El Gobierno cierra con patronal y sindicatos el acuerdo para la reforma laboral

Fumata blanca en la negociación de la reforma laboral. El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha dado el visto bueno a las líneas generales de la propuesta del Gobierno para la reforma laboral, y tanto CCOO como UGT han aprobado por unanimidad la propuesta, por lo que el Gobierno se asegura el acuerdo tripartito y la nueva norma verá la luz en un Consejo de Ministros la próxima semana, dentro del objetivo comprometido con Bruselas de su aprobación antes de que acabe el año.

Los empresarios han terminado por cerrar puntos claves y los escollos pendientes en la negociación en materia de temporalidad, contratación y reequilibrio de la negociación colectiva y, a la espera del texto definitivo, el comité ejecutivo de CEOE ha validado las líneas. generales del último borrador, según han confirmado a Economía Digital en fuentes de la patronal.

Eso sí, algunas de las principales patronales como la catalana Foment del Treball, y otras de calado en sectores como el motor (Anfac), en agricultura Asaja o la patronal madrileña CEIM habrían mostrado su rechazo a la norma, según confirman desde la patronal.

CCOO y UGT también han validado en sus sus órganos directivos el acuerdo tras analizar el estado de la negociación. El Comité Confederal de UGT, formado por 160 miembros que representan a federaciones, departamentos y órganos confederales, ha aprobado el acuerdo por ser «muy positivo» para el mercado laboral y la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO ha hecho lo propio tras reunirse previamente el Comité Confederal ampliado, según han confirmado fuentes de ambos sindicatos.

De esta forma, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se anota un nuevo tanto al lograr su decimotercer acuerdo en el diálogo social en dos años y el Gobierno logra sacar adelante su gran reforma de la legislatura tras años de promesas del PSOE y Unidas Podemos de derogación de la reforma laboral de 2012 del PP.

Aunque no en los términos inicialmente previstos y temidos por los empresarios, sí supone tumbar algunos de los llamados «aspectos lesivos» de la norma actual, tras más de nueve meses de intensas negociaciones con acercamientos y desencuentros entre los interlocutores sociales, y el primer gran acuerdo laboral con consenso unánime desde el año 2006.

Aprobación la próxima semana, en plazo con Bruselas

La reforma podría ser presentada también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la tradicional comparecencia de balance del año, aunque fuentes gubernamentales señalan a Economía Digital que podría llegar a celebrarse un acto de rúbrica del acuerdo, una vez se termine de cerrar, con presencia de Sánchez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Así las cosas, el Ejecutivo terminará de redactar en estos días el real-decreto ley de la reforma que aprobará en el Consejo de Ministros, con alta probabilidad de que vea la luz el último del año del próximo martes, 28 de diciembre.

La reforma llegará al BOE antes de que acabe el año, previsiblemente el 31 de diciembre, para su entrada en vigor ya el 1 de enero, siendo unos pasos suficientes para que Bruselas valide el hito comprometido en el Plan de Recuperación, al margen de que en enero se tramite en el Parlamento como proyecto de ley.

Se lograría aprobar la reforma este año, objetivo que había mantenido el Gobierno, aunque Bruselas ya había dicho que la fecha es “indicativa” y podría ver la luz en los primeros meses de 2022 sin inconveniente alguno. Y todo ello, además de para reformular de arriba abajo el mercado de trabajo español, servirá para que España reciba el próximo año otro desembolso de 12.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación.

CEOE: «se mantiene la flexibilidad y la esencia de la reforma de 2012»

Aunque hasta hace apenas unas semanas el acuerdo tripartito se veía muy lejano por las reticencias de la patronal a las propuestas del Gobierno, sobre todo en materia de temporalidad, finalmente la CEOE ha consensuado en su fuero interno el apoyo a la reforma.

Desde CEOE fuentes de la cúpula destacan que «se mantiene la libertad de empresa, la flexibilidad y la esencia de la reforma laboral de 2012». «El acuerdo mantiene intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias, asegura la libertad de empresa y la seguridad jurídica y contribuye a la Paz Social», han destacado CEOE y Cepyme en un comunicado.

No obstante, el consenso en CEOE «no ha sido para nada fácil ni unánime», ya que, según explican otras fuentes de la patronal, en la Junta Directiva varios cargos relevantes de la patronal han mostrado su rechazo y sus reticencias al a firma del acuerdo al entender que se recogían algunos puntos que traspasan las líneas rojas de los empresarios.

Dos de las principales organizaciones que forman parte de CEOE, la patronal catalana Foment del Treball dirigida por Josep Sánchez Llibre y la madrileña CEIM, Miguel Garrido, han sido algunas de las más discrepantes pero también ha habido otras de carácter más sectorial, de ámbitos afectados por el alza de los precios como la agricultura o el automóvil, como Asaja o Anfac.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha respaldado el acuerdo porque «mantiene la línea de flotación de la normativa laboral actual» y la libertad de empresa y contratación, al mantener la contratación temporal con causalidad y la flexibilidad «sin rigideces». Se refuerza la negociación colectiva también en el ámbito empresarial y pide que se respeten los acuerdos del diálogo social.

Los sindicatos: es un acuerdo «muy positivo» a completar en el corto plazo

Desde UGT han destacado que se trata de un acuerdo «muy positivo» para el mercado laboral español al ser «el primero en democracia en sumar derechos, no recortarlos, y que consigue tres objetivos fundamentales».

Estos pasan por las tres líneas rojas que habían marcado los sindicatos: la recuperación de la negociación colectiva, la lucha contra la temporalidad y avanzar en la estabilidad en el empleo.

Por ello, y aunque el Comité de UGT especifica la necesidad de seguir completando esta norma en el corto y medio plazo, llama al acuerdo final de esta reforma laboral y reclama a los partidos políticos que lo suscriban en el trámite parlamentario.

Cesiones en temporalidad y dos contratos: estructural y formativo

A lo largo de las últimas semanas el Gobierno ha ido cediendo ante la CEOE, eliminando los pretendidos límites a la temporalidad que impulsaba el Ministerio de Trabajo y logrando avances sobre todo en materia de contratación y medidas contra el abuso de la temporalidad. El texto mantiene que la firma de un contrato de trabajo presupone que sea de carácter indefinido y solo se contemplan dos tipos de contratos temporales, estructural y formativo.

Se limitan las causas de temporalidad en los estructurales a dos, por picos de demanda o circunstancias de la producción, por un máximo de seis meses, ampliables a 12 si lo establece el convenio colectivo sectorial, y por interinidad (sustitución). También se modifican las circunstancias para formalizar contratos temporales por circunstancias de la producción, ante incrementos ocasionales y previsibles de la demanda u oscilaciones de la actividad que provoquen desajustes temporales entre el empleo estable y previsible.

Se reduce el plazo de 24 meses en un periodo de 30 meses actual de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de indefinido a 18 meses en un periodo de 24 meses, y el incumplimiento de las normas de contratación temporal conllevará la consideración de indefinido del trabajador en cuestión.

En lo referido la figura de los fijos-discontinuos (artículo 16 del Estatuto), se adapta a las necesidades del tejido productivo, junto a la eliminación de cargas administrativas y burocráticas y desarrollar su régimen jurídico mediante la negociación colectiva.

Contemplada para los trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada, a esta modalidad podrán acogerse los trabajos en contratas administrativas o mercantiles y finalmente se reconocerá la antigüedad de todo el periodo de la relación laboral, no solo de los periodos efectivamente trabajados.

De su lado, el contrato formativo se podrá suscribir dentro de tres años, o cinco años en el caso de personas con discapacidad, por un periodo mínimo de seis meses y uno máximo de un año, fijándose en el convenio del sector las actividades, puestos o grupos que pueden acogerse a este tipo de contrato.

Subcontratación, convenios y nuevos ERTE

El que podría ser el borrador definitivo determina uno de los principales caballos de batalla en la negociación, el referido al reequilibrio de la negociación colectiva. Así, se fija el mantenimiento de la preeminencia del convenio de empresa sobre el sectorial y autonómico salvo para cuestiones salariales.

La patronal ha logrado imponerse en la prevalencia del convenio estatal sobre el autonómico, frente a las presiones de los socios del Ejecutivo, ERC, PNV y Bildu, para que se recuperase la prevalencia de los segundos, aunque esto podría cambiar durante la tramitación parlamentaria.

En cambio, los sindicatos si han logrado fijar la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa en materia salarial y se logra la recuperación de la ‘ultraactividad».

Para la regulación legal de la subcontratación de servicios entre empresas, mediante la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, se contempla que la contratación y subcontratación de obras y servicios por parte de la empresa no puede justificar la celebración de contratos temporales y se vinculan estas empresas subcontratadas a determinados convenios colectivos, de forma que los trabajadores de las subcontratas tendrán los mismos derechos que los trabajadores de la empresa.

En lo referido a los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), en expedientes ordinarios no habrá informe preceptivo de la Autoridad Laboral pero sí en el mecanismo RED, que mantendrán la condición de mantenimiento del empleo de laos trabajadores afectados a cambio de la reducción de cotizaciones.

Es decir, perdura la prohibición de despidos en los futuros ERTE, uno de los puntos que los empresarios han reclamado que cambie en cada una de las prórrogas de estos mecanismos de protección.

También desaparece la posibilidad de acometer despidos objetivos colectivos en las administraciones públicas.