El Gobierno acelera la convocatoria de fondos europeos para evitar perder 6.500 millones

El Ejecutivo ha pulsado el acelerados para tratar de autorizar en lo que resta de año la totalidad o cerca del total de 24.198 millones de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación de la Comisión Europea presupuestados este 2021 para poder ejecutarlos en 2022 al asumir que no le dará tiempo a implementar ni la mitad de lo previsto. Se trata de casi 6.500 millones pendientes de autorización.

El ritmo de implementación se ha duplicado en el último tramo del año respecto al primer trimestre, sin embargo fuentes gubernamentales admiten a Economía Digital que no dará tiempo a ejecutar casi ni la mitad de los recursos consignados en las cuentas públicas de este año.

Por ello, Moncloa ha puesto la maquinaria a pleno funcionamiento para acelerar la autorización de convocatorias de inversiones y subvenciones con el fin de autorizar el máximo número posible de fondos consignados este año, ya que una vez autorizado se asegura su futura ejecución, aunque sea ya el año que viene.

Esto supone que los créditos que no se puedan terminar de asignar este año porque el ritmo de ejecución no lo permita, podrán ser utilizados en 2022 para dar continuidad y no haya ningún tipo de decalaje en los proyectos.

Casi 6.500 millones pendientes de autorización

«Lo relevante son los fondos autorizados porque pueden ejecutarse el próximo ejercicio», subrayan a Economía Digital en fuentes del Ministerio de Hacienda, por lo que se ha apretado el botón del acelerador para intentar autorizar esos casi 6.500 millones pendientes de autorización.

Y es que los últimos datos disponibles, con fecha 24 de noviembre, muestran que el Estado ha autorizado un total del 17.744 millones de euros, el 73,33% del total de 24.198 millones de euros consignados en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2021.

De ellos, se han comprometido ya 14.422 millones de euros, el 59,6% de los recursos, mientras que la ejecución es bastante inferior, ya que las obligaciones reconocidas alcanzan los 10.425 millones, el 43,1% del total, si bien cabe tener en cuenta que buena parte de estos millones aún no ha llegado a la economía real al tratarse de convocatorias lanzadas y resueltas pero que cuyas ayudas, transferencias o inversiones no se han llegado a canalizar del todo.

De esta forma, de los 24.198 millones se han autorizado hasta ahora algo más de 17.744 millones, por lo que restarían casi 6.500 millones pendientes de autorización en el mes de diciembre para tratar de asegurar su ejecución el próximo ejercicio.

«Exprimir hasta el último euro»

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, detalló este jueves en el Senado durante el debate de los vetos generales (enmiendas a la totalidad) de los Presupuestos que se está duplicando el ritmo de ejecución y se seguir acelerando en los próximos días una vez puesta en marcha toda la arquitectura y maquinaria del sistema de control para desarrollar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se refería al sistema de control de los fondos sustentado en las normas adoptadas en octubre, implementadas ahora, que definen el sistema de información y gestión, así como el suministro de información para hacer efectiva una evaluación sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos contemplados en dicho Plan, tal y como exige la Comisión Europea para transferir los recursos, de forma que se facilita el seguimiento y gestión del Plan para maximizar la absorción de los fondos asignados a España.

Hasta la fecha, las comunidades autónomas han recibido ya 10.951 millones a través de conferencias sectoriales o reales decretos de concesión directa, al tiempo que los ayuntamientos han recibido 2.677 millones dirigidos por la Administración General del Estado.

Por ello, Montero aseguró que se pueden empezar a desplegar ya todo el plan de inversiones en materia de transición ecológica, protección social, justicia o rehabilitación de viviendas. Siendo «conscientes» de la importancia de la ejecución «a la mayor celeridad posible», el Gobierno trabaja en la coordinación con las administraciones territoriales para la formación de empleados públicos es clave en la ejecución de los fondos para su seguimiento y control.

«De aquí a final de año se va a intensificar el ritmo para exprimir hasta el último euro», aseveró Montero en la Cámara Alta, con el fin de poder autorizar el máximo volumen de fondos europeos posibles para poder así ejecutarlos en 2022.

Bruselas da luz verde al PERTE del vehículo eléctrico de 3.000 millones

Precisamente la Comisión Europea ha dado luz verde al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE), por un valor de 3.000 millones de euros, el primer plan presentado por el Gobierno español que autoriza Bruselas y será financiado, en parte, con los fondos Next Generation EU.

En concreto, ha autorizado un régimen específico en materia de ayudas de Estado. Los 3.000 millones de euros corresponden a la parte industrial del PERTE y esto se completa con las ayudas del Plan Moves, el Programa Moves Proyectos singulares, el programa tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y vehículo conectado hasta llegar a los 4.300 millones de euros.

De esta manera, el desarrollo del proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 entre inversiones públicas y privadas. A este PERTE le sucederán el de la industria agroalimentaria, de salud a la vanguardia o del hidrógeno verde.

A la espera del primer desembolso de 10.000 millones

La Comisión Europea validó la semana pasada el desembolso del primer tramo de los fondos de recuperación Next Generation EU para España con una cuantía que asciende hasta los 10.000 millones de euros.

Con el dictamen positivo de Bruselas tras constatar que España ha avanzado en los 52 hitos y objetivos del Plan de Recuperación de los que dependen el primer desembolso, le toca ahora al resto de Estados miembro, a través del Comité Económico y Financiero (EFC, por sus siglas en inglés) examinar el expediente y dar su opinión.

Si este análisis es positivo y también lo avalan o si pasa un mes sin que ningún país se pronuncie, el desembolso será autorizado, por lo que España sería el primer país de la UE en recibir un pago, que se sumará al anticipo de 9.000 millones de euros que ya recibió España el pasado mes de agosto.

Entre las condiciones que la UE solicitaba se encontraban la reforma de la fiscalidad con medidas como la introducción de la tasa digital, la implementación de medidas para reducir la brecha salarial entre hombre y mujeres, la reducción de la temporalidad en el mercado laboral o la introducción de estrategias para solucionar los altos índices de desempleo juvenil, entre otros.

Los Presupuestos de 2022 consignan 27.633 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, un 3,8% más respecto a los 26.634 millones de euros presupuestados para este año (incluyendo los fondos React-UE) o un 11% más respecto a los 24.198 millones, sin los fondos UE. No obstante, España recibirá 18.000 millones de fondos europeos de recuperación en 2022 y solicitará a Bruselas los primeros 1.270 millones de créditos de los fondos para financiar el PERTE del vehículo eléctrico

La previsión es que España reciba 69.528 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido hasta 2023 del total de 140o.000 millones de euros de fondos europeos de reconstrucción que le corresponden hasta 2026, y se vayan movilizando  “progresivamente” los 70.000 millones de euros en créditos créditos previstos en dichos fondos para financiar inversiones a partir del año 2022. 

La Comisión Europea permite solicitar los préstamos hasta julio de 2023 y a todo ello se sumarán los 38.000 millones que España recibirá hasta 2027 del marco financiero plurianual.

Reformas e inversiones cumplidas

Entre las reformas estructurales ya aprobadas o en tramitación que han permitido ir cumpliendo los objetivos figura la Ley de lucha contra el fraude, la ley de Formación Profesional, la reforma concursal, las leyes de ‘startuups’ y de ‘Creación y Crecimiento Empresarial’.

Se suman la Ley Audiovisual y la de Telecomunicaciones, así como la hoja ruta de energía eólica marina, la Estrategia Nacional de Autoconsumo, la de Movilidad sostenible y planes de digitalización de administraciones públicas y pymes, junto al Plan España hub audiovisual.

Del lado de las inversiones, se han publicado 25 invitaciones a manifestaciones de interés en las que se han identificado más de 18.000 proyectos, por lo que el Ministerio de Economía ha solicitado a las comunidades autónomas que identifiquen tres proyectos tractores.

Dificultades en el acceso a los fondos

El lanzamiento de convocatorias se está produciendo a un ritmo más lento del deseado. Entre los motivos que podrían explicar esta poca ejecución de los fondos el jefe de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de la CEOE, Luis Socías, explicó a Economía Digital que las convocatorias están saliendo muy “a cuenta gotas” y a un ritmo más lento del que se estimaba, lo que supone un “riesgo” para la ejecución total.

Fuentes empresariales apuntan que de los primeros 52 hitos comprometidos, 42 eran reformas y muchas ya estaban implementadas antes del inicio de la ejecución del Plan, como la ley de ‘riders’, de teletrabajo o la Estrategia de Ciencia. En CEOE hablan de «frustración empresarial» por el lento ritmo de ejecución de las inversiones, que «pone en riesgo el cumplimiento de los próximos hitos vinculados con inversiones», y exigen la modificación del sistema de gestión para eliminar el «embudo» originado.

En esta situación influyen los plazos dados para la presentación de proyectos y solicitudes son muy reducidos, en algunos casos de 10 días, lo que dificulta el acceso sobre todo a pymes y autónomos, así como la falta de información centralizada y la repercusión del marco europeo de ayudas de Estado en caso no flexibilizarse.

De hecho, el Estudio de Clima Empresarial de la Cámara de Comercio de España revela que el 60% de los empresarios desconoce los fondos europeos y solo un 27% de las compañías sabe cómo acceder a estos recursos, por lo que apenas un tercio tiene intención de solicitarlos.

España recibirá 50.000 millones esta legislatura

El acuerdo operacional también recoge el detalle de la distribución de la parte de subvenciones de los 69.528 millones de euros de fondos europeos que recibirá España hasta el año 2026, en un 75% de ello (51.722 millones) hasta finales de 2023.

Ello supone que el Gobierno de Pedro Sánchez legislará durante un periodo suficiente como para recibir tres cuartas partes de los recursos europeos de reconstrucción, para lo que tendrá que cumplir los hitos y objetivos comprometidos, mientras que deja para el siguiente Ejecutivo la tarea de cumplir con las reformas e inversiones acordadas con Bruselas para recibir los restantes 17.787 millones de euros a modo de subvenciones de los fondos europeos.

En detalle, se contempla el desembolso de 11.494 millones de euros para el primer pago de este último trimestre de 2021; un desembolso de 13.793 en la primera trimestre de 2022 y otro de 6.896 millones en el tercer trimestre del ejercicio, así como otros dos de 11.494 millones y algo más de 8.045 millones en el primer y tercer trimestre de 2023. Ya en 2024 se procedería a un único pago, de 9.195 millones en subvenciones en el primer trimestre, otro de 3.995 millones en el primer trimestre de 2025 y un último de 4.597 millones en el tercer trimestre de 2026.

Aunque en el acuerdo operacional no figura nada relativo a la parte de 70.000 millones en préstamos que España también solicitará (en total recibirá 140.000 millones de recursos europeos de reconstrucción hasta 2026), el Gobierno indicó en los Presupuestos de este año que solicitará a Bruselas los primeros 1.270 millones de créditos de los fondos en 2022 para financiar el PERTE del vehículo eléctrico.

España recibirá 18.000 millones de euros de fondos europeos de recuperación en 2022, aunque ha presupuestado 27.633 millones de euros. Para cubrir la diferencia entre los fondos europeos presupuestados y las menores transferencias de Bruselas, el Gobierno no descarta recurrir a la deuda pública.