El Gobierno elevará el techo de gasto a final de mes y actualizará sus previsiones

El Gobierno prevé aprobar la última semana de julio el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, con un incremento respecto al del año pasado, así como convocar para esa semana a las comunidades autónomas para el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el fin de acordar el reparto del Fondo Covid de 13.500 millones de este año.

Además, el Gobierno prepara una actualización del cuadro macroeconómico sin fecha concreta y también podría aprobar la nueva oferta de empleo público del año 2021 que podría ver la luz también la última semana de julio, según han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales, que señalan que la intención es poder aprobar todas estas medidas de calado antes de que acabe el mes y del inicio de las vacaciones del curso político en agosto.

El Gobierno prepara todas estas medidas económicas de impulso con el fin de trasladar un mensaje de refuerzo en el ámbito económico en línea con la consecución de las convocatorias y el lanzamiento de PERTEs de los fondos europeos, aunque algunas de estas medidas podrían demorarse al Consejo de Ministros de la primera semana de agosto, el último antes del periodo estival político.

La idea es potenciar desde ya lo que el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, definió como el «Gobierno de la legislatura» al anunciar la remodelación acometida con la marcha de siete ministros y la llegada de los nuevos titulares, la mayoría vinculados al municipalismo, coincidiendo con la reactivación económica y con la aprobación definitiva por el Ecofin del Plan de Recuperación.

Subirá el ‘techo de gasto’ y sin nueva votación para suspender las reglas fiscales

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a Economía Digital que está previsto aprobar el nuevo límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, la última semana de julio, con toda probabilidad en el Consejo de Ministros del martes día 27, como antesala al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 en el que la ministra María Jesús Montero lleva unas semanas trabajando.

El Ejecutivo dará luz verde a un nuevo aumento del ‘techo de gasto’, aún por terminar de precisar, para incorporar nuevas partidas referidas a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, aunque no será tal elevado como el del año pasado, cuando se incrementó en un 53,7%, hasta la cifra récord de 196.097 millones de euros, incluyendo 27.436 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia y el fondo ‘React Eu’, y las transferencias a la Seguridad Social (18.396 millones) y a las comunidades autónomas (13.486 millones).

El límite de gasto no financiero homogéneo y «comparable» con el anterior supuso un aumento del 7,2%, hasta los 136.779 millones, y este podría ser un nivel próximo al de la nueva subida prevista, según apuntan fuentes gubernamentales, aunque no se trabaja aún en el nivel exacto de la subida.

El comúnmente conocido como ‘techo de gasto’ es el límite máximo de gasto no financiero que puede asumir la Administración, según fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y al que quedan sujetos al mismo tanto el Estado como las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

De esta forma, el Gobierno daría luz verde al ‘techo de gasto’ este mes y aunque en un principio preveía llevarlo al Congreso también en julio, finalmente llegará en septiembre a la Cámara Baja para exponerlo al resto de partidos. En este caso Montero solo tendrá que informar sobre el límite de gato no financiero y en principio no tendrá que recabar apoyos para volver a suspender las reglas fiscales.

Y es que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ejecutivo tiene la obligación de informar al Congreso de la senda fiscal con los objetivos de déficit y deuda pública, si bien en septiembre del año pasado el Gobierno ya aprobó por mayoría absoluta en el Parlamento la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021, en línea con lo autorizado y recomendado por la Comisión Europea par acometer una política de estímulo con el fin de paliar los estragos de la crisis.

Aunque el Gobierno estudia si este paso (aprobar la suspensión de las reglas fiscales en el Congreso) es obligatorio, fuentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaron que a priori no sería necesario al haberse aprobado ya la excepcionalidad en la suspensión de las reglas en 2020 y 2021 y ello valdría para 2022.

Lo que sí podría volver a hacer el Gobierno es actualizar o presentar unas nuevas tasas de referencia de déficit, como hizo el pasado mes de abril en el marco del Programa de Estabilidad, cuando elevó su previsión de déficit siete décimas, hasta el 8,4% del PIB este año, con la previsión de que caiga al 5,% del PIB en 2022, y se reduzca al 4% en 2023 y al 3,2% en 2024, por la mejora económica y de la recaudación prevista, de forma que España podría situarse para entonces próxima a la salida del procedimiento de déficit excesivo que marca Bruselas para los Estados miembros que superen el 3% del PIB en su déficit.

En cuanto a la deuda pública, la previsión es que la ratio de deuda cierre este año en el 119,5% del PIB, apenas cinco décimas menos del nivel de 2020 que se elevó al 120% por la incorporación del impacto de la Sareb; para posteriormente descender al 115,1% en 2022, al 113,5% en 2023 y al 112,1% en 2024.

Presupuestos expansivos: Unidas Podemos pide la reforma fiscal

A partir de aquí, ya con unos primeros contactos en el verano pero sobre todo desde septiembre, el Ejecutivo pondrá en marcha las negociaciones para que las cuentas puedan aprobarse “en tiempo y forma» según el calendario ordinario, de forma que el Consejo de Ministros los pueda aprobar en torno a mediados de septiembre, para que dé tiempo a su tramitación parlamentaria y puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2022.

Los nuevos Presupuestos volverán a ser expansivos para incluir los fondos europeos que recibirá España, que será en 2022 una mayor cantidad de la prevista, con el fin de impulsar la recuperación y la reactivación de los distintos sectores, tras la batería de medidas aprobadas para proteger el tejido productivo y el empleo, que ha supuesto un endeudamiento de casi 150.000 millones entre 2020 y 2021.

Si se lograsen cumplir esos plazos sería la primera vez desde 2016 en la que los Presupuestos son aprobados en los tiempos establecidos por la Constitución (el artículo 134 establece que el proyecto de PGE debe presentarse al Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior), es decir, antes de que acabe septiembre.

Las anteriores cuentas públicas de 2017 y 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy se tramitaron con el ejercicio en curso y en 2019 y 2020 no se llegaron a aprobar nuevos presupuestos al rechazarse en el primer caso y ni siquiera presentarse en el segundo. Los actualmente en vigor, de 2021, s e aprobaron a finales de octubre, pero se acometió una tramitación exprés y finalmente entraron en vigor el 1 de enero.

Las negociaciones no serán fáciles para el PSOE, ni siquiera con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que reclama que se incluya ya la reforma fiscal en los Presupuestos de 2022, si bien el Ministerio de Hacienda lo descarta, aunque fuentes del departamento de María Jesús Montero confirman a Economía Digital que podrían incluirse «medidas puntuales».

En Hacienda recuerdan que hay un comité de expertos creado desde el pasado mes de febrero y la intención de Hacienda es esperar a sus conclusiones para poder acometer a futuro una reforma tributaria de calado que podría responder en mayor medida a las peticiones de Unidas Podemos.

El Gobierno dio de plazo hasta el 28 de febrero de 2022 al Comité de 17 expertos configurado para la reforma fiscal para que presenten sus conclusiones con el fin de impulsar la reforma del modelo tributario español y del sistema de financiación económica.

De su lado, en el Gobierno ya cuentan con que los indultos abren un camino fácil para la aprobación de ERC a las cuentas, incluso tampoco descartan a Junts y menos al PDeCat. Los indultos facilitarán la reedición del apoyo republicano, esperan en Moncloa, mientras asumen el sí de EH Bildu, de Más País y del PNV, aunque asumen que tendrán que negociar la inclusión de algunas partidas como sucede habitualmente.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya señaló que ya está trabajando con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y pidió ya apoyo para esas cuentas de 2022 a los grupos políticos «remando en la misma dirección».

Revisión de previsiones

Fuentes gubernamentales también avanzan a Economía Digital que el Ministerio de Asuntos Económicos está preparando una actualización del cuadro macroeconómico para revisar sus previsiones, si bien desde el departamento de Nadia Calviño aseguran que por ahora no hay novedades al respecto.

El pasado mes de abril el Gobierno rebajó su previsión de crecimiento para este año al 6,5%, lo que supone 3,3 puntos porcentuales menos que su anterior pronóstico de octubre, que apuntaba a un avance del 9,8% incluyendo los fondos europeos, y siete décimas menos respecto al 7,2% que auguraba sin tener en cuenta los recursos europeos.

De esta forma, el Ejecutivo retrasa la recuperación a finales del próximo año, cuando se recuperarán los niveles de PIB previos a la pandemia, y admitió que no se recuperará la senda de crecimiento preCovid hasta el año 2024, tras alinear el cuadro macro al consenso de los organismos y dejando atrás el dato que sostuvo los Presupuestos de este año.

El crecimiento se moderaría al 3,5% en 2023 y al 2,1% en el ejercicio 2024, acercándose al crecimiento potencial gracias al efecto de las inversiones del Plan de Recuperación, según las estimaciones del Gobierno.

La actualización del cuadro macro se producirá tras la revisión al alza de los principales organismos nacionales. Esta semana BBVA revisó en un punto el crecimiento de este año, hasta el 6,5%, y lo mantuvo en el 7% en 2022, cuando cree que se recuperará el nivel de PIB precrisis.

Funcas también ha mejorado su previsión de crecimiento al 6,3% este año, pese a que la variante delta restará tres décimas, y la empeora al 5,8% en 2022 por el retraso de los fondos europeos, en línea con la realizada por organismos como la Comisión Europea, que elevó la semana pasada al 6,2% su pronóstico, el Banco de España, que la elevó al 6,2% en junio o el Gobierno, que augura un 6,5%. El Instituto de Estudios Económicos la ha mejorado al 5,4% este año y la mantiene en 5,7% en 2022.

CPFF: criterio para repartir entre las CCAA el Fondo de 13.500 millones

Por otra parte, el Gobierno tiene previsto también convocar la última semana de julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para reunirse con las comunidades autónomas t tratar asuntos pendientes como la asignación del fondo de 13.500 millones homólogo del Fondo Covid del año 2020. 

La mayoría de comunidades mayoritariamente han decidido que ese reparto se produzca conforme al criterio de población ajustada, salvo seis –Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja—que se decantaron por la fórmula del PIB para el reparto. 

En la reunión del CPFF, que no se convoca desde hace más de un año, también se abordarán otros asuntos de interés en materia de financiación, como la liquidación de este año respecto al ejercicio 2020, el IVA pendiente del año 2007 o la asignación de fondos europeos del programa ‘React’ dirigido a abordar cuestiones relativas a la pandemia, como el gasto sanitario, educativo, de política social o ayudas a empresas. 

Se aplaza la reforma de financiación autonómica

La convocatoria del CPFF se producirá en principio antes de la Conferencia de Presidentes del viernes 30 de abril en Salamanca, en la que Sánchez se reunirá con los presidentes autonómicos para abordar los fondos europeos o tratar la situación de la pandemia de la Covid-19, entre otros asuntos.

Algunos líderes autonómicos, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano-García Page, quieren aprovechar la Conferencia para abrir el ‘melón’ de la reforma de financiación autonómica. El viernes se reunieron los consejeros de Hacienda de Andalucía y Comunidad Valenciana, Juan Bravo y Vicent Soler, y ya acordaron solicitar al Gobierno que una parte de la transferencia extraordinaria de 13.486 millones para las autonomías se destine a eliminar las diferencias de financiación por habitante ajustado de las regiones infrafinanciadas, para igualarlas a la de la media de las regiones y, una vez asignada, el resto se distribuya en proporción de la población ajustada.

Y aún hay más: los presidentes de Andalucía, Junma Moreno (PP), y de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig (PSPV-PSOE) se reunirán en septiembre para acercar posturas y reclamar un cambio en el modelo de financiación autonómica y la incorporación a medio plazo de las comunidades forales (País Vasco y Navarra).

Por ahora el Gobierno está dando los primeros pasos de cara a la futura reforma del modelo de financiación autonómica al haber iniciado ya los trabajos técnicos para cuantificar la infrafinanciación sufrida por algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, de cara a la reforma del modelo que comenzará en los próximos meses abordando el criterio de población ajustada, según informaron a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

Pero o cierto es que aún no hay una fecha concreta para abordar la reforma pero se mantiene el objetivo de lograr “avances” este año y tratar de consensuar y cerrar la reforma a lo largo de la legislatura. Como mínimo la reforma se aplazará a después del verano, confirman desde Hacienda.

La reforma del sistema de financiación autonómica es un asunto enquistado durante casi 12 años desde que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) diese en julio del año 2009 el visto bueno a la propuesta del Gobierno de entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sobre el el modelo de financiación autonómica y a finales de ese mismo año el Gobierno aprobó la ley de financiación autonómica.

Dado que la previsión de vigencia de dicho modelo era de cinco años, se considera que el sistema implantado está caducado desde el año 2014, sin embargo los distintos vericuetos políticos vividos a lo largo de la década han imposibilitado finalmente la reformulación de un modelo pese al clamor generalizado de todas las comunidades autónomas de distinto signo político.

Plan de Recuperación: los primeros 9.000 millones en fondos europeos

Respecto a la recuperación, todos los organismos advierten ya del impacto de la quinta ola económica en el turismo, aunque el Gobierno le resta importancia, y sobre todo del retraso de los fondos europeos, y es que las previsiones y los Presupuestos estarán muy marcados por los fondos del Plan de Recuperación, aprobado de forma definitiva el pasado 13 de julio por los Veintisiete en su reunión del Ecofin. AIReF limita su impacto a un 1% del PIB este año y las CCAA confirman que no les dará tiempo a ejecutar los recursos.

Una vez aprobado el plan por la Comisión y el Ecofin,  España recibirá en torno a un 13% de prefinanciación de la cantidad que le corresponde, lo que supone unos 9.000 millones de euros de subvenciones no reembolsables del presupuestos entre julio y agosto, a lo que se sumarán alrededor de 11.500 millones más a final de año, ya condicionados al cumplimiento de una serie de hitos y objetivos pactados entre el Gobierno y Bruselas. En total, España recibirá este año 19.000 millones de euros de fondos europeos

Para recibir los 69.500 millones en transferencias no reembolsables previstos hasta 2023 España deberá cumplir 416 hitos y objetivos para poder ir desbloqueando los pagos cada seis meses. Además de los 19.000 millones de este año, el calendario que maneja Bruselas es que España reciba 13.800 millones en junio de 2022, el mayor montante previsto ligado a reformas sobre el mercado laboral.

Le sucedería otro pago de unos 7.000 millones a finales de 2022, otro de 11.500 millones a mediados de 2023 y de 8.000 millones en diciembre de ese ejercicio. Otros 9.000 millones llegarían a mediados de 2024, en torno a 4.000 millones un año después y finalmente 4.500 millones más en junio de 2025.