El Gobierno desoye al CGPJ y aprobará el martes sin cambios la Ley de Vivienda
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha confirmado la aprobación de la ley pese al informe crítico del CGPJ y el Gobierno no introducirá cambios en la norma, tal y como pedía Unidas Podemos
El Gobierno hará prácticamente caso omiso a las recomendaciones del informe crítico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, 1 de febrero, el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda sin introducir cambios, tal y como reclamaba al PSOE su socio de coalición, Unidas Podemos.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado que llevará finalmente la norma al próximo Consejo de Ministros y fuentes de su departamento han confirmado a Economía Digital que no se incluirán cambios, pese al duro informe del CGPJ que cuestionaba la invasión de competencias autonómicas de la norma y el «farragoso» límite a los precios de alquiler.
En un primer análisis de dicho informe, ha explicado en declaraciones la ministra tras la aprobación del mismo por mayoría del Pleno del CGPJ, considera que «no hay cuestiones que pongan en duda la validez de los tres artículos sobre los que tenía que pronunciarse» el Poder Judicial, ya que «debería ceñirse» a esos tres artículos referidos a los procedimientos de desahucios.
Sobre el resto de consideraciones, ha apuntado la ministra, el Gobierno muestra su «respeto» y las analizará, pero desde el Ejecutivo se ratifican en que «el texto de la ley respeta la Constitución, no invade competencias de las CCAA pero garantiza el acceso a una vivienda digna, evita subidas abusivas de los alquileres, la especulación y da una respuesta a una situación de emergencia que viven muchas familias, sobre todo los más vulnerables, como los jóvenes».
«El Gobierno ha cumplido la palabra y suma otro hito a la consecución de grandes avances sociales que siempre han venido de la mano de gobiernos socialistas como la ley de matrimonio igualitario, el aborto o la eutanasia», ha añadido Sánchez, trasladando un «mensaje de tranquilidad, firmeza y compromiso con los ciudadanos porque esta ley saldrá adelante».
El CGPJ aprueba por mayoría el informe y Podemos pide su dimisión
La confirmación de la aprobación de la Ley sin cambios se produce apenas horas después de que el Pleno del CGPJ haya aprobado por mayoría, con 15 votos a favor y seis en contra, el informe crítico con el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno, según confirmaron a Economía Digital en fuentes del máximo órgano judicial.
El informe, del que han sido ponentes los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas tras el rechazo al primer informe del vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta, cuestiona la invasión de competencias autonómicas en la que incurre la norma del Gobierno y la intromisión en el derecho a la propiedad privada, al tiempo que critica el «farragoso» límite a los precios de alquiler.
El documento, de carácter preceptivo pero no vinculante, ve en la nueva Ley de Vivienda un “problemático encaje en el orden constitucional de competencias” al recordar que la política de vivienda es una materia de titularidad autonómica.
Desde Podemos su coportavoz, Pablo Hernández, ha reclamado la dimisión del CGPJ ante su “oposición constante” al Gobierno, al considerar que el órgano está “secuestrado” por el PP, al tiempo que había vuelto a urgir al PSOE a aprobar la Ley de Vivienda “cuanto antes” y de forma “íntegra”, es decir, sin cambios, como finalmente se procederá a hacer.
La posibilidad de introducir “mejoras” a la norma planteada por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, para conseguir que sea “jurídicamente impecable”, ha provocado un nuevo choque en el Gobierno, ya que en el ala de Unidas Podemos se oponen. Tanto, que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha mantenido reuniones con organizaciones y movimientos sociales para blindar la norma ante el temor de que el PSOE ceda a cambios.
Con todo, tanto el PSOE como Unidas Podemos han coincidido en estos días en cuestionar ya públicamente la “imparcialidad” desde el CGPJ, toda vez que la ministra de Transportes Raquel Sánchez afirmó la semana pasada que la no renovación del máximo órgano de los jueces desde diciembre de 2018 puede plantear “alguna duda” sobre la “imparcialidad” de sus informes. Desde la formación ‘morada’, no obstante, se han mostrado mucho más críticos denunciando asegurando que detrás de ello están las “élites del ladrillo”.
