La negociación de la reforma laboral sigue sin avances en su cuenta atrás

El plazo límite para negociar la reforma laboral se acerca y las negociaciones en el diálogo social avanzan confusas sobre su devenir final tras encarrilarse, según el Gobierno en ámbitos como el de la negociación colectiva o los contratos formativos, pero seguir muy alejadas las posturas en materia de contratación ante el escollo en temporalidad y en casi todos los ámbitos según apuntan desde la patronal.

La última reunión de la mesa de diálogo social sobre la modernización del mercado de trabajo celebrada este miércoles se focalizó principalmente en los contratos formativos, mientras que apenas se abordó el tema de la temporalidad, el asunto más peliagudo en las negociaciones que previsiblemente acabará determinando la firma del acuerdo o no.

Fuentes del diálogo social confirman a Economía Digital que se ha conseguido encauzar los puntos referidos a la negociación colectiva y también sobre los contratos formativos, aunque persisten pequeñas diferencias cuyos matices se terminarán de sustentar en el texto definitivo que podría ver la luz las próximas semanas.

El Gobierno dispone de escasas semanas y aunque baraja la opción de que CEOE pueda acabar no sumándose al acuerdo, entrará en la última fase decisiva esta semana con unos últimos planteamientos, sobre todo en temporalidad y los nuevos ERTE, para tratar de lograr el acuerdo tripartito, según apuntan fuentes gubernamentales.

Los empresarios siguen muy molestos por las subidas de cotizaciones del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) de la reforma de pensiones al considerar que «esquilma» a pymes y autónomos, tal y como denuncian desde ATA y Cepyme, pero podría haber una posibilidad del acuerdo, aunque su ausencia en la firma no implicaría sanció

‘Ultraactividad’ y prevalencia del convenio sectorial

Los sindicatos dan por liquidados los aspectos sobre negociación colectiva, mientras que CEOE no ha vuelto a pedir su reapertura y se ha continuado trabajando en otros aspectos, como el de los contratos formativos, a la espera de que el Ejecutivo pueda reformular y presentar una nueva propuesta sobre temporalidad y el mecanismo RED para los futuros ERTE, tras el rechazo de los agentes sociales.

Aunque la negociación colectiva no se ha abordado en la última reunión, desde el diálogo social sostienen que se da prácticamente por atado el consenso sobre este relevante punto de habitual discrepancia entre los sindicatos y la pa tronal.

Por ahora no se han modificado las redacciones contenidas en el texto del pasado verano concernientes a la prevalencia del convenio del sector (artículos 84 y 85, y la ultraactividad del artículo 86 del Estatuto), por lo que el Gobierno mantiene sus objetivos de recuperar la ‘ultraactividad’ de los convenios que suprimió la reforma laboral de 2012 y rechazan los empresarios.

Así, en los casos en los que no se acuerde entre las partes un acuerdo sobre el convenio colectivo una vez transcurra un año desde la denuncia del convenio, éste mantendrá su vigencia, lo que se conoce como ‘ultraactividad’.

En cuanto a la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en determinados ámbitos, el convenio sectorial pasaría a regular la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa, así como la retribución y la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria y la duración de la jornada.Leer más: Díaz propone limitar la subcontratación y salarios fijados por convenio sectorial

Sí seguiría prevaleciendo el convenio de empresa en la elección entre abono o la compensación de las horas extraordinarias y en el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones, salvo en los supuestos citados.

CEOE no se opone a que el convenio sectorial prime para fijar salario o condiciones laborales, pero pelea porque siga dominando el convenio de empresa en cuestiones relativas a horarios o manejo de las plantillas, por lo que fuentes del diálogo social avanzan que finalmente el acuerdo girará en ese sentido.

Contratos formativos: 3 meses y hasta 30 años de edad

En los últimos documentos abordados en el diálogo social se recogen propuestas sobre los contratos formativos, tanto el de formación en alternancia como el de práctica profesional que se mantienen en las redacciones anteriores salvo en la aclaración de que el periodo en el que se podrán.

Los periodos serán de entre tres meses y dos años para los de alternancia, sin hacer distingos entre los distintos grados de formación, y de seis meses a un año para los contratos de adquisición de práctica profesional . Además, se unifica el periodo de prueba a sólo un mes, mientras que se ha seguido discutiendo sobre la edad y si se acepta o no la posibilidad de suscribir contratos formativos a tiempo parcial, así como de la duración y salario.

Fuentes de las negociaciones confirman a este medio que se habría dado prácticamente por zanjado el límite de tres meses y de la edad de 30 años. CCOO sigue empecinado a limitar estos contratos a los trabajadores extendiéndolo también de 25 a 30 años, aunque en Trabajo abogaban por cualquier edad y tener en cuenta las cuestiones personales, y la solución pasará en principio por permitir el acceso, por ejemplo, a las personas que precisen cumplir el requisito de la formación para obtener una titulación.

Actualmente la legislación contempla que este tipo de contratos pueden suscribirse con trabajadores mayores de 16 años y menores de 25 años, que no dispongan de cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida par concertar un contrato en prácticas.

«No es nada de lo que no se pueda llegar a acuerdo», confirman en las mismas fuentes, quienes insisten en que se ha avanzado en todo lo relativo a los contratos formativos y lo consideran ya «encarrilado».

Sin avances en temporalidad y ERTE, los escollos

Con todo, desde los sindicatos sostienen que «no se ha avanzado» en la mesa de diálogo social respecto al punto de la semana pasada, en tanto que en el Gobierno muestran mayor optimismo al ver algunos puntos ya encaminados hacia el acuerdo, con la salvedad de los principales escollos: contratación en todo lo referido a temporalidad y los nuevos ERTE.

La contratación fue prácticamente el único punto de la agenda de la última reunión, mientras que la temporalidad o el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores referente a la duración del contrato se trataron» muy de pasada».

Fuentes de CEOE señalan a Economía Digital que la patronal no ha planteado ninguna propuesta a modo contraofensiva tras la que califican como «inaceptable» propuesta sobre temporalidad por parte del Gobierno. De hecho, mantienen, tal y como avanzó este medio, que no se sumarán al acuerdo si el Ejecutivo no vira en su propuesta sobre temporalidad.

Especial crítica hacen con los límites del 8% a la temporalidad en las pymes y del 4% en la gran empresas y con el recargo de hasta 28 euros vía cuotas por dar de baja temporales al ver necesario contratar eventuales en fines de semana o vacaciones. En su lugar reclaman medidas que otorguen flexibilidad a los compañías y dejar en el empresariado lo demás para generar puestos e trabajo.

Además, los sindicatos, en boca del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, avisaron este jueves de que no debía darse por hecho que habrá un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos porque hay desencuentros en lo relativo a temporalidad y los ERTE.

Conforme último documento, al que ha tenido acceso Economía Digital, se plantea hacer fijo a los trabajadores temporales a partir de los cinco meses. El borrador señala que el número de contratos para tareas ocasionales que las empresas pueden concertar dentro de un año natural no será superior al fijado en función de una escala.

Esta pasa por fijar uno en los casos de 1 a 5 trabajadores; dos de 6 a 10 trabajadores; tres de 11 a 30 personas; cinco o el 8% de la plantilla de de 31 a 100 empleados; 15 o el 17% de la plantilla de 101 a 500 personas y 30 o el 4% de la plantilla en el caso de empresas de más de 500 trabajadores en plantilla. En el caso del sector agrario, el número tope de contratos a realizar en cada tramo será un 50% superior.

El Ejecutivo acudirá, según confirman desde Moncloa, a las próximas reuniones con una nueva propuesta sobre el nuevo Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, recogido en el Plan de Recuperación para configurar un instrumento de flexibilidad tras la pandemia, tras recibir el rechazo unánime de los agentes sociales al primer borrador.

El posible acuerdo sin CEOE no implicaría multa de Bruselas

 Pese al descuelgue de la patronal en lo relativo al MEI (subida de cotizaciones) en la reforma de pensiones, la Comisión Europea “está satisfecha con el enfoque de España de involucrar a los agentes sociales y buscar el más amplio consenso en el paquete de reformas incluidas en su Plan nacional de Recuperación y Resiliencia”, según confirmó a Economía Digital, descartando así las sanciones en caso de que CEOE se quede fuera de las reformas.

Este miércoles la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, confirmó esta información al asegurar que el apoyo de la CEOE a la reforma laboral «no es un condicionante en sí mismo» para que lleguen a España los fondos europeos, aunque ve «deseable» que haya un acuerdo tripartito y confía en que se logre.

Con un margen de unas cinco semanas para negociar la reforma laboral, la principal reforma de la legislatura, el acuerdo se antoja aún bastante complicado por los escasos avances logrados en materia de temporalidad a pesar de llevar casi ocho meses de negociaciones a tres bandas y acumular 12 acuerdos del diálogo social.

Tanto es así que en el Gobierno ya contemplan la opción de sacar adelante la reforma laboral aunque no se sume CEOE, según apuntan fuentes de Moncloa con el fin de cumplir con Bruselas y que la norma vea la luz antes de final de año, aunque se muestran más optimistas que semanas atrás.

Sea como sea, el Gobierno mantiene que aprobará la reforma laboral antes del 31 de diciembre tal y como está comprometido con Bruselas, así como la primera parte de la reforma de pensiones, más avanzada, que se encuentra ya en el Congreso para ser remitida la próxima semana al Senado.