El Gobierno deja sin datos actualizados su plan contra la pobreza energética en plena crisis

El Ejecutivo lanzó en la primavera de 2019 un ambicioso plan contra la pobreza energética. Se trataba de una estrategia que contemplaba un diagnóstico de la situación, y establecía la primera definición oficial de pobreza energética, además de unos ambicioso objetivos de reducción. El problema es que la revisión de sus datos va muy desactualizada. Eso hace perder la fotografía real de la situación.

La ‘Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024‘ es necesaria y muestra el interés del Gobierno por apoyar a las personas con rentas más bajas. El problema es que, en apenas dos años de vida, sus objetivos quedan en entredicho por algo fundamental: los datos no se ajustan a la realidad.

Junto a la definición oficial, el gran objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez era tener un marco referencial para aplicar nuevas medidas en torno al bono social, así como otra clase de ayudas. Además, según explican en el plan, la estrategia planeta un marco de concesión automática con respecto al bono para las familias que lo necesiten.

Bajo este contexto, el Gobierno se comprometió a tener datos actualizados cada año en base a los criterios que miden dicha pobreza energética. En concreto, explicaban en la presentación del plan que cada mes de octubre tendrían dichos datos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, el último año la actualización de los indicadores llegaron en diciembre de 2021.

Es decir, fue a finales de ese año cuando se pusieron en negro sobre blanco las cifras que pertenecían a 2020. Y aquí es donde llega el gran desfase. Este año no se sabe bien cuándo llegarán esos datos. El problema es que este año se ha visto agravado por la crisis energética derivada del conflicto militar que se vive en Ucrania. Por lo tanto, las economías familiares han podido cambiar de manera drástica en cuestión de meses.

Datos de 2021, ¿en 2023?

Para el análisis de los datos, el Gobierno se basa, entre otros indicadores, en dos macroencuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Ambas, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del organismo estadístico, no saldrán hasta este verano.

Después es el Gobierno quien meses más tarde publicará la actualización de 2021, con un poco de suerte antes de que termine 2022, pero con unos datos que no reflejarán de ninguna de las maneras el estado de las familias en materia de energía.

Cabe recodar que fue a mediados de 2021 cuando ya se dejaron notar los primeros síntomas de la crisis geopolítica con Ucrania y los precios del gas empezaron a subir, y como consecuencia el mercado mayorista incremento el coste del MWh, y finalmente se vio reflejado en el recibo doméstico. Una situación que se ha intensificado exponencialmente en este inicio de 2022.

Por lo tanto, la cifras que se den de 2021, al finalizar este año, dibujarán una fotografía que nada -o casi nada- tiene que ver con la realidad. Y siempre contando que no haya más retrasos de lo habitual en la publicación de la actualización.

Unos datos preocupantes

Lo peor de todo es que los datos actualizados ya reflejan que la situación no ha mejorado desde que se puso en marcha la estrategia. En concreto, este instrumento, dividido en cuatro ejes de actuación y 19 medidas, ofrecía por primera vez una definición oficial sobre la pobreza energética, establecía indicadores para su seguimiento -que determinan que, en la actualidad, existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios- y objetivos para su reducción a 2025: una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%.

El problema es que los datos que se arrojaron hasta hace dos años no eran buenos. En concreto, de los cuatro indicadores, dos subieron y dos se mantuvieron. Sobre el gasto energético desproporcionado en los hogares españoles, la cifra inicial en 2017 estaba en el 17,3%, mientras que en el 2020 se quedó en 16,8.

En cuanto a la pobreza energética escondida, fluctuó entre el 10,7% y el 10,3% en 2020. El gran problema llegó con la temperatura inadecuada en invierno, que pasó del 8% a casi el 11%; y el retraso en el pago de las facturas, que avanzó del 7,4% al 9,6%.

Ahora todo hace indicar, por los precios eléctricos que se están dando en el mercado español, que esos datos han podido empeorar, sobre todo en el inicio de 2022, donde el incremento de precios ha sido histórico. Ahora bien, eso no se sabrá hasta 2023.