El Gobierno diseña unas cuentas sin incluir las medidas para hacer frente al impacto de la guerra

En el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado a las Cortes Generales no se incluyen las medidas que el Gobierno decidirá poner en marcha durante el próximo año para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Solo una de ellas, que el Ejecutivo quiere convertir en estructural, se encuentra en los PGE: la gratuidad de los abonos para los trenes de Rodalies, Cercanías y Media Distancia.

Según ha explicado Montero, en la rueda de prensa tras la presentación de los tomos que conforman los presupuestos, se trata de una decisión que su departamento ha tomado para no «descompensar» las cuentas y para hacerlas comparables con las de años anteriores. La ministra ha recordado que los PGE no incluyen el impuesto a las grandes fortunas que anunció el Gobierno la pasada semana.

Será este impuesto que grava el patrimonio superior a los tres millones de euros el que financie estas medidas, al menos en parte. Al crearse ad hoc para obtener recursos públicos que posibiliten estas políticas, ya sea la bonificación de los carburantes o las rebajas fiscales al gas y la electricidad, estos gastos tampoco deberían incluirse en los presupuestos.

El Ministerio de Hacienda calcula que el potencial recaudatorio de este impuesto serán 1.500 millones de euros. Sin embargo, esta cuantía tiene trampa y es que esto es lo que Hacienda cree que se recaudaría si el resto de comunidades autónomas eliminasen sus impuestos sobre el Patrimonio. En 2020, contemplando ya bonificaciones en varias comunidades autónomas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria recaudó 1.200 millones de euros por este tributo.

Montero ha asegurado que el impuesto se aprobará antes de finales de este año y el Gobierno deberá contar con los apoyos del resto de grupos políticos para sacarlo adelante. La ministra ha abierto la puerta a que se tramite junto a los impuestos a las energéticas y a la banca.

Gasto incompleto

No obstante, los PGE trasladan una fotografía incompleta sobre el gasto público que acometerá el Estado. El Gobierno sigue «evaluando» qué medidas se prolongarán más allá del 31 de diciembre y qué otras políticas se podrían incorporar para que los ciudadanos sufran lo menos posible las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania y la consecuente crisis energética.

Tampoco es definitivo el gasto que supondrán las pensiones, cuyo incremento no se concretará hasta noviembre, cuando se conozca la media del índice de precios al consumo (IPC) entre diciembre del pasado año y noviembre del presente ejercicio. Hasta entonces, el Gobierno ha presupuestado casi 20.000 millones de euros más para hacer frente al pago de estas prestaciones públicas.

 Los PGE incluyen una cuantía de gasto no financiero que asciende hasta los 248.211 millones de euros, un 2,7% más que el pasado año. De este presupuesto de gastos no financieros del Estado, 223.055 millones de euros se corresponden con el presupuesto nacional (3,6% más), mientras que los 25.156 millones restantes (4,6% menos) estarán asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.