El Gobierno exprime más a las eléctricas con un cambio en el impuesto de producción
El Ejecutivo amplía el pulso que tiene contra las grandes energéticas, y revisa diversos aspectos impositivos al alza
El Gobierno que preside Pedro Sánchez quiere dar una vuelta de tuerca en su relación fiscal con las grandes empresas energéticas. Así, el pasado sábado anunció una serie de medidas impositivas, entre las que destaca el nuevo gravamen directo que quieren implementar, así como otra serie de acciones, como la bajada del IVA eléctrico, y un ajuste en el Impuesto de Producción. Este último, ahora suspendido, entrará en vigor con un ajuste que tiene como objetivo aumentar la presión sobre las grandes compañías.
Se trata, en concreto, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que el RDL 12/2022 mantendrá suspendido durante el tercer y cuarto trimestre de 2022. Pero cuando este impuesto se retome incorporará la modificación de la determinación de la base imponible que se debe abonar.
El importante matiz que se ha añadido afecta a las ventas de energía intragrupo; es decir, cuando una de las grandes eléctricas como puede ser Endesa, Iberdrola o Naturgy vende electricidad a su propia comercializadora, hasta ahora se le aplicaba el porcentaje del 7% que carga el IVPEE sobre el coste de dicha venta, y por otro lado sobre el precio de mercado que por ejemplo tenía con las comercializaciones independientes en contratos bilaterales. Pero eso cambiará, y siempre será la base imponible mayor.
El BOE lo deja claro: «Cuando se realicen operaciones entre personas o entidades vinculadas, conforme a lo dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, la retribución no podrá ser inferior al valor de mercado. Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia».
Esto quiere decir que ahora, para su cálculo, se ha añadido que si se celebran contratos intragrupo por debajo del precio de mercado, el impuesto se deberá pagar según el precio de mercado, no según el precio que marque el contrato entre las sociedades de la misma compañía (productos y comercializadora).
¿Más competencia o más recaudación?
Según ha podido conocer Economía Digital en fuentes del sector eléctrico, este cambio puede tener básicamente dos lecturas. Por un lado se trata de una señal o advertencia que lanza el Gobierno a los grandes generadores de energía para que haya una igualación de precios entre la venta intragrupo y la que sacan al mercado, con el objetivo de que la competencia entre «grandes» y «pequeños» sea más real.
Y, por otro lado, hay una lectura de guerra abierta del Gobierno con las eléctricas para recaudar lo máximo posible a partir de 2023, y dando por hecho que las grandes compañías seguirán vendiendo a un precio bajo a sus propias comercializadoras para sacar ventaja competitiva en el mercado -dado que pueden exprimir los márgenes-, que al menos pasen por el aro de Hacienda.
A fin de cuentas, las medidas que está tomando el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de gasto público va a necesitar de una contrapartida en los ingresos, y esto puede ser una suma importante de dinero si las grandes energéticas siguen vendiendo más barata su energía en los contratos intragrupo.
Sobre la posibilidad de que esto cambie, otras fuentes consultadas explican que no habrá tanta diferencia porque en condiciones normales, como los precios a plazo y los precios del mercado diario tienden a converger, no hay gran diferencia en el impuesto que habrá que pagar.
El problema es que ante la volatilidad de los mercados, por ahora parece que no habrá convergencia de precios. Y en todo caso, el Gobierno lo que persigue es que si las grandes eléctricas siguen vendiendo más barato a sus propias comercializadoras, al menos paguen impositivamente lo mismo que cuando realizan las ventas a las compañías independientes.