El Gobierno rehúsa mantener el contador a cero del paro en la prórroga de los ERTE
El Gobierno reconsidera su postura y extenderá el esquema actual de los ERTE hasta el 31 de octubre y el nuevo regirá desde noviembre hasta el 31 de enero, con 10 días para solicitarlo y pudiendo ser autorizados por la vía del silencio administrativo
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y José Luis Escrivá, titular de Seguridad Social./ EFE
El Gobierno y los agentes sociales han retomado este jueves la mesa de diálogo sobre la sexta prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta 31 de enero con algunos avances, pero también discrepancias, sobre todo en lo relativo a ligar estos mecanismos ya la formación de los trabajadores y por la «resistencia» del Gobierno a mantener el contador a cero en las prestaciones de paro de los empleados.
Así lo señalan a Economía Digital en fuentes del diálogo social, que volverá a reunirse este viernes por la mañana con la intención de tratar de cerrar un acuerdo en vistas a aprobar el real decreto de extensión de los ERTE en el Consejo de Ministros del próximo martes, 28 de septiembre, dos días antes de que venza el plazo de la prórroga actual.
Dado que se elimina la prórrorga automática y las empresas tendrán 10 días para solicitar la extensión de los ERTE, las partes firmarán dos acuerdos simultáneos par dar plazo a las empresas para que puedan solicitar la extensión. Por un lado, habrá una prórroga de los ERTE en las mismas condiciones en que se encuentran actualmente, válido hasta el 31 de octubre,
El segundo acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos será el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo (ASDE), que ya recogerá las nuevas condiciones de los ERTE y tendrá una vigencia del 1 de noviembre al 31 de enero de 2022.
Contador a cero
Por el contrario, está aún sin decidir si se mantendrá o se suprimirá el denominado ‘contador a cero’ por el que no computa el periodo consumido de paro en las prestaciones por desempleo hasta enero de 2022 y una prestación equivalente al 70% de la base reguladora como la existente hasta la fecha.
Según CC.OO., hay consenso entre los agentes sociales para que llegue al menos hasta el 30 de junio de 2022 y en las exoneraciones vinculadas a la formación, pero falta porque el Gobierno concrete su posición, si bien fuentes de UGT han desvelado la «resistencia» del Gobierno a poner el contador a cero en relación a las prestaciones por desempleo.
En lo referido a las exoneraciones no se ha logrado avanzar nada ya que no ha asistido a la reunión ningún representante del Ministerio de la Seguridad Social, en tanto que CCOO ha insistido también en recuperar a los fijos-discontinuos para que se les cubra el desempleo durante estos meses, teniendo en cuenta que no aparecían en el anterior acuerdo,
También ha solicitado el sindicato dirigido por Unai Sordo que haya nuevos ERTE de limitación de actividad en el caso de que haya nuevas restricciones.
El Gobierno da marcha atrás: el silencio administrativo será positivo
La idea es que las empresas dispongan de tiempo para renovar la solicitud de los ERTE, ya que se ha acordado la eliminación de la prórroga automática, de forma que las empresas tendrán que solicitar la renovación de ERTE y los trabajadores acogidos al mismo sus prestaciones. Para ello, las empresas tendrán diez días de plazo, hasta el 10 de octubre.
La administración tendrá que responder en los 10 días siguientes. Además, el Gobierno ha reconsiderado su posición inicial y finalmente el silencio administrativo deberá entenderse como positivo, por lo que en caso de que las administraciones no respondan a la solicitudes de prórroga se entenderán como autorizadas.
El Ejecutivo atiende así una de las principales peticiones de patronal y sindicatos, que rechazaban el silencio administrativo negativo y advertían de las trabas que podía suponer para muchas empresas el hecho de que la no respuesta de la administración a una solicitud conllevase la denegación de la prórroga.
Los agentes sociales rechazan ligar ya los ERTE a la formación
Tanto la patronal como los agentes sociales han trasladado su rechazo a vincular ya las exoneraciones de los ERTE a acciones formativas como propone el Gobierno, pues consideran que no es el momento idóneo de plantear algo así en una renovación de los ERTE de cuatro meses.
Conforme a la propuesta del Gobierno, estas acciones formativas deberán ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022, que deberán ser evaluadas por la autoridad laboral, que es autonómica. Esta modificación ha generado dudas también entre los agentes sociales sobre su aplicación , ejecución y financiación, según señalan desde UGT.
CCOO y UGT creen que este asunto debe abordarse en la mesa de modernización del mercado laboral, en la articulación del nuevo mecanismo de flexibilidad interna que sustituya a los ERTE desde 2022, vinculando las reducciones de jornada a planes de formación, no en esta negociación al no darse las «suficientes garantías».
Los empresarios muestran su preocupación por el coste que puede suponer esta formación, que consideran que debería asumir el servicio público de empleo. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que Gobierno prevé sufragar con fondos públicos “el grueso” de las acciones formativas propuestas en la extensión de los ERTE.
Veto a los despidos
Otro de los principales escollos con la patronal, al igual que en todas las anteriores prórrogas de los ERTE, es el referido a la prohibición a las empresas que se acojan a un ERTE de despedir e interrumpir contratos temporales durante los seis meses posteriores a la finalización del ERTE.
Tal y como adelantaron fuentes del diálogo social a Economía Digital, el Gobierno mantiene en la nueva prórroga la actual prohibición de despedir durante seis meses para las empresas en procesos de ERTE tras la finalización de los mismos.
