Banco de España considera que podría ser superior a ese 8,5% y cifra el incremento en el 8,7%. En total, los presupuestos generales del Estado asumen una subida de esta partida del 11,4%, porque el Gobierno ha calculado que la cifra de pensionistas también se incrementará. En total, se destinarán 190.687 millones de euros, casi 20.000 millones más que hace un año. Supone un 42% del total del gasto público.

La subida se producirá independientemente de la cuantía de la pensión que cobre cada ciudadano, un asunto que se ha puesto en cuestión en las últimas semanas por diferentes partidos políticos. Sin embargo, cabe señalar que esta medida se aprobó por unanimidad en el Pacto de Toledo, donde todos los partidos del Congreso están representados.

Sin avisar a la patronal

El incremento en la carga salarial para hacer frente a esta subida récord de las pensiones se ha hecho de forma independiente al diálogo social. Es un asunto relevante, puesto que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está en plena negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones, en la que uno de los asuntos clave es la subida de las bases máximas de cotización en el medio y largo plazo.

Esta subida ha sido una sorpresa para los empresarios y los sindicatos. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han tachado de «inadmisible» que el Gobierno haya decidido de forma «unilateral y a espaldas del diálogo social» este incremento. La patronal que preside Antonio Garamendi advierte de que aumentar las cotizaciones sociales y depositar una carga aún mayor sobre las empresas es un «grave error» que «tendrá efectos nocivos sobre el empleo».

La CEOE tacha de «inadmisible» la subida «unilateral y a espaldas del diálogo social»

Desde Cepyme, piden «poner fin a las incesantes subidas de cotizaciones que se han producido en los últimos años y que se suman a las aprobadas para 2023. En los últimos 5 años, el Gobierno ha elevado las bases mínimas de cotización en más del 40%, y las bases máximas cerca de un 20%». «Dada la situación actual, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa invita a hacer una nueva reflexión sobre la sostenibilidad del sistema, y evaluar los últimos cambios introducidos en la Ley General de la Seguridad Social a los efectos de garantizar su viabilidad», añaden.

Cabe recordar que aunque el MEI se aprobó, no contó con el apoyo de los empresarios. Se trata de un aspecto clave de la reforma de las pensiones. Con la subida en relación al IPC, el mecanismo busca reequilibrar los ingresos del sistema de la Seguridad Social y, además, es una de las preocupaciones de la Comisión Europea, que vigila si esta subida del 0,6% en las cotizaciones es suficiente para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

Escrivá no ve novedad

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, salió al paso de las críticas empresariales y defendió que «cada año suben las bases máximas» y que estas deben incluirse «para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones». «Para que se mantenga la contributividad tienen que subir más o menos como sube la inflación», señaló Escrivá. El titular de Seguridad Social consideró que esta subida no es algo «novedoso» y comentó que «en los años 2012-2013, las bases se subieron un 5% con inflación negativa y no recuerdo haber visto un comunicado de nadie».

Fuentes de su departamento comentan a Economía Digital que es «lógico» que estas bases se incrementen en la misma medida que lo hace la inflación y las pensiones. Además, añaden que esta subida puntual para este ejercicio no debería condicionar la negociación para el destope de las bases máximas de cotización a medio y largo plazo, algo que se incluye en el Plan de Recuperación.

Cambios fiscales

La subida de las bases máximas no es el único cambio en la fiscalidad que soportan empresas y trabajadores. Los presupuestos generales del Estado incluyen cambios en materia del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y en el impuesto sobre Sociedades. También se incluyen el impuesto a la banca y a las energéticas.

En los PGE se incluye un incremento del 26 al 27% para las rentas de capital superiores a los 200.000 euros y para las plusvalías superiores a los 300.000 euros, el tipo se sitúa en el 28%. En el lado contrario, y poniendo el foco en las rentas bajas, las reducciones por rendimientos del trabajo se amplían hasta los 21.000 euros. Este cambio afecta también al mínimo exento de tributación que pasará de 14.000 euros a 15.000 euros anuales.

En cuanto a Sociedades, se incluye una rebaja del 25% al 23% para empresas con una facturación inferior al millón de euros. Por otra parte, se limita al 50% la posibilidad de compensar pérdidas de las filiales en los grupos consolidados.

En cambio, el impuesto a las grandes fortunas se tramitará de forma independiente porque su recaudación se destinará a financiar a medidas extraordinarias para paliar el impacto de la guerra de Ucrania, unas políticas de gasto que se excluyen de las cuentas.